Un funcionario judicial, una abogada  y otros cinco presuntos integrantes de la banda delictiva denominada Los Fraudulentos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros y domiciliaria, señalados del cobro y falsedad de títulos judiciales en Bugalagrande (Valle del Cauca).

Así lo determinó el Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de control de garantías, acogiendo la petición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, miembros de la Subdirección Seccional de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Guadalajara de Buga pudieron establecer la existencia de una banda delictiva dedicada elaborar títulos judiciales para lo cual falsificaban la firma del juez y del secretario del Juzgado Promiscuo de ese municipio, los cuales eran cobrados por terceras personas. Según el CTI,  habrían cobrado más de 183 millones de pesos.

Los dineros cobrados de manera ilícita correspondían a diferentes procesos ejecutivos y de inasistencia alimentaria que nunca llegaron a manos de los demandantes ni apoderados.

El CTI capturó a los hoy procesados, luego de que un juez penal municipal librara las respectivas órdenes, previa solicitud de la Fiscalía.

En las audiencias, el juez legalizó las capturas y la Fiscalía formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, uso de documento público falso y obtención de documento público falso.

Los afectados con medida de aseguramiento bajo detención domiciliaria y que aceptaron cargos, son: Rafael Várela Betancur, Gloria Amparo Macías Blandón (abogada), Ángela María Ortega, Elkin Fabián López Castro, Sandra Milena Bolaños Grisales y María Rubí Grisales Quintero.

Entre tanto, Andrés Esteban Arango Peláez, citador del Juzgado Promiscuo Municipal de Bugalagrande, quien no aceptó los cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.