La próxima semana la Policía Nacional se pronunciará sobre en qué predio del occidente de Boyacá se construiría un fuerte de carabineros, una de las medidas que se adoptaron tras el consejo de seguridad realizado en Chiquinquirá para buscar soluciones a la problemática presentada en las últimas semanas en esa región del país.

El anuncio fue hecho en la noche de ayer miércoles por Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, viceministro de Defensa Nacional, luego de presidir la reunión de cuatro horas en la que estuvieron, entre otros, mandos militares y policiales, altos funcionarios del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Minería, el Gobernador de Boyacá, alcaldes del occidente de ese departamento, autoridades eclesiásticas y políticas y empresarios de las esmeraldas.

El fuerte, informó el viceministro Bedoya, se construirá en Maripí, en donde se han preseleccionado cinco predios; esto implica el incremento del pie de fuerza en al menos 120 policías. A esto se suma la llegada a esa región, hace 20 días, de dos secciones del Escuadrón Móvil de Carabineros, para incrementar la seguridad.

Otra de las medidas adoptadas, resaltó Bedoya, es el traslado a jurisdicción de Maripí del puesto de mando adelantado del batallón Antonio José de Sucre. También se hará una revisión de todos los departamentos de seguridad de las empresas mineras, para que, en caso de que no cumplan las normas, se ajusten a la legislación colombiana.

“Reafirmamos el compromiso del Gobierno nacional y el mensaje del Presidente de la República de que se debe construir un escenario de tranquilidad y convivencia –manifestó Bedoya–. Acá no se va a tolerar ninguna  alteración al orden público”.

Para cristalizar ese objetivo, dijo el alto funcionario, se creó en el consejo de seguridad lo que se llamó la ‘Mesa de la tranquilidad y la convivencia’, que esta misma semana convocará a las familias de la zona minera “para que discutan esos temas, arreglen sus diferencias” y se logre un escenario de paz.

La mesa estará liderada por los obispos Luis Felipe Sánchez Aponte y Héctor Gutiérrez Pabón, de las diócesis de Chiquinquirá y Engativá, respectivamente. “La Iglesia, hay que destacarlo, ha tenido un compromiso permanente en ese tema junto con la Defensoría del Pueblo”, destacó Bedoya.

De otra parte, en la reunión se estableció que se crearán otras dos mesas de trabajo. Una técnica, que liderará el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, para que sea allí, exclusivamente, donde se ventilen esos temas y los de carácter comercial.

La otra es una mesa de carácter social, que guiará el Ministerio del Interior, para buscar soluciones de este tipo. Incluso, el titular de ese despacho, Aurelio Iragorri Valencia, visitará la zona de exploración y explotación de esmeraldas el próximo viernes, para reunirse con los alcaldes e iniciar las conversaciones.

Finalmente, en el consejo de seguridad se resolvió solicitarle, de forma respetuosa, a la Fiscalía que realice diligentemente y con el estricto cumplimiento de sus procesos internos las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos ocurridos hace dos semanas y que intentan alterar el orden público en el occidente boyacense.