La disputa de los grupos violentos en las regiones que antes controlaban las Farc, tanto por grupos disidentes como paramilitares, tiene en vilo a los defensores de Derechos Humanos en el país. Tanto la ONU como organizaciones no gubernamentales reclaman al Gobierno políticas urgentes para detener las muertes
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Con el reciente asesinato del líder social Héctor Mina, en el norte del Cauca, se completa el homicidio de cerca de 55 promotores y defensores de derechos humanos en el país. Mina fue atacado por un sicario mientras desayunaba con sus compañeros de Marcha Patriótica. Héctor William Mina era un líder reconocido en el país. Denunció hasta sus últimos días el asedio constante que están viviendo estas comunidades, en medio de organizaciones criminales que explotan ilegalmente oro en el norte del Cauca, y de grupos paramilitares que se oponen a la organización de las comunidades negras, de acuerdo con la Fundación Arco Iris.
A pesar de la reducción constante en la tasa de homicidios en la región desde 2015, el asesinato de numerosos líderes sociales y la alta cantidad de asesinatos cometidos en el Valle del Cauca, así como el paro cívico y los saqueos que lo acompañaron, forzaron la intervención del cuerpo élite de la Policía en 2017 para restablecer el orden. A través de una estrategia integral que combina acciones en contra de los criminales más buscados con la propuesta de sustitución de cultivos ilícitos en la región y la generación de empleos formales.
De acuerdo con fuentes privadas, la sucesiva desaparición de líderes sociales en el país, no solo tiene que ver con la dejación de armas por parte de las Farc, sino que en medio de la ola de violencia, está la actividad política de los grupos de izquierda en regiones que también han sido azotadas por el narcotráfico y por donde pululan grupos disidentes y de paramilitares.
Sin embargo, los expertos consideran que la reunión de la semana pasada entre los jefes de las Farc y líderes exparamilitares, podría suavizar el panorama de enfrentamientos en las zonas más afectadas. En este sentido, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que en los últimos meses se ha presentado una reducción en los crímenes contra líderes sociales en el país.
Seguridad
Según la Fundación Paz y Reconciliación, uno de los temas que van regular en la implementación del acuerdo con las Farc es la seguridad para las comunidades afectadas. Aunque hay una reducción en el asesinato de líderes sociales, “preocupa” a los investigadores la impunidad en esos casos. Según el informe, en el país han sido asesinados 55 líderes, es decir, alrededor de uno cada cuatro días desde que se firmó el acuerdo de paz.
Alto riesgo
Ya el pasado 5 de julio, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, había señalado que hasta esa fecha se había reportado 52 asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos en lo corrido del año.
Pese a las advertencias realizadas por la Defensoría y el despliegue de acciones por parte de las autoridades en varias regiones del país, la entidad ha constatado que la situación de riesgo persiste. Hasta esa fecha el consolidado de homicidios entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 2017 era de 186 casos, pero en las últimas semanas se han reportado por lo menos otros 3 casos.
Negret Mosquera se mostró preocupado por los cinco homicidios selectivos contra miembros de las Farc que se han presentado durante el proceso de dejación de armas y reincorporación, pese a los esfuerzos del Gobierno para brindarles protección ante las acciones de grupos armados ilegales que buscan atentar en contra de sus derechos.
La Defensoría del Pueblo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, advierte un escenario de riesgo para líderes sociales en Barrancabermeja por la acción de presuntos grupos armados ilegales y organizaciones criminales, entre ellos el frente “Luis Alfonso Echeverría”, de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que también actúa en los municipios de Puerto Wilches (Santander); San Pablo y Cantagallo (Bolívar).
Según esta misma información, las AGC están vinculando combos y bandas barriales conformadas por jóvenes entre 15 y 25 años en el puerto petrolero. El interés de este grupo es fortalecer el control sobre los circuitos económicos ilegales, a través de la extorsión y el tráfico de estupefacientes. En lo relacionado con las extorsiones, estas se realizan en la zona urbana en contra de comerciantes, tenderos y transportadores que, por temor a retaliaciones, no formulan las denuncias.
El Defensor del Pueblo aseguró que la entidad a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha solicitado se fortalezcan las medidas de seguridad y prevención para evitar que los grupos ilegales vulneren los derechos de la población civil por la posibilidad de homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.
La Regional Magdalena Medio de la Defensoría registró 17 quejas por amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016. A 12 de julio de 2017, la Entidad ha registrado cinco quejas por amenazas contra éste grupo poblacional. En los últimos 19 meses se contabilizan 22 amenazas en esta zona de Colombia.
El domingo 16 de julio, se reportó el asesinato del líder social Ezequiel Rangel, en el corregimiento de Guamalito en el Carmen, Norte de Santander. Rangel era el líder responsable del comité veredal de Ascamcat.
Líderes ambientales
De otra parte, el congresista Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, manifestó su preocupación por la situación de los líderes ambientales en nuestro país, que según la organización inglesa Global Witness, especializada en temas de Derechos Humanos, corrupción y delitos medioambientales, Colombia se convirtió en el segundo del mundo con el mayor número de crímenes relacionados con la defensa del Medio Ambiente.
Además de preocupante, es triste y vergonzoso que hoy en nuestro país, la defensa del medio ambiente se convierta en un riesgo y amenaza, cuando la protección y el cuidado del entorno y los recursos naturales debe ser un compromiso de todos desde las instituciones, el estado y los propios ciudadanos.
El informe de la organización Global Witness, señala que en Colombia los muertos relacionados con la defensa del Medio Ambiente sumaron 37 en 2016, y preocupa que en los primeros cinco meses del año mostrara a 22 líderes ambientales asesinados, lo que muestra un claro incremento en los últimos años, convirtiendo el liderazgo ambiental en un riesgo.
“La defensa del medio ambiente y los derechos humanos es una forma de vida y desde el Concejo de Medellín y hoy desde el Congreso de la República, siempre he trabajado por el entorno y los recursos naturales y por eso mi preocupación por la situación de nuestro país, según el informe de esta organización internacional”, expresó el representante Echeverry Alvarán.
“La situación debe parar y la defensa del Medio Ambiente no debe ser un riesgo para nuestra vida, sino un compromiso de todos, por eso es necesario que las autoridades definan estrategias y políticas claras para la protección de los líderes ambientales”, señaló el representante.
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