En las próximas horas la Fiscalía los presentará ante un juez de control de garantías para empezar el proceso judicial por la adulteración y elaboración de conceptos médicos de sus usuarios en los que se especificaba que tenían alta disminución de su capacidad laboral para alcanzar indemnizaciones y pensiones de forma ilícita.

Hasta el momento, la afectación a las arcas públicas por las irregularidades detectadas en indemnizaciones alcanza $20 mil millones y por concepto de pensiones corresponde a $4.000 millones.

Los trabajos para descubrir el ilícito, que vincula a 17 militares retirados, 13 militares activos y 4 civiles, empezaron el 12 junio del 2013, cuando la Jefatura de la Sección de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército se enteró de los resultados de un proceso de auditoría realizado a los expedientes de las juntas en las cuales se detectaron varias irregularidades relacionadas con documentación, cuya consecuencia final era un presunto favorecimiento ilícito a un grupo de personas retiradas del servicio activo del Ejército.