La Contraloría General de la República decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, por el detrimento patrimonial encontrado por 7.820 millones de pesos en el contrato del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.

De acuerdo con el delegado para Infraestructura de la Procuraduría, Nelson Izaciga, el ente de control encontró que el contrato del RUNT arrancó sin lo básico de cualquier contrato estatal que es un acta de inicio. El acta de inicio es lo primero que tiene que ocurrir en una actividad contractual cualquiera que sea por parte del Estado. Pero para el RUNT fue autorizado directamente por el ministro de la época -Andrés Uriel Gallego- para que arrancara sin ese requisito".

Así mismo, la Procuraduría encontró, entre otras irregularidades, que el exfuncionario habría recaudado recursos públicos sin contrato durante un periodo de seis meses, ya que el convenio del RUNT se celebró sin un acta de inicio.

Nelson Izaciga también sostuvo que al "no tener ese requisito, durante seis meses, tuvo una operación por una cifra de recaudo de 7 mil 820 millones de pesos sin respaldo ya que no tenía el requisito esencial de ley".