Desde varios sectores tanto nacionales como internacionales se ha venido insistiendo en la necesidad de realizar una reforma al sistema pensional en el país, ante la crisis que se presenta en la materia.

La situación de crisis en el sistema pensional colombiano se da por la alta informalidad laboral que lleva a que haya solo 2 trabajadores activos por cada adulto mayor lo que lo hace insostenible.

La OCDE

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, la inseguridad de ingresos existente entre las personas de la tercera edad en Colombia es elevada en comparación con los países de la OCDE, lo cual lleva a niveles muy bajos de bienestar.

Menos de un 40% de la población dispone de una pensión y la mitad de las personas de la tercera edad viven por debajo de la línea de la pobreza.

Esto refleja la baja cobertura del sistema pensional, en especial en el caso de las mujeres y de los trabajadores con menor cualificación, y la falta de programas adicionales de protección social para la tercera edad.

El aumento de la cobertura de las pensiones para hacerlas extensivas a todos los trabajadores se puede conseguir reformando los dos planes actuales, público y privado, y ampliando el programa BEPS.

Podría ampliarse la cobertura al tiempo que se contienen los costos fiscales relajando la limitación de que la pensión mínima deba ser al menos un salario mínimo, si bien esto exigiría una difícil reforma constitucional.

Otra opción sería proporcionar una pensión parcial a aquellos ciudadanos que alcancen la edad de jubilación con menos años de trabajo de los necesarios.

Esta pensión sería equivalente a una pensión mínima ajustada para reflejar la diferencia entre el periodo de contribución real del jubilado y el periodo obligatorio de 25 años.

También podría aumentarse la cobertura ampliando el número de beneficiarios potenciales del programa BEPS, al permitir que contribuyan a este programa aquellos ciudadanos que ganen menos del salario mínimo y no tengan acceso al BEPS por superar los límites actuales de ingresos para contribuir al mismo.

También se puede aumentar la cobertura reformando algunas características del plan púbico de prestaciones definidas.

La disminución de la tasa de reemplazo para acercarla a la tasa del sistema privado, reduciéndola a la mitad, eliminaría el arbitraje existente entre ambos planes y reduciría los subsidios a los ciudadanos más adinerados.

La exigencia de un mayor número de años de referencia para calcular el nivel de ingresos de la pensión incrementaría la equidad.

Asimismo, la equiparación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres, actualmente fijada en 62 y 57 años respectivamente, aumentaría la cobertura de las pensiones para las mujeres al establecer unos mayores periodos de contribución y ofrecer mayores oportunidades para cumplir los requisitos necesarios.

Al evolucionar paulatinamente hacia un plan que aumente la edad de jubilación en línea con la esperanza de vida, se incrementaría su sostenibilidad a largo plazo.

No obstante, la solución de cara a ampliar la cobertura de las pensiones residirá en último término en trasladar una mayor proporción de la fuerza de trabajo al sector formal, en donde podrán contribuir al sistema.

Debe ser estructural

Para el sector financiero es indispensable una Reforma Pensional Estructural, uno de los elementos que con seguridad deberá también contemplar la Comisión en sus análisis. Dada la alta relevancia en las cuentas fiscales y los avances que deben darse en materia de cobertura y equidad del sistema pensional, quiero hacer algunas reflexiones.

El actual gasto público en pensiones, que alcanza los $38 billones y hoy supera los 4 puntos del PIB, ha sido creciente en los últimos años y luce bastante oneroso si se tiene en cuenta que el número actual de pensionados apenas bordea los 1,8 millones de personas.

Esta situación se vuelve más crítica si se tiene en cuenta que la mayoría del subsidio pensional está destinado a los pensionados de mayores niveles de ingresos.

Dada la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y la mejor asignación de los recursos públicos, urge diseñar una Reforma Pensional que no solo garantice una mayor cobertura, sino que sea altamente compatible con el mejoramiento de la distribución del ingreso. Esperamos que la misión para el estudio pensional anunciada en abril pasado le de luces al país sobre propuestas concretas para realizar esta tarea, lo que nos permitirá avanzar en materia de bienestar social y sostenibilidad fiscal.

Esta Reforma deberá tener muy en cuenta la formalización laboral, pues son las altas tasas de informalidad las causas centrales de las bajas densidades de cotización. No es posible concebir mayores niveles de cobertura y cotizaciones si el país no supera su rezago en materia de formalidad. Por ello, estamos comprometidos desde Asobancaria en apoyar este propósito mediante la reducción del sobreuso del efectivo y la mayor penetración de los medios de pago electrónicos. Hemos actuado bajo la conciencia de que elevados niveles de uso del efectivo se constituyen en un aliado de la informalidad, y esta es una lucha en la cual debemos seguir cerrando filas para avanzar con mayor celeridad.

Lo anterior lleva a que la reforma pensional sea urgente para garantizar la jubilación a m millones de trabajadores colombianos que hoy se encuentran en la formalidad laboral y que esperan en algunos años obtener los beneficios de la pensión.

Buscar equidad

Para el presidente de Asofondos, en Colombia la situación amerita una reforma pensional. Dijo que el déficit del régimen público de prima media es de $38 billones y la inequidad que otorga enormes subsidios a las personas de ingresos más altos en el régimen pensional.

El gremio indica que Colombia debería tener un solo sistema pensional, con diferentes pilares, y, por lo tanto, tenemos que acabar la coexistencia de dos regímenes contributivos que, en lugar de complementarse, compiten uno con otro y dan lugar a arbitrajes que favorecen a los sectores de más altos ingresos.

Las pensiones deben ser proporcionales a lo que cada trabajador ha cotizado durante su vida laboral. Esto implica el fin del llamado beneficio definido y el paso a un sistema de cuentas individuales.

El gremio señala que debe existir un pilar solidario no contributivo, para los colombianos con discapacidad y para los de muy bajos ingresos, financiado con el presupuesto nacional que, idealmente, debería cubrir la línea de pobreza extrema. El actual programa Colombia Mayor es ya una base sólida sobre la cual cimentar dicho pilar solidario.