Un pliego de cargos contra cinco empresas por presuntas infracciones al régimen de libre competencia fue abierto por la delegatura para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las empresas afectadas son Tecnosur S.A.S., Tecnoquímicas S.A., Kimberly Colpapel S.A., Productos Familia S.A., Drypers Andina S.A., firmas que al parecer participaron en acuerdos empresariales con el fin de aumentar artificialmente el precio de los pañales desechables para los bebés en Colombia, desde el año 2000 y hasta 2013 y fijar la calidad de los mismos, como también la forma de comercialización.

Adicionalmente, la Superindustria formuló pliego de cargos contra 44 personas naturales que en el pasado o en la actualidad han hecho parte de las empresas y han tenido participación en la creación, ejecución e implementación o seguimiento del cartel empresarial investigado.

El superintendente de industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que es la primera vez en la historia de Colombia, que la autoridad de competencia suscribe acuerdos de colaboración con Empresas que deciden delatar la existencia de un acuerdo anticompetitivo.

Dijo que después de recibir la información que daba cuenta de la posible comisión de conductas anticompetitivas en el mercado de producción, distribución y comercialización de pañales desechables para bebé en Colombia, la Superindustria efectuó en noviembre de 2013 varias visitas administrativas de inspección, en las que recaudó importante material probatorio, como documentos, e-mails y testimonios, entre otros, que daría cuenta de la posible existencia de un cartel empresarial para aumentar los precios de los pañales para bebé y manipular artificialmente otras condiciones de mercado.

Robledo dijo, que posteriormente varias empresas participantes en dicho mercado y sus respectivos directivos y empleados, acudieron a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de reconocer su participación en dicho cartel empresarial.

Estas personas aportaron las pruebas que demostraron la existencia del mismo, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento a los distintos acuerdos realizados, contactos que terminaron con la efectiva suscripción de 2 acuerdos de colaboración por delación, según los cuales una de las empresas delatoras recibirá la exoneración total de las posibles sanciones y la otra la exoneración parcial de acuerdo a lo establecido en un decreto de 2010.

Dentro de las pruebas recaudadas en las visitas a distintas empresas y aportadas por las que se acogieron al Programa de Colaboración,  se encuentran más de 700 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y testimonios, pruebas sobre más de 20 reuniones llevadas a cabo en el extranjero y en Colombia, en las que acordaban las condiciones de implementación del cartel, así como el seguimiento, control y verificación de los acuerdos previamente celebrados.