Antes que solicitar adiciones de nuevas partidas, sería mejor dar una discusión para modificar la forma como se hace el Presupuesto General de la Nación. Así lo señaló el contralor Edgardo Maya Villazón, al señalar que el proceso presupuestal es innecesariamente complejo, como lo  evidencia la presentación y aprobación de un monto total de gasto muy superior a las capacidades reales de ejecución del Gobierno.

“Convendría más dar una discusión en torno a las alternativas de inversión existentes para el monto de recursos disponible en vez de demandar la adición de nuevas partidas que nunca serán ejecutadas”, consideró.

Señala que “esta dinámica genera algunas inquietudes referentes a la calidad del gasto en Colombia. ¿Lo que se está gastando sí es pertinente, cumple con los objetivos del Gobierno, mejora el bienestar de la población, se está siendo eficiente en su ejecución?”, añadió.

Sin embargo, preocupa a la Contraloría la amortización del pasivo pensional, el valor de las cuentas afectadas por incertidumbres contables y los saldos por conciliar generados por operaciones recíprocas entre entidades públicas.

La Contraloría General recomendó al Gobierno que la Contaduría General de la Nación revise el procedimiento para el reconocimiento, registro y revelación del pasivo pensional de los fondos de reserva, de manera que la estructura patrimonial de los estados financieros refleje adecuadamente esta realidad económica, especialmente en lo relacionado con las pensiones actuales. El cálculo actuarial asciende a $905,9 billones y en este momento, no se refleja ningún porcentaje de este total en el balance.

La Contraloría entregó su opinión sobre los estados contables de la Nación para el año 2016, que dictaminó como razonable con salvedades, destacando que los Balances General de la Nación y de la Hacienda Pública, reflejan razonablemente la situación financiera del país.

Señala la entidad que en cumplimiento del artículo 38 de la Ley 42 de 1993, opina que la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la vigencia 2016 es razonable salvo por: i) los hallazgos de las auditorías individuales, ii) las incertidumbres materiales no generalizadas por la limitación en el aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) para la constitución de cuentas por pagar, y iii) las diferencias en las cifras de ejecución de ingresos.

Auditorías

De otra parte y producto de las auditorías financieras realizadas por la Contraloría a 122 entidades del Balance General de la Nación, sumado el Sistema General de Regalías, se encontraron incorrecciones en los activos por valor de $17,3 billones, dentro de los que sobresalen uno en la Refinería de Cartagena (Reficar) por $3,1 billones en propiedad, planta y equipo, seguido del Ministerio de Justicia y del Derecho con $2,2 billones en deudores. Indica el ente que una incorrección es la diferencia entre el deber ser (lo que dice la norma) y lo que muestra el registro contable.

Pasivos

En lo que respecta a los pasivos, las incorrecciones encontradas fueron de $52,7 billones. Los mayores montos se presentaron en la provisión del pasivo pensional debido a una subestimación de $45,3 billones, y en la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena con una incorrección de $3,2 billones en provisión para contingencias.

El balance consolidó información de 3.515 entidades del sector público de un total de 3.762 existentes, de éstas, 352 corresponden al Balance General de la Nación. 

Por su parte las Contralorías Territoriales efectuaron auditoría a 345 entidades contables públicas. En cobertura se alcanzó el 70,6% de los activos agregados del sector público, esto es, $1.000,8 billones. En el nivel nacional la CGR auditó el 92,9% ($703,2 billones).

El resultado de las opiniones emitidas por la Contraloría General y Contralorías Territoriales a los estados financieros individuales de 468 sujetos de control, muestra que el 35,3% de las entidades obtuvieron opinión sin salvedades mientras que el 64,7% restante presentó problemas de fiabilidad en sus estados financieros que van desde salvedades hasta opinión negativa.

En este mismo sentido, la Contraloría entregó al Congreso su Informe sobre la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2016, donde destaca los fuertes ajustes que sufrió el Presupuesto General de la Nación de esta vigencia, desde el inicio de su ejecución.

El Gobierno nacional determinó que los supuestos macroeconómicos con los cuales se proyectó el presupuesto y afincados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2015, fueron excesivamente optimistas y rápidamente fueron rebasados por el acontecer económico.

De hecho, variables como el crecimiento económico y los precios del petróleo afectaron el recaudo de los ingresos de la Nación, mientras que el aumento en la inflación y en la tasa de cambio, afectaron al alza el gasto programado.

Así el presupuesto aprobado por el Congreso para la vigencia por $215,91 billones sufrió modificaciones y recortes que lo llevaron a $210,43 billones, es decir, se presentó un ajuste de $5,49 billones entre lo aprobado por el Congreso de la República y la apropiación  que definitivamente se ejecutaría.