En Atlántico, donde las autoridades tenían conocimiento de solo 6 casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado, el número de denuncias se incrementó en 64 casos más. En Chocó, donde los hechos registrados llegaban a 40, ahora están en manos de la justicia otros 119. Y en La Guajira, donde apenas se tenía conocimiento de 14 agresiones, ahora son 86 los casos que por primera vez llegaron a denuncia.
Quitar el manto que hace invisibles las agresiones sexuales que sufrieron cientos de mujeres en el marco del conflicto armado es la meta de esta estrategia creada por el Ministerio de Justicia y del Derecho e implementada en 12 regiones del país. En jornadas, -realizadas en Sincelejo, Santa Marta, La Cocha (Nariño), Barrancabermeja, Barranquilla, Cúcuta, Cali, Popayán, Quibdó, Riohacha, Valledupar y Villavicencio-, el Gobierno Nacional logró en menos de dos años atención para 998 mujeres víctimas de violencia sexual; 934 de estos casos fueron denunciados formalmente.
La clave de esta estrategia la marcó la participación de cinco organizaciones: Iniciativa de Mujeres colombianas por la paz (IMP), Asociación de Mujeres Afrocolombianas por Pizarro (AMAPI), Organización Femenina Popular (OFP), Meta con Mirada de Mujer, y la Fundación Círculos de Estudios Políticos y Sociales. Adicionalmente, se contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).
Desde casos recientes hasta hechos cometidos con más de 20 años de antigüedad por grupos armados ilegales, como guerrillas y paramilitares, fueron llevados ante la justicia, en jornadas que se prolongaron hasta por una semana, y que contaron con la participación de representantes de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Unidad de Atención a Víctimas; también se unieron el Bienestar Familiar y el Sena.
La etapa de denuncia es solo el primer paso. Por ello, el Ministerio de Justicia puso en marcha una nueva fase de seguimiento, para brindar información complementaria oportuna sobre el estado actual de los trámites realizados, los pasos a seguir dentro del proceso judicial y el administrativo, y las rutas de oferta institucional a nivel nacional y local.
Excombatientes se resocializan en cárceles
Con la reciente graduación del Programa de Resocialización de 34 exguerrilleras, recluidas en la cárcel de Chiquinquirá, comenzó la entrega de resultados de un programa creado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo de la Universidad de Los Andes, para mejorar las acciones de resocialización dentro de las cárceles y garantizar la no repetición de desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Actualmente, este programa se extiende a 933 excombatientes, recluidos en 6 establecimientos carcelarios del país. Con una duración de 10 meses, esta iniciativa apunta en cuatro direcciones: brindar ayuda sicosocial, promover proyectos productivos, facilitar ruta jurídica y dar formación en Derechos Humanos.
El programa ha contado con una inversión de 2.069 millones de pesos, de los cuales 724 millones corresponden a cooperación internacional de USAID y la Unión Europea. La meta es que este programa logre cobijar a la totalidad de los 1.485 postulados a dicha Ley que están recluidos en cárceles.
Finalmente, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Justicia Transicional, también lideró la coordinación institucional para la realización de incidentes de reparación en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, a los que asistieron 2.594 víctimas.