A 5 días para definir cupo y valorización | El Nuevo Siglo
Jueves, 25 de Abril de 2013

A pesar de que los ponentes de los proyectos de acuerdo para derogar la contribución de valorización por beneficio local y autorizar al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro para contratar un cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos radicarán en tiempo récord las ponencias positivas con modificaciones, el tiempo no alcanzaría en la Comisión de Hacienda del Concejo debido a que las sesiones extras se deben clausurar el 30 de abril.

Aunque faltan cinco días para que se tome una determinación en primer debate, en la eventualidad que el Concejo no alcanzara a terminar de estudiar los proyectos, la administración tendría que volver a radicar las iniciativas en las sesiones ordinarias que se instalan el primero de mayo, pero con el agravante que el dos de mayo se radica el proyecto para las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), fundamento para el desarrollo de Bogotá en los próximos diez años.

Las reacciones no se han hecho esperar. El Concejal Miguel Uribe Turbay del Partido Liberal advirtió que no han nombrado desde hace más de dos meses un titular en la Secretaría de Movilidad que pueda tomar decisiones sobre la destinación de $3,6 billones para financiar proyectos del sector, incluidos en los 4,3 billones de pesos del cupo de endeudamiento.

“Es preocupante que no se haya designado el funcionario responsable de ejecutar el 84 por ciento de los recursos del cupo de endeudamiento (3,6 billones de pesos), que según el Gobierno Distrital serían destinados a soluciones de movilidad de la ciudad. La interinidad en dicho cargo genera dudas sobre la ejecución de estos recursos y demuestra la negligencia de la administración”, enfatizó Uribe Turbay.

Agregó el Concejal del Partido Liberal, que “la interinidad en el gabinete del Alcalde Petro además es una muestra más de desgobierno y de falta de continuidad en los procesos de planeación que requiere el desarrollo de la ciudad”, puntualizó.

A su turno, Antonio Sanguino, del Partido Verde y ponente del proyecto para derogar la valorización, dijo que el trayecto errático de la administración revela que no tiene claridad sobre el concepto de esta contribución. “Ahora el Alcalde se siente poseído por la audacia. Como el Concejo aprobó en primer debate un ajuste al Acuerdo 180 que no coincidió con su propuesta, convocó a sesiones extras para discutir dos nuevos proyectos, el 094 y el 095 del 2013. Y también, como por arte de magia, desapareció como prioritarios los deprimidos de la Caracas y la reparación de la malla vial. Ahora considera vitales 15 obras enlistadas en el 2005, pero las incluye en una nueva solicitud de cupo de endeudamiento por 4.3 billones de pesos”.

Así mismo, el Concejal Jairo Cardozo Salazar del MIRA propuso incorporar un parágrafo que viabilice su aprobación sin atarlo a la expedición del cupo de endeudamiento Global, pudiéndose traer más adelante un Proyecto de Cupo individual por el valor de la construcción de las 15 obras propuestas.

“Para evitar el menoscabo de la cultura tributaria arraigada en la ciudadanía bogotana debe establecerse la obligatoriedad para que la Administración presente, en un nuevo proyecto, el plan de obras a financiar por Valorización, incluyendo aquellas que ahora se derogan y que siguen siendo viables y necesarias para la ciudad”, aseguró el Concejal.

Frente a la duda que se ha expresado en torno al eventual rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, que obedece a la tesis del “daño especial”, el concejal Cardozo indicó que no se presenta en este caso, teniendo en cuenta que los mayormente beneficiados con las obras que ahora se pretende construir mediante cupo de endeudamiento son justamente los ciudadanos que en 2007 pagaron sus estudios, diseños y compra de predios”.

Para el Concejal del MIRA, si el cupo de endeudamiento se aprueba de manera global se debe condicionar a la incorporación a los presupuestos anuales, evaluación de indicadores de gestión y ejecución de las obras.

Antes del martes se establecerá si el Concejo y el alcalde se ponen de acuerdo para solucionar el problema social que causó el cobro de la valorización.