De acuerdo con el Consejo de Estado, las empresas de servicios esenciales como la energía no pueden suspender su operación como es el caso de la multinacional. El Gobierno busca inversionistas o empresas y definir si se liquida o se administra hasta su devolución.
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De acuerdo con un informe del agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, “el riesgo de un apagón en la Costa Caribe y la imposibilidad de Electricaribe de pagar sus deudas, fueron las razones que llevaron al Gobierno Nacional a intervenirla”.
Según su concepto enviado a los medios de comunicación, “la medida transitoria tuvo dos efectos inmediatos: la suspensión de pagos e intereses hasta el día de la intervención, y la segunda, el desplazamiento de los órganos de administración para designar en su remplazo a un agente especial que asumiera la representación legal y control de la empresa”.
Indica Lastra que “el hecho de suspender temporalmente los pagos, permite que los ingresos provenientes de la venta de servicios y recibo de subsidios se destinen exclusivamente a estabilizar la operación y hacer inversiones para mejorar las condiciones de su infraestructura y de esta manera minimizar la pérdida de valor de la compañía y deterioro de sus indicadores de calidad. Para Electricaribe, el Gobierno Nacional ha dispuesto 467 mil millones de pesos para garantizar la compra de energía, y se tiene previsto en el 2018 destinar 125 mil millones de pesos para acometer inversiones, los cuales serán complementados con recursos propios de la compañía”.
Plazos
Sostiene el agente interventor que “el estatuto orgánico del sistema financiero, norma aplicable en procesos de intervención o liquidación de empresas de servicios públicos como Electricaribe, establece un plazo de dos meses prorrogables por otros dos para definir la modalidad de la intervención, que no es otra cosa diferente a determinar si la empresa se liquida o se administra hasta su devolución”.
“Es claro que cuatro meses para resolver ese interrogante en una empresa de tal magnitud es insuficiente. Por ello ante esos escenarios, el Consejo de Estado determina, por tratarse de empresas de servicios esenciales como la energía que no pueden suspender su operación, una figura especial que se llama administración temporal con fines de liquidación, que permite prolongar el tiempo de la intervención hasta encontrar una solución estructural y definitiva. En esa etapa, se encuentra Electricaribe desde el mes de marzo de 2017, en la búsqueda de la mejor alternativa de solución”, sostiene Lastra.
Asegura en su informe que “desde el mes de junio de 2017, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) se encuentra vinculada para plantear las recomendaciones y alternativas de solución. El estudio fue entregado en los tiempos previstos en el contrato al Gobierno en cabeza del Presidente Santos. Ahora se deberán tomar las medidas necesarias para encontrar la viabilidad financiera de la empresa en manos de un inversionista, de sus acreedores, de sus dueños, o de la combinación de una de estas”.
Soluciones
Dice el interventor que “en conclusión, para adoptar cualquier alternativa de solución al servicio de energía en la Costa Caribe, se requiere encontrar previamente la viabilidad técnica y financiera que permita que Electricaribe sea atractiva y rentable para sus interesados naturales o terceros. En este contexto lo más importante está por definirse, buscando siempre proteger los intereses de clientes, acreedores, trabajadores y pensionados. Dentro de ese marco normativo y legal los dueños aún pueden hacer parte de la solución que en todo caso requiere de cuantiosos recursos económicos no solo para hacer inversiones y garantizar la continuidad y calidad del servicio, sino también, para hacerle frente a la deuda estimada en 2.4 billones de pesos”.
Etapas del proceso
De otra parte, la Superintendencia de Servicios Públicos da cuenta de las labores adelantadas por la entidad en el proceso de intervención de Electricaribe. Según el saliente Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien resaltó la rapidez con la que se han recorrido las diferentes etapas del proceso de intervención. Según el Superintendente, “en apenas un año logramos poner en marcha la intervención más compleja en la historia del sector eléctrico colombiano, estabilizar a una compañía sumida en una profunda crisis financiera, preparar un diagnóstico exhaustivo que sirvió de base para ordenar la liquidación de Electricaribe y, finalmente, diseñar el proceso que deberá cumplirse para conseguir un nuevo operador para la Costa Caribe”.
El informe contiene un recuento exhaustivo de las actividades emprendidas por la Superintendencia de Servicios Públicos en el curso de la intervención. El primer capítulo del informe describe el operativo diseñado por la Superintendencia, junto con un grupo de consultores expertos, para que la intervención pudiera completarse sin mayores traumatismos para los usuarios y acreedores de la compañía. El segundo capítulo hace referencia a los fundamentos legales que soportaron la intervención, así como a los mecanismos financieros y técnicos diseñados por el Gobierno Nacional para asegurar el suministro continuado de energía en la Costa Caribe. En el tercer capítulo se aborda el diagnóstico efectuado por la Superintendencia para definir la modalidad de la intervención de Electricaribe, con explicaciones acerca de las razones técnicas y financieras que llevaron a que se decretara la liquidación de la compañía.
El cuarto capítulo da cuenta del comportamiento de los principales indicadores de Electricaribe durante su primer año de intervención, con referencia expresa a asuntos tales como porcentajes de recaudo de cartera, los montos de compra de energía y las pérdidas estructurales por deficiencias en su red de distribución. El capítulo quinto atañe a las estructuras de supervisión introducidas por la Superintendencia de Servicios Públicos para asegurar la buena marcha del proceso de intervención.
En el sexto capítulo se hace referencia al denominado “Plan de Choque Caribe”, con el cual se emprendió una ambiciosa labor de minería de datos, al tiempo que se crearon nuevos canales para atender las reclamaciones de los usuarios de Electricaribe. En el séptimo y último capítulo se recogen algunas de las principales conclusiones derivadas de la intervención y se formulan observaciones relevantes sobre el futuro del servicio de energía en la Costa Caribe colombiana a partir de los estudios preparados por la Financiera de Desarrollo Nacional.
Etapas recorridas
1. Preparación de la intervención: Hacia finales de 2016, ante el colapso inminente de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos preparó meticulosamente la intervención de la compañía.
2. Estabilización: El plan de intervención diseñado por la Superservicios se puso en marcha el 15 de noviembre de 2016, con la participación de decenas de funcionarios de la entidad, 500 policías y brigadas de reserva del ejército que protegieron la infraestructura durante la toma de posesión. Simultáneamente, un grupo de expertos técnicos y financieros asumieron el control operativo, para que luego, bajo la supervisión del agente especial designado por la Superservicios, pudieran estabilizarse las finanzas de la compañía. Estas arduas labores de operación y estabilización permitieron ahuyentar las noticias de apagón que alarmaron constantemente a la Costa Caribe durante el año 2016.
3. Modalidad de la intervención: Luego de estabilizada la compañía, los expertos de la Superintendencia se dieron a la tarea de definir cuál habría de ser la modalidad de intervención de Electricaribe. Esta labor se cumplió a partir de proyecciones flujo de caja y simulaciones
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