La Contraloría General de la República adelanta 716 procesos de responsabilidad fiscal en el sector de educación, en todo el país, por una cuantía presunta estimada en $934 mil millones de pesos. De estos procesos, 672 son ordinarios y 44 verbales.

El grueso de esta cifra está a cargo de las gerencias departamentales colegiadas de la CGR ($520 mil millones), mientras la Unidad de Investigaciones Fiscales contra la Corrupción lleva procesos por un total de casi $340 mil millones.

También adelantan procesos de responsabilidad fiscal por temas relacionados con el sector educación la Contraloría Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales ($54 mil millones) y la Contraloría Auxiliar para el Sistema de Regalías ($19 mil millones).

La mayor cuantía de los procesos que manejan las gerencias departamentales colegiadas de la CGR corresponde al departamento de Magdalena ($394.000 millones), seguido de la Guajira ($41.000 millones), Casanare ($14 mil millones) y Risaralda ($10 mil millones).

La Contraloría General de la República ha abierto estos 716 procesos de responsabilidad fiscal en el sector educativo por denuncias e irregularidades relacionadas con temas como los "niños fantasmas", infraestructura, cobertura, financiación, entre otros, precisó la Vicecontralora General de la República, Ligia Helena Borrero, que habló del tema al intervenir hoy en un debate convocado por el Senador Alexander López Maya en la Comisión Sexta del Senado.

La acción de la CGR ha permitido obtener unos beneficios importantes, destacó la funcionaria, sobre todo a partir del momento que la Contraloría comenzó a buscar la depuración de las bases del  Sistema Integrado de Matrículas, SIMAT.

Las auditorías a Megacolegios del Atlántico, Bolívar, Caquetá y Norte de Santander permitieron detectar 12 hallazgos fiscales por $12 mil millones y produjeron beneficios por $2 mil millones.

Las gerencias departamentales colegiadas de la CGR han realizado embargos por $1.234 millones.

Malas prácticas del sector educación a nivel nacional

En  su intervención en el Congreso, la Vicecontralora hizo una presentación donde mencionó las malas prácticas que subsisten en el sector educación a nivel nacional como:

*Ocultamiento del fenómeno de deserción (estadísticas de cobertura por encima de lo real).

*Alumnos en SIMAT inexistentes, desertores, migrantes o trasladados para elevar la matrícula oficial, base de la distribución de los recursos del SGP.

*Planta docente inequitativa o ineficientemente distribuida en la zona rural y urbana; docentes inexistentes, fallecidos o sin carga asociada con el servicio público educativo.

*Debilidades en los mecanismos de control interno a la gestión de recursos (estadísticas de cobertura por encima de la real).

*Sobrecostos.

*Falta de supervisión y control.

Actuación Especial en Cali

La Vicecontralora  mencionó el caso específico  de Cali, donde la CGR adelanta una Actuación Especial  sobre la contratación para la prestación del servicio educativo, tema del debate convocado por el Senador Alexander López Maya.

La CGR ha encontrado inconsistencias en el registro SIMAT de la Secretaría de Educación de Cali desde 2011 hasta julio del presente año.

Se encontraron alumnos registrados en el SIMAT de Cali 2012-2013 con dirección de residencia en otros departamentos.