La Procuraduría General de la Nación, a través de su Provincial Tunja, interpuso una acción popular contra el municipio de Tunja, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Gobernación de Boyacá, con la pretensión de que se inicie un plan de reactivación de las operaciones aéreas del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la capital boyacense.
El Ministerio Público argumenta que hace más de cinco años que la pista del aeropuerto de Tunja no se emplea en los fines para los cuales fue construida: el aterrizaje y decolaje de aeronaves, actividad que es considerada como un servicio público esencial. El terminal aéreo ha sido inaugurado tres veces en los últimos 50 años y solo hasta agosto del 2006 la Aerocivil cedió su administración, mediante contrato de comodato, al municipio de Tunja. El aeropuerto mantiene en la actualidad una restricción por parte de la Aeronáutica para los vuelos comerciales, hasta tanto se resuelvan aspectos técnicos relacionados con ayudas de aeronavegación, torre de control y cerramiento.
Se señala en la acción popular, entre otros aspectos, que Boyacá es un departamento con una intensa actividad agrícola y que cuenta con empresas prósperas de distintos sectores económicos. La capital boyacense es reconocida como una ciudad universitaria y turística, en la que se realizan eventos de índole internacional como la Semana de la Cultura, la Semana Santa, y el Aguinaldo Boyacense; Tunja es además sede de dos equipos de fútbol profesional de primera división que deben desplazarse continuamente a distintas ciudades del país.
Para este organismo de control, al no estar en funcionamiento el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, se está afectando el interés colectivo y se vulnera el derecho a la utilización de los bienes de uso público de la población tunjana y en general de todo el departamento de Boyacá. Como se evidenció en desarrollo del reciente paro agrario, el servicio público de transporte aéreo resultó vital, incluso para salvar las vidas de quienes requirieron atención médica especializada y lograron desplazarse a la capital del país -bajo la modalidad de taxi aéreo-, a pesar de que esa prestación de emergencia se surtió de manera ineficiente, interrumpida y sin planeación.
Entre las pretensiones planteadas por la Procuraduría en esta acción popular, está que se ordene al municipio de Tunja que con sus propios recursos y previas las autorizaciones pertinentes del Concejo, adecúe y construya las obras necesarias para la operación del aeropuerto, previa aprobación de la Aeronáutica Civil, y sufragar los costos de mantenimiento para el buen funcionamiento de la terminal aérea. Asimismo que se ordene a la Gobernación de Boyacá que dentro de sus funciones administrativas se vincule efectivamente a este proyecto con apoyo financiero e institucional que se requiera.
Respecto de la Aerocivil, el Ministerio Público solicitó que se ordene, entre otros, iniciar un estudio o proyecto tendiente a flexibilizar el procedimiento para la concesión de permisos de operación aérea para el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, con base en criterios de necesidad y conveniencia del servicio.