En el marco del Congreso Internacional de Contratación Pública, realizado recientemente, la Contralora, Sandra Morelli Rico, anticipó los resultados de un informe sobre concentración en la contratación.
Se trató de una investigación coordinada desde el despacho del Vicecontralor General, Felipe Córdoba, quien desde el primer momento resaltó la necesidad de solicitar la información directamente a cada uno de los ministerios. “Mientras adelantábamos la tarea de minería (proceso de recolección de información), nos enfocamos en los Ministerios que a nuestro criterio eran los menos complicados en el proceso de remisión de información”, aclaró un miembro del equipo encargado del estudio. Aun así el promedio de días que demoraron las entidades en reportar la información solicitada fue de 8 días hábiles por ministerio.
En el marco de cualquier investigación es válido enfocarse en una muestra representativa. En este caso se trata de 8 Ministerios, el ICBF y las CAR (66 entidades adscritas y vinculadas, con 263 regionales u oficinas que reportaron información), que según, la Ley de Presupuesto de 2012 tenían $90.3 billones de pesos y a su vez reportaron $23.6 billones del presupuesto en contratación, de los cuales $10 billones son concentrados por lo que se denomina “el top 60 de la contratación” y casi $14 billones por el resto de contratistas.
Este ejercicio como bien lo explicó la Contralora, no es para señalar a algún contratista en particular, sino para identificar tendencias y posibles riesgos. Evidentemente lo que sugiere el informe ejecutivo es que 60 contratistas concentran el 42% de la contratación de las 263 entidades analizadas. La tendencia que se lee es que entre el 30% y 40% de los recursos contratados podrían estar concentrados.
Cabe recordar que la distribución del Presupuesto General para el año 2.012 fue la siguiente: “$90,9 billones (55,0%) corresponden a gastos de funcionamiento, $40,3 billones (24,4%), al pago del servicio de la deuda y $34,0 billones (20,6%), a inversión”[1], entonces no sería posible afirmar que se analizó los $40 billones para deuda o muchos de los gastos de funcionamiento. Debido a esto la Contralora General hizo referencia a la “concentración de la contratación”, más no a concentración del presupuesto para pago de la deuda o concentración de los gastos de funcionamiento.
El informe se divide en varios puntos, entre los que se encuentra: concentración de la contratación, análisis de la modalidad de contratación, contratación con organizaciones sin ánimo de lucro, con universidades, con Fonade, organizaciones sin ánimo de lucro que más contratan, y los contratistas que más se repiten entre las Entidades analizadas (tanto en monto como en valor).
Teniendo en cuenta esto, debe precisarse que “el top 60” al que se refirió en mayor parte la Contralora General, se trata de los que más contratan (en monto), por lo cual es posible ver a 21 contratistas con sólo un contrato pero con valores considerables. Los primeros 8 tienen más de 1 contrato, sólo hasta el noveno contratista (Northrop Grumman Overseas Service Corporation) se identifica un solo contrato. Hay contratistas con 100, 79, 32, 26, 15 y 12, contratos.
También vale la pena precisar que el estudio arrojó como resultado a 10 entidades públicas y 4 mixtas (23%) y como bien lo explicó la Contralora Sandra Morelli Rico “estas entidades a su vez subcontratan, muchas veces sin regirse por la ley de contratación pública. Esto a los ojos de la Contraloría es claramente la identificación de un posible riesgo para los recursos públicos”.
El estudio de la concentración de la contratación señaló el hecho que pocos contratistas concentran gran parte del presupuesto destinado para este rubro. En promedio cada uno de los primeros 60 contrató $164.000 millones, mientras que el resto de los 90.000 contratistas en promedio apenas $151 millones, casi 1.000 veces menos.