En total 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual durante el periodo 2010-2015, lo que significa que anualmente, en promedio, lo fueron 145.906 mujeres, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora. Esto, permite inferir que la violencia sexual contra las mujeres constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada.
Estas cifras son el resultado de la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015, realizada por 13 organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, víctimas y derechos humanos, que muestra una prevalencia del delito de 18,36% para un universo de 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo y/o Bacrim.
Los resultados de la encuesta son representativos para mujeres entre 15 y 44 años residentes en la cabecera urbana de 142 municipios, distribuidos en 29 departamentos del país y se basó en ocho tipos de violencia sexual: la violación, la prostitución, el embarazo, el aborto y la esterilización forzada, así como el acoso sexual, los servicios domésticos forzados y la regulación de la vida social y afectiva.
Llama la atención que el 56,6% de las mujeres encuestadas consideran que la presencia de actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el ámbito público. El contexto del conflicto armado, según las mujeres, incrementa el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, tanto en el ámbito privado como en el público.
En ciudades principales e intermedias la prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres es similar, estando sobre el 21.5%., mientras en municipios medianos es de 12,5% y en municipios pequeños es del 8.9%.
“Las mujeres residentes en los municipios pequeños tienen menor riesgo de ser víctima de alguna forma de violencia sexual que el promedio y en la medida en que el tamaño poblacional del municipio se incrementa, también lo hace la prevalencia de mujeres víctimas, mostrando un salto importante de municipios medianos a ciudades intermedias y principales donde el riesgo se incrementa en un 9%”, asegura la encuesta.
Encontramos preocupante que una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por arma de fuego y una de cada tres por arma blanca.
La encuesta concluye que las mujeres negras, con edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que pertenecen al estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos de edad y de otros estratos socioeconómicos.
Las mujeres entre 15 y 24 años son las principales afectadas por los tipos de violencia sexual relacionadas con regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, acoso sexual y embarazo forzado.
“La proporción de mujeres víctimas es mayor para los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social (64,2%) y para el acoso sexual (45,2%), que para los demás tipos de violencia. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación, el 13,9% lo ha sido por servicios domésticos forzados, el 6,49% lo ha sido por aborto forzado, el 3,85% lo ha sido por prostitución forzada, el 2,68% lo ha sido por embarazo forzado y el 1,63% lo ha sido por esterilización forzada”, concluye la investigación.
En síntesis, este estudio nos permite establecer que las principales formas de violencia sexual reportadas por las mujeres víctimas fueron la regulación de la vida social y el acoso sexual. Tal como lo plantea la Corte Constitucional, estas formas de violencia son una manifestación muy clara de “las restricciones abiertas al ejercicio de la autodeterminación y de las libertades básicas de la población femenina, en el sentido de que la mujeres son sometidas a regulaciones estereotipadas y prejuiciosas, que les prescriben la forma de vestir, los horarios de salida, de llegada y de circulación pública, los sitios de diversión, las compañías, las normas de higiene personal, el desarrollo de la vida sexual y afectiva, y el deber ser del comportamiento moral” (Corte Constitucional, 2015, p.16). Las estimaciones presentadas aquí nos permiten plantear la hipótesis, según la cual, los tipos de violencia sexual incluidos en este estudio afectan de manera diferenciada a las mujeres teniendo en cuenta su origen racial.
Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los diferentes tipos de violencia sexual. La fuerza pública ha perpetrado fundamentalmente acoso sexual (6%), servicio doméstico forzado (7%) y violación (1%). Otros actores no determinados han incurrido en acoso sexual (15%) y violación (19%).
En relación a los tipos de agresores, un hallazgo importante es que el principal perpetrador de las diversas formas de violencia sexual contra las mujeres incluidas en este estudio es un integrante de su propia familia (con excepción del acoso sexual y la esterilización forzada).
Denuncias
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos. Esto quiere decir que aproximadamente 620.418 mujeres no denunciaron los hechos que sufrieron, mientras que sólo el 20%, es decir, 174.990 mujeres denunciaron alguna de las formas de violencia de las que habían sido víctimas. El 2% no respondió a la pregunta si denunció o no los hechos de los cuales fue víctima.
En cuanto a la institución en donde hubo denuncia se puede observar que el 51% lo hizo en la Fiscalía, el 18,5% en la Comisaría de Familia, el 15% en la Inspección de policía y el 5,3% en la Defensoría del Pueblo. Las razones más recurrentes para no denunciar, según las mujeres que no lo hicieron son: miedo a represalias (24%), no le interesó y prefirió dejarlo así (23,3%), no cree ni confía en la justicia (12,2%), no quería que los familiares supieran (9%), y no sabe cómo hacerlo (6%).
Siendo víctima o no del conflicto, buena parte de las mujeres creen que la presencia de grupos armados exacerba la percepción de riesgo de ser víctima de violencia sexual tanto en el ámbito público como en el privado.
Los anteriores son algunos de los resultados de la encuesta que se realizó en el marco de la Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”; que nace en el 2009 como una alianza entre organizaciones de mujeres, feministas, mixtas, víctimas y derechos humanos, para visibilizar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, incidir en la superación de la impunidad y exigir el derecho de las mujeres víctimas a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición.
Esta campaña es impulsada por Oxfam en asocio con: Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos – AMMAC, Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción- FUNSAREP, Centro de Promoción y Cultura – CPC, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero -Humanas Colombia, Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia-COALICO, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Casa de la Mujer, Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Corporación Vamos Mujer, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y Ruta Pacifica de las Mujeres.
Esta encuesta se realizó en un contexto nacional caracterizado por la confluencia de un conjunto de hechos como el desarrollo del proceso de conversaciones para la salida política del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), la emergencia y el fortalecimiento de las denominadas Bandas Criminales- neo paramilitarismo- y las amenazas que estas plantean a la seguridad, a las mujeres y a la implementación del “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Recomendaciones
Es necesario y urgente el fortalecimiento de la institucionalidad con responsabilidades en prevención, protección, investigación, sanción y garantías de no repetición para las mujeres víctimas de violencia sexual. A su vez, el sistema judicial debe hacer efectivo el derecho de las mujeres a una justicia pronta y eficaz, que permita superar los obstáculos que ellas tienen que enfrentar.
En el marco del posacuerdo y de la implementación del Acuerdo Final; es necesario garantizar a las mujeres víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, creando mecanismos expeditos que consulten sus realidades y necesidades.
Colombia transita hacia la construcción de la paz, en este contexto el Acuerdo se constituye en una oportunidad para que en el marco de su implementación se avance en superar situaciones que colocan a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, los bajos niveles de representación política, el poco acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda y el escaso acceso a bienes, recursos, servicios y riqueza. Estas realidades deben ser superadas para que se constituyan en factores protectores para prevenir las violencias contra las mujeres.
Y finalmente, solicitamos a la Comunidad Internacional en sus relaciones bilaterales con Colombia que acompañe al Gobierno en lo nacional y territorial, en la formulación y puesta en marcha de políticas que incluyan la garantía del Estado de Derecho y la tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos, en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del pos acuerdo y construcción de paz. Esta tolerancia cero debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y reparar integralmente a las mujeres víctimas de esta violencia.