Por el llamado escándalo del carrusel de pensiones, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal a 9 magistrados y ex magistrados, que incluye medidas cautelares como embargo de bienes.

El ente de vigilancia y control encontró mérito para iniciar el proceso por el nombramiento de funcionarios por escasos meses en el Consejo Superior de la Judicatura para que pudieran acceder o elevar el monto de una pensión.

La contralora General, Sandra Morelli, reiteró que "tiene total competencia para investigar a los magistrados del presunto 'Carrusel de Pensiones' del Consejo Superior de la Judicatura" que actualmente es reclamado por la comisión de Acusaciones de la Cámara.

“Para mí es clara la competencia de la Contraloría en la investigación pero nos sometemos a lo que diga la autoridad competente” afirmó Morelli.

Entre los investigados por la contraloría se encuentran Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca; Henry Villaraga,  José Anotnio Castillo, José Ovidio Claros, María Mercedes López y Carlos Arturo Ramírez.

“La investigación tiene un origen político”

El magistrado Henry Villarraga, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, uno de los investigados, interpondrá una tutela en contra de Sandra Morelli, contralora General de la Nación.

“Me cansé de aguantarle los atropellos de la señora Contralora, considero que me están violando el debido proceso, que me violó el derecho a la defensa, de contradicción y el juez natural. Son derechos fundamentales”, dijo el magistrado, agregando que el ente de control fiscal no tiene competencia para abrir dicha investigación.

Como “un irrespeto” calificó el jurista que se abriera esa investigación, considerando que Morelli sabe de la existencia de un conflicto de competencias en este proceso, y no obstante tomó una decisión apresurada, hecho por el que se interpondrá la tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá.

“Invito a la señora Contralora que nos respete, que respete a la justicia colombiana, a los jueces de la República, que no trate de volver una investigación fiscal en un circo donde nosotros estamos actuando como payasos. No somos payasos, somos personas que ostentamos un cargo a la cual le exigimos respeto”, expresó el magistrado.

Para Villarraga, la apertura de la investigación tiene un origen “político”, y dijo que le parece extraño que el hecho se haya presentado a pocas semanas de iniciar el segundo debate de la reforma a la justicia.

“Aquí lo que pretenden es desprestigiar a las Cortes. Yo no alcanzo a concebir quien puede tener tan grandes intenciones malignas en contra de la justicia colombiana para debilitarla”, aseveró.