El Consejo de Estado aceptó una demanda que presentó el exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren, por 100 millones de pesos por los daños ocasionados por su destitución, la cual fue ordenada por la Procuraduría General de la Nación.

Aranguren espera con la acción legal presentada que se decrete la nulidad de la sanción que le fue impuesta por su responsabilidad en los seguimientos ilegales a magistrados de las Altas Cortes realizados por el DAS.

El exfuncionario, a quien se le adelanta un proceso penal por estos hechos, aseguró que él, en sus funciones como director de la Uiaf, no podía negarse a entregar informes de los movimientos financieros de magistrados y sus abogados, tal y como se lo exigían entidades del Estado.