No menos  del 57,7% de los hospitales públicos del país (más de 1.000) se encuentran en niveles de riesgo y, por tanto, están obligados a implementar programas de saneamiento fiscal y financiero, alertó el contralor Edgardo Maya.

De conformidad con la Ley, los hospitales deben manejar una adecuada gestión del riesgo y contar con la suficiente capacidad financiera, técnica y de calidad para operar de manera adecuada; sin embargo, en la práctica esto no está sucediendo en el caso de la mayor parte de los centros hospitalarios, explicó.

“Los hospitales públicos no están prestando de manera oportuna los servicios de salud y tienen problemas de flujo de recursos, toda vez que la administración de las deudas de las EPS con la red hospitalaria es todavía ineficiente y les ha generado problemas de liquidez”, dijo Maya.

Según explicó, los problemas en el flujo de recursos de los hospitales públicos se vienen dado, entre otras, porque las EPS siguen sin cumplir con la normatividad vigente que establece que el giro de los recursos por capitación debe hacerse anticipadamente dentro de los primeros 10 días de cada mes.

También porque en los casos en que los servicios se prestan por evento, una vez presentada la factura la EPS debe girar por lo menos el 50% de los recursos dentro de los 5 días posteriores a su presentación, pero tampoco se cumple.

De la misma manera las EPS no resuelven oportunamente las glosas sobre esas cuentas que se presentan, justificadas o injustificadas, que se generan en el cobro de los servicios por parte de los centros hospitalarios.

Además existen EPS en liquidación que están insolventes y no pueden cancelar la totalidad de las deudas con los hospitales y éstos afrontan una crisis económica muy grave, que los lleva a no pagar a su empleados, médicos y enfermeras y a evitar cancelar las cuentas de servicios públicos, acudiendo incluso a tutelas para que no les corten la luz y el agua por ser entidades prestadoras del servicio de salud.

Para la Contraloría, el proceso de facturación por parte de la red hospitalaria presenta notorias debilidades.

“En conclusión  -resaltó el Contralor- la oportunidad en la prestación de las servicios de salud está muy asociada a la capacidad financiera, aunque no es la única condición”.

Medidas de Minsalud

Las Empresas Sociales del Estado ESE dependen principalmente de los servicios que presten, es decir de lo que facturan, y sobre este aspecto la Contraloría ha observado dificultades en el flujo de los recursos.

“Pese a la medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud como el giro directo y la compra de cartera; aún existen pasivos entre las EPS y las ESE sin normalizar, lo que significa que pese a que los hospitales públicos han garantizado el servicio a la salud, dejan de contar oportunamente con recursos para su operación, lo que afecta su capacidad financiera, impactando esto en la prestación del servicio a los ciudadanos”, sostuvo Maya.

Lo preocupante también que la crisis financiera que afecta a los hospitales públicos también está tocando a algunos hospitales privados, añadió.

El jefe del organismo de control confió en que la prestación del Servicio de Salud a todos los colombianos se mejore con la  implementación  de la  Ley Estatutaria No. 1751 del 17 de  febrero  de  2015, “por la  medio  de la  cual  se  regula  el  derecho fundamental  a la  salud”.

Otros recursos

Un punto sobre el que también expresó preocupación Maya es el riesgo de ejecución en que se encuentra un porcentaje importante de los recursos para la salud.

De este total de recursos, estimados en $36 billones, se han observado riesgos en la gestión, tales como la administración en las base de datos de afiliados al sistema,  donde  se ha  evidenciado por parte de la Contraloría  General  la   existencia  de 155.000 registros que representan $61.800 millones de pesos entre duplicados, multiafiliados y fallecidos, situación de la que debidamente que  se informó al Ministerio  de  Salud  y Protección Social.

Adicionalmente se han evidenciado  otros riesgos asociados al registro de cartera entre EPS e IPS.

Y, por otro lado, se  ha establecido que  cerca de $2 billones  de los recursos de salud pública, dejan de ser efectivos, es decir, que las metas y las acciones relacionadas con la prevención primaria no  generan impacto en la población objetivo.

“En el  año  2015, la Contraloría General de la República vigilará $1.4 Billones de los recursos de Salud  transferidos  por el  Sistema    General  de  Participaciones, que se dedican a   los  componentes  de  Salud  Pública  y a la  atención de la   población  pobre no  cubierta  con  subsidios a la demanda,  mientras  que  en el  año 2014  se auditaron $ 112.406 millones,  lo que significa un incremento superior al 1000%.”, destacó el Contralor.

La CGR está terminando auditorías a Caprecom, al Ministerio de Salud, a las EPS Dusakawi (en el Cesar) y ANAS-WAYUU (en La Guajira), y a la Asociación Indígena  del  Cauca  - AIC (Cauca), entre otras, y los resultados de la mismas se encuentran próximos  a salir; para el segundo  semestre, se ha proyectado realizar otras auditorías sobre entidades  del sector salud, tales como la Superintendencia Nacional de Salud, anunció finalmente el contralor Maya.