La rama judicial reclamó del Gobierno el 5% de la venta de la generadora de energía Isagen que se realizó a comienzos de este año y que la dejó en manos de la canadiense Brookfield Asset Management, BAM, por un valor de $6,5 billones.

La venta de la generadora se realizó en medio de una profunda controversia entre el Gobierno y las fuerzas vivas del país que se oponían a la enajenación del 57,6 por ciento de las acciones que el Estado colombiano tenía en Isagen, lo que dejó a la empresa norteamericana con el control de la empresa.

El Gobierno justificó la venta, argumentando que los recursos serían utilizados para financiar proyectos masivos de infraestructura en el país, tales como las Vías 4G.

Con tutela

Aunque el Ministerio de Hacienda negó al Consejo de la Judicatura una petición para que le sea destinado a la Rama Judicial el 5% de la venta de Isagen, dos abogados buscan a través de una acción de tutela esos recursos.

Se trata de los abogados Germán Calderón y Marco Gutiérrez, quienes presentaron una tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para obtener casi $325 mil millones por impuesto al remate.

A juicio de los abogados se alega que el Ministerio habría violado la Ley 1743 de 2014 que señala que el 5% de todos los remates judiciales se destine al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

Para los juristas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se equivocó al negar el giro de esos recursos con el argumento de que la venta de Isagen a la canadiense Brookfield, no se trató de un remate judicial sino de una subasta de acciones.

“Sin recursos económicos, el Estado no podrá garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, pues este conlleva el disfrute real y su efectivo goce. El Gobierno nacional debe cumplir con esas obligaciones y particularmente garantizar nuestros derechos fundamentales al debido proceso y al acceso de administración de justicia, para lo cual debe apropiar el 5% del producto de la venta de Isagen para la administración de justicia en nuestro país”, dice la tutela.

La petición

En una carta enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la magistrada Gloria Stella López, el tribunal solicitó al Gobierno nacional que le reconozca el 5% del valor obtenido por la venta de las acciones de Isagen argumentando amparo en la Ley 1743 del 2014.

Según la dirección administrativa de la Rama Judicial, el dinero cercano a los $325 mil millones corresponde al impuesto al remate definido en la ley que otorgó nuevos recursos al mejoramiento del funcionamiento de la administración de justicia.

Y es que el artículo 12 de la ley plantea que "los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia".

La Judicatura sostiene que los recursos de la venta de Isagen que ingresarían al Fondo para la Modernización de la Rama serán destinados como lo indica la Ley en la puesta en marcha del sistema oral, la creación de los juzgados y la promoción de mecanismos de descongestión.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda respondió a dicha solicitud diciendo que el caso de Isagen no corresponde a lo que se refiere el impuesto al remate porque no fue una venta forzada por las deudas de la empresa, cuya finalidad en ese caso sería pagarles a los acreedores, ni tampoco fue un proceso realizado por un juez de la República.

"Consideramos que el pago de dicho impuesto no es procedente en este caso, toda vez que este proceso de enajenación no consistió en un remate, sino en una venta de acciones siguiendo el procedimiento especial dispuesto por la Ley 226 de 1995 y el artículo 60 de la Constitución Política, normas que buscan concretar el principio constitucional de la democratización, es decir, una finalidad completamente diferente a la que se busca obtener con los procesos de remate de bienes", se lee en el documento de respuesta enviado a la Judicatura.

Señala además que "no es correcto asimilar los conceptos de subasta con remate, pues en efecto como se ha expuesto ampliamente, el remate es un concepto jurídico que no sólo significa la venta de bienes por medio de un procedimiento, sino que se refiere a una enajenación con causas y propósitos específicos, aspecto este en el que se diferencia radicalmente de la subasta".

¿Qué es Isagen?

Isagen es la mayor generadora de energía de Colombia. Cuenta con varios de los más importantes embalses del país, San Carlos, Jaguas, Calderas, La Miel I, Termocentro, Amoyá y Sogamoso, que en conjunto generan más de 3 mil megavatios que según  los especialistas equivale al 15 por ciento de la energía que produce el país.

Durante la más reciente asamblea de Isagen, sus accionistas además aprobaron el desliste de la generadora de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, así como la cancelación de su inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores de la Superintendencia Financiera.

Hace tres semanas al aprobarse el Presupuesto General de la Nación para 2017 se decretó la propuesta por medio de la cual el 10% del valor de la venta de Isagen, es decir $649 mil millones, se asignará a los departamentos donde esta empresa tiene sus actividades económicas, Antioquia, Santander, Caldas y Tolima. Dicha proposición contó con la firma de más de 80 representantes a la Cámara de todas las bancadas.