Los casi cincuenta años de conflicto armado en Colombia han dejado más de 5 millones de víctimas, cifra que en las conversaciones de paz que arrancarán el 15 de noviembre en Cuba materializará el drama humano que el país tendrá que encarar para reconciliarse.
Uno de los cinco puntos de la agenda acordada entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto contempla ese tema.
"Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó y quiénes son los responsables", dijo Santos cuando en septiembre informó sobre el inicio del proceso de paz con las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina con 48 años de lucha armada.
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reconciliación Integral de Víctimas, el conflicto interno colombiano ha provocado 5 millones de victimas, de las cuales 600.000 fueron asesinadas.
A las FARC se le atribuye unos 2 millones de víctimas, mientras que a los grupos paramilitares de extrema derecha 1,2 millones. Estos dos bandos son los que mayor cantidad de víctimas han generado, aunque también están -en menor medida-, la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el narcotráfico y los agentes del Estado.
Unos 3,5 millones de desplazados, cerca de 15.000 desaparecidos, miles de secuestrados, y miles de muertos y mutilados por minas antipersona, además de una cifra indeterminada de mujeres violentadas sexualmente, junto con miles de niños y niñas reclutados por esos grupos, configuran ese drama humano.
El gobierno de Santos aprobó en 2011 una Ley de reparación a víctimas y de restitución de tierras despojadas por la violencia, mediante la cual el Ministerio de Agricultura ha recibido 23.119 solicitudes de devolución de predios por 1.754.275 hectáreas.
Con esa ley, más de 110.000 personas han sido reparadas hasta ahora por la vía administrativa.
Pero "en la reparación a las víctimas no basta con un cheque, es necesario una reparación integral, porque esas personas necesitan saber qué pasó con su esposo o su hijo, o con las tierras que tuvo que abandonar. Necesita recomponer su tejido familiar y social", adviertió Paula Gavia, directora del programa estatal a cargo de ese tema.
Ariel Ávila, investigador del conflicto armado colombiano de la Corporación Nuevo Arco Iris, señaló que el tema será difícil.
"No se puede saltar a las víctimas por difícil que sea", dijo Avila a la AFP, al señalar que habrá que encontrar "un mecanismo de justicia" que deje satisfecha tanto a la guerrilla, como al gobierno y las víctimas.
Para Carlo Nasi, profesor de la Universidad de los Andes y quien ha publicado varios estudios sobre el proceso de paz en Centroamérica, en el caso colombiano "el país tiene que pensar si está dispuesto a pagar el precio de la paz", que en este caso sería la aplicación de una justicia transicional.
"Será una justicia restaurativa más que reparativa", precisó.
Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y Educación Popular de la comunidad jesuíta, señala que "si no se toma en cuenta a las víctimas, el proceso va a tener serias debilidades", pero considera pertinente que no estén sentadas en la mesa porque "generarían un ruido innecesario".
"Este ha sido un conflicto de gran complejidad que desde el punto de vista cuantitativo es uno de los que en el mundo ha dejado más víctimas, por eso tendrán que otorgale el perdón a sus victimarios, lo que no quiere decir olvido. Se trata de reconciliación", estimó Guerrero.
Clara Rojas, directora de la ONG País Libre que trabaja con las víctimas del secuestro y quien fue rehén de las FARC entre 2002 y 2008 junto con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, dijo a la AFP que "espera que digan la verdad y asuman un compromiso con las víctimas".
A la vez, las FARC anticiparon que la mesa de conversaciones deberá "abordar el terrorismo de Estado como factor causal, esencial, del fenómeno" de la violencia y las víctimas del conflicto.
AFP