Por presunta concentración o adquisición de tierras provenientes de baldíos, que superan la extensión máxima permitida en Unidades Agrícolas Familiares, UAF.

Frente a esa situación, se solicitó la intervención, para asuntos disciplinarios, de la Procuraduría General de la Nación; se instauraron demandas de nulidad contra los contratos de compra-venta y se pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro la revocatoria o cancelación de los registros de las compraventas que dieron lugar a la concentración indebida de tierras.

En el Ministerio de Agricultura se dio la orden de suspender  o excluir de los programas de ayuda o incentivo al desarrollo rural, a las sociedades o personas naturales que actuaron en contravención de las normas.

En la presunta concentración de UAF figuran el Fondo Ganadero de Córdoba, Mulero, Mulas Altamaceras, Bioagroindustrial, Inversiones Palma Oriente, Ecopalma, Poligrow Colombia, Mónica Semillas, Sociedad Inversiones Eternas, Sociedad Villa Diana, El Brasil, Palmavista o Finca Las Palmeras y Veracruz.

La situación hace parte de un documento del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar sobre “Implementación de la Política Integral de Tierras periodo 2010-2013”.

En el documento se da cuenta de la reactivación, por parte del INCODER,  de 1.570 procesos agrarios que se encontraban estancados y que involucran 800 mil hectáreas.

Se trata de procesos de clarificación  de la propiedad, extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

Se da cuenta en el informe en mención sobre 1.879 expedientes de titulación de baldíos realizados irregularmente durante el periodo 2006-2010, sobre 416 mil 545 hectáreas que incluyen casos emblemáticos como son los de El Porvenir; resoluciones falsas de Urába y adjudicaciones espurias al exsenador Habib Meregh.

En el documento del ministro Restrepo Salazar  se presenta el proyecto interinstitucional para la restitución administrativa, con preferencia a la población desplazada,  de un millón de hectáreas.

El proyecto se centra en la recuperación de tierras planteando como meta inicial la recuperación de un millón de hectáreas para el 2014.

Para la ejecución de los procedimientos administrativos, en el proyecto se priorizan zonas del país considerando, entre otros, los siguientes criterios: zonas de alta afectación por el desplazamiento forzado; zonas de alta informalidad en la tenencia de la tierra y zonas de alta concentración de la propiedad rural.

También se identificaron regiones y departamentos: suroeste antioqueño; Urabá chocoano y Urabá Antioqueño; el Magdalena Medio, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, y César; la región del Bajo cauca Antioqueño; Putumayo, la región del Catatumbo, Arauca y Meta.

En la primera etapa, 2013-2014, las zonas que se intervendrían serían Antioquia, Meta Caquetá y zona rivereña del río Magdalena.

En el documento se pone en conocimiento la estrategia que se viene adelantando para que tierras provenientes de patrimonios ilícitos puedan alimentar el Fondo de Tierras a favor de familias campesinas.

De los estudios adelantados por el INCODER se han identificado 203 inmuebles, con marcada aptitud agropecuaria, que suman 16 mil 415 hectáreas. De ellos 85 no presentan limitaciones del derecho de dominio que impidan su utilización  para programas de reforma agraria.

En el informe ministerial, se destaca la cifra histórica de 2 millones de hectáreas tituladas o formalizadas en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en favor de familias campesinas, indígenas, afrodescendientes y desplazadas.

“Las tierras han sido la causa del conflicto armado de Colombia. Superar el conflicto, reparar a las víctimas, lograr el desarrollo rural, modernizar este país, requiere, inevitablemente, que se aborden las diversas problemáticas de las tierras y los territorios y se regularicen los vicios del pasado”, subraya en su documento, el ministro de Agricultura,  Juan Camilo Restrepo Salazar.