Luego de tres años y medio de negociaciones en La Habana, hoy el Gobierno y las Farc anuncian las bases del acuerdo a que llegaron sobre la forma en que se implementará el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo así como la dejación de las armas.

 

Si bien también se darán a conocer los pactos sobre lucha contra el paramilitarismo y garantías de seguridad a los desmovilizados y dirigentes sociales (ver recuadro sobre lo que se pasará hoy en La Habana), el tema central de lo que se anuncie hoy por parte de la Mesa de Negociación será el aspecto territorial, ya que los temas jurídicos y políticos ya fueron pactados en otros de los puntos ya discutidos de la Agenda.

 

En ese orden ideas, hay varios interrogantes que el acuerdo que se anuncie hoy debería despejar. Aquí los principales:

 

1.    ¿CUÁNTAS ZONAS DE UBICACIÓN?: El elemento central del cese el fuego bilateral y definitivo es la localización territorial de las tropas. Si esta no existe es imposible verificar si las partes cumplen lo pactado. Se sabe que el Gobierno propuso en la Mesa que estas zonas no fueran más de 10, pero las Farc pidieron inicialmente no menos de 60. Con el correr de los meses y las discusiones en la subcomisión para el fin del conflicto, las partes flexibilizaron sus posturas. En los últimos días se ha rumorado que serían entre 20 y 25 y estarían ubicadas en 20 departamentos como máximo. Es evidente que entre mayor sea el número más difícil será para la Misión de Verificación de la ONU vigilar si las Farc y la Fuerza Pública cumplen con el cese el fuego.

 

2.    ¿EXTENSIÓN Y UBICACIÓN?: Es un asunto clave, pues el Gobierno se comprometió ante el Congreso, cuando hizo aprobar a comienzos de este año la reforma a la Ley de Orden Público (que revivió la posibilidad de crear este tipo de áreas para concentrar a guerrilleros), que esas zonas no abarcarían cascos urbanos, tampoco sectores con amplio volumen de población civil e igual no podrían cruzarse con zonas de narcocultivos o minería ilegal ni crearse en regiones de frontera. Está claro que no habrá ninguna zona de ubicación de la extensión del Caguán (42 mil kilómetros cuadrados), pero abrirla en un área más pequeña en una región estratégica de un departamento seguramente generará reacciones encontradas de sectores poblacionales, económicos y sociales.

 

3.    ¿PERMANECERÁ LA FUERZA PÚBLICA?: Es uno de los temas centrales. El Gobierno se comprometió ante el Congreso que las instituciones seguirían funcionando en estas zonas, incluyendo a la Policía. Tras los abusos cometidos por las Farc en la zona del Caguán, en el proceso de paz entre 1999 y 2002, es claro que el Estado tiene que garantizar que la ciudadanía no quedará desprotegida en esas zonas ni será sometida a decisiones subversivas, adoctrinamiento ‘armado’ ni tampoco a presiones para que apoyen en las urnas el acuerdo final de paz. ¿Se creará una policía cívica compuesta por uniformados y guerrilleros? ¿Qué pasará con los jueces, alcaldes y demás autoridades civiles? ¿Quién se encargará de capturar y judicializar a los delincuentes?

 

4.    ¿CORREDORES DE SEPARACIÓN DE FUERZAS?: Es claro que al localizar a las Farc en determinadas zonas, en el resto del territorio las Fuerzas Militares y de Policía deberán seguir operando libremente contra el resto de actores violentos, como el Eln o las Bacrim. En vista de que la guerrilla hará un proceso de desarme gradual y no en un solo acto, para evitar que el cese el fuego se rompa por encuentros fortuitos entre subversivos y uniformados, no se sabe si habrá zonas de amortiguación o de separación de fuerzas, en donde ninguna tropa podría estar ni transitar. Ese mecanismo se ha utilizado en otros países con cese el fuego y la vigilancia del área desmilitarizada está a cargo de autoridades civiles y los verificadores internacionales. Hoy debe definirse cómo se aplicará esta medida en Colombia.

 

5.    ¿EL CÓMO Y CUÁNDO DEL DESARME? Es claro que las Farc no van a entregar su arsenal de forma automática. Será un proceso gradual y complejo. De entrada, entonces, tendría que establecerse un censo de armas y pertrechos militares, para evitar que se haga ‘conejo’ a la ONU. En segundo lugar, debería quedar claro que guerrilleros armados no deberían tener contacto con los civiles, ni tampoco con subversivos del Eln o las Bacrim, que podrían aprovechas estas áreas para esconder secuestrados, armas, drogas y contrabando. Debe dejarse en claro quiénes se encargarán de la custodia de los cabecillas insurgentes y qué clase de armas pueden portar. Por igual no puede dejarse abierta la fecha de vigencia de las zonas, sino que tiene que fijarse un plazo límite para su desmonte.

 

6.    ¿PLEBISCITO ARMADO? El Gobierno ha repetido que no permitirá una “paz armada” y ello, obviamente, implica que los guerrilleros no puedan estar armados en el  transcurso de la campaña por un eventual plebiscito de paz (o el mecanismo de refrendación que se defina), pues podría dar lugar a actos de proselitismo armado y de presión a los civiles. No tendría sentido que mientras las Farc estén concentradas pero armadas en zonas de ubicación, los opositores al proceso de paz en esas regiones y el resto del país hagan campaña desarmados y expuestos a posibles retaliaciones. Para esclarecer esta duda debe definirse claramente a partir de cuándo comienzan a funcionar las zonas de ubicación, es decir si antes o después de que se firme el acuerdo final de paz en La Habana y si antes o después de la respectiva refrendación popular.

