A travésde una carta, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, le respondió al procurador Alejandro Ordóñez sobre las inquietudes planteadas en otra misiva dirigida al presidente Juan Manuel Santos.

Campo aclaró que la alimentación de más de cuatro millones de niños beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) está asegurada

"Los niños beneficiarios del programa de alimentación escolar tienen garantizada la continuidad en la prestación del servicio. Ningún niño focalizado por este programa, en ninguna zona del país, ya sea urbana o rural, se verá afectado con el traslado, del ICBF al Ministerio de Educación, del Programa de Alimentación Escolar", aseguró la ministra Campo.

Ordóñez le había solicitado al presidente Santos adoptar las medidas que permitan tanto asegurar la ejecución del PAE para 2014 y siguientes, como formular un plan que incluya la financiación de los gastos administrativos y logísticos de este programa para la totalidad de los niños, niñas y adolescentes incluidos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

Según Ordóñez, “la Procuraduría conoció información reportada el pasado 10 de diciembre por el Ministerio de Educación Nacional, según la cual de las 94 entidades territoriales certificadas, solamente dos han adjudicado la contratación y tres tienen convenios de cooperación para garantizar el desarrollo del PAE, sin que se tenga certeza de los plazos para la implementación del programa durante el 2014”.

La ministra Campo explicó que en el Comité de Transición "y teniendo en cuenta que lo que se ha venido buscando es fortalecer a las entidades territoriales para que puedan prestar el servicio, se aprobó un esquema de ejecución descentralizada para el PAE". También aclaró que el Ministerio ha implementado un plan de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, de la mano de las demás entidades del Estado relacionadas con la ejecución del programa.

Ministra María Fernanda Campo

Los niños beneficiarios del programa tienen garantizada la continuidad en la prestación del servicio

Procurador Alejandro Ordóñez

De las 94 entidades territoriales certificadas, solamente dos han adjudicado la contratación