De 108 empresas mineras que operan en Bogotá, 100 funcionan en la ilegalidad pues 88 no tienen ningún papel soporte de su actividad y 12 los tienen incompletos. Así lo determinó un estudio de la Personería de Bogotá que encontró que sólo ocho canteras tienen los documentos exigidos para su funcionamiento.

El informe encontró que 12 firmas poseen título minero y ocho de ellas tienen algún instrumento de control, mientras que ocho empresas más, sin título para explotar, tienen aprobado un plan de manejo ambiental o de recuperación y restauración.

Las autoridades reportaron la existencia de 39 canteras en la Localidad de Usme, 28 en Ciudad Bolívar, 17 en Rafael Uribe Uribe, 13 en San Cristóbal, diez en Usaquén y una en Santa Fe.

Con la actividad minera se extraen materiales para su uso en la construcción con el fin de atender la demanda del Distrito Capital, pero dicha labor se realiza sin control y coordinación entre las autoridades locales y ambientales.

La Personeríarevisó la situación concreta de las dos localidades reportadas con mayor número de empresas mineras. En Usme, de las 39 canteras, ocho tienen título minero, es decir, el 79,5% no cumple con ese requisito. De las mismas 39, únicamente cuatro tienen algún instrumento ambiental aprobado, de esa forma el 89,2% funciona en la ilegalidad. En Ciudad Bolívar de 28 canteras, dos tienen título minero y dos tienen un plan de manejo o de recuperación y restauración ambiental; en otras palabras, el 92,9% no cumple con las condiciones para funcionar legalmente.

La Personeríadescubrió que la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), siendo la autoridad de vigilancia y control, no lleva a cabo un seguimiento continuo o sistemático de sus actuaciones, incurriendo en un desgaste administrativo.

Si bien se encontraron decisiones de suspensión de actividades de canteras por parte de la Secretaría de Ambiente, muchas veces las Alcaldías Locales no ejecutan la medida. En otras ocasiones, los sellos impuestos por las alcaldías para tal fin son fácilmente removibles por el infractor evadiendo de esta manera la normativa.

Las alcaldías locales tampoco realizan seguimiento continuo o sistemático a las empresas, incumpliendo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Bogotá, de esa forma permiten que las canteras funcionen de manera ilegal.

Actualmente algunas empresas tienen medida de suspensión de actividades ordenada  por la SDA, sin embargo, continúan llevando a cabo su labor, basadas en permisos que la misma autoridad ambiental les ha otorgado sin el previo levantamiento de las medidas emitidas, lo que denota una falta de articulación interna en esa entidad.

Se encontró que en muchos casos la Secretaría de Ambiente demora más de dos años en la revisión y aprobación de los instrumentos de control ambiental. Mientras tanto, las empresas continúan desarrollando sus actividades deteriorando de manera progresiva el entorno y dejando costosos pasivos ambientales al Distrito.

Una vez aprobado el instrumento, existe una brecha abismal entre lo consignado en los Planes de Manejo Ambiental y la realidad “in situ” ya que las empresas no cumplen con la ejecución de las herramientas de control ambiental.

De acuerdo con el informe de la Personería, la mayoría de canteras son controladas por la Secretaría de Ambiente, pero otras, pese a estar en la ciudad, están bajo la jurisdicción del Ministerio de Ambiente y la CAR.