 

7.    ¿SERÁ SUFICIENTE LA MISIÓN DE LA ONU? La delegación de Naciones Unidas ya hizo un trabajo de campo en el país y definió que tendrá 8 sedes en todo el territorio nacional, desde donde desplegará toda la operación de verificación y monitoreo. Como se sabe será una misión desarmada y de carácter civil. Algunos analistas han advertido que hay que diferenciar entre las misiones de Cascos Azules que han vigilado algunas treguas bilaterales y una misión como la que funcionará en Colombia, que podría tener limitaciones de personal para estar en 20 o más zonas de ubicación de forma permanente, monitoreando no sólo el cumplimiento del cese y cómo se solucionarán las crisis y desencuentros entre las partes, sino que la subversión no atropelle a los civiles como tampoco que fuerzas oscuras traten de atentar contra los insurgentes para romper el proceso de paz.

 

8.    ¿DE ZONAS DE UBICACIÓN A TERREPAZ? La guerrilla ha sido clara en que busca que el Estado le permita crear unos enclaves territoriales en donde puedan no sólo concentrarse con su pie de fuerza y familias, sino hacer política y trabajo con las comunidades a largo plazo. A esa intención la bautizó como “Terrepaz”. Es claro que el acuerdo de hoy debe despejar las dudas en torno a si la guerrilla no aprovechará  las zonas de ubicación, que seguramente se crearán en zonas en donde las Farc han tenido presencia histórica, para darles paso luego a esos “Terrepaz”. Si bien es lógico que después de desarmada y reinsertada la organización haga tránsito a partido político, esos enclaves territoriales en donde se ubiquen no deben ser de su exclusividad, mucho menos si hay contempladas posibles circunscripciones de paz para regiones afectadas por el conflicto.

 

 

Radiografía del proceso

La Mesa de Negociación anunciará hoy, hacia el mediodía en La Habana, que se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los subpuntos del punto 3 de la Agenda para la Terminación del Conflicto.

 

Este punto 3, denominado “Fin del conflicto”, contempla:

 

1.    Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo;

 

2.    2 Dejación de las armas. Reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, lo social y lo político -, “de acuerdo con sus intereses”.

 

3.    El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las Farc. (Ya se avanzó sobre este tema en la acuerdo sobre Jurisdicción Especial de Paz).

 

4.     En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

 

5.    El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.(Temas ya incluidos en acto legislativo por la paz)

 

6.    Garantías de seguridad.

 

7.    En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.

 

Se advierte claramente en este punto 3 que “la firma del acuerdo final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes”.

 

Como se sabe, tras instalar la Mesa en octubre de 2012, ya hay preacuerdos en materia de desarrollo rural (punto 1), participación política (2) y lucha contra el narcotráfico (4). También en el punto 5, sobre Víctimas, que incluye el polémico acuerdo sobre la creación de la Jurisdicción Especial de Paz y el Tribunal Especial de Paz.

 

De igual manera, el último preacuerdo logrado en la Mesa fue el de Implementación y Refrendación. Aquí ya se tiene adelantado un “acto legislativo para la paz”, recién aprobado por el Congreso, que no sólo crea mecanismos para el blindaje jurídico a nivel nacional e internacional del acuerdo (elevándolo a “acuerdo especial” a la luza de los Convenios de Ginebra e insertándolo en el bloque de constitucionalidad), sino que también viabilizó un procedimiento legislativo especial para aprobar las leyes y reformas constitucionales que se deriven del mismo, en tanto que da al Presidente de la República facultades especiales para dictar decretos-ley con el mismo objetivo. Lo de la refrendación sigue pendiente, pues el Gobierno insiste en un plebiscito (cuya ley aprobatoria está bajo la lupa de la Corte Constitucional) y las Farc en una consulta popular o incluso una constituyente.

 

También quedan pendientes no menos de una veintena de temas de los puntos ya acordados, razón por la cual sólo hasta que se logren consensos sobre los mismos, se podría avanzar hacia el cierre de la negociación y la firma del “acuerdo final” de paz. El presidente Santos confía en que sea antes del 20 de julio, pero alias ‘Timochenko’ le respondió que “aún falta pelo pal moño”.

 

Lo cierto es que aun superando esos temas pendientes, que tratan algunos asuntos meramente procedimentales pero otros gruesos en materia territorial y de participación política, quedará faltando lo relativo al mecanismo de refrendación. Aquí seguramente se esperaría a que la Corte Constitucional, antes de terminar julio, emita su fallo sobre si es exequible o no la polémica ley aprobatoria de un mecanismo que bajó el umbral de aprobación del 50 al 13% y le dio carácter vinculante a la decisión de los colombianos en las urnas.

 

Sólo cuando se pacte este punto y se suscriba ese “acuerdo final” de paz, se podrá saber cómo y cuándo será la refrendación en que los colombianos dirán si aprueban o niegan lo pactado. Sin esa refrendación no podrá activarse el acto legislativo de paz ni la jurisdicción de paz.

 

¿Qué pasará hoy en La Habana?

Las delegaciones del Gobierno y las Farc darán a conocer hoy el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; la dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

El evento estará encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el  comandante de las Farc, Timoleón Jiménez. Estarán, por los países garantes, el presidente cubano Raúl Castro y canciller noruego, Borge Brende. También estarán en representación de los países acompañantes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, Nicolás Maduro. 

 

Igualmente la ceremonia contará con la presencia, como invitado especial, del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien estará acompañado por el Presidente del Consejo de Seguridad y el Presidente de la Asamblea General. Como se sabe, la ONU estará encargada del proceso de vigilancia y monitoreo del cese el fuego y el desarme.

 

Igualmente asistirá el presidente de República Dominicana, en calidad de Presidente de la CELAC; el presidente de El Salvador, y los enviados especiales para el proceso de paz de los Estados Unidos y de la Unión Europea.