Se trata de Rafael Antonio Pérez Jubiz, quien fue hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción.

De acuerdo con lo establecido durante la investigación realizada por un fiscal adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción, el 29 de noviembre de 2007, se celebró un convenio entre la Corporación Autónoma Regional y la Asociación Seguridad Ecológica, cuyo objeto era el establecimiento de vallas ambientales informativas en los 22 municipios del departamento del Atlántico. Sin embargo las obligaciones contempladas en dicho contrato no se ejecutaron a pesar de haber sido cancelado en su totalidad.

En su fallo el juzgador también impuso al exfuncionario, una multa por valor de 240.000 millones de pesos, que deberá pagar dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la providencia y lo inhabilitó de forma permanente para el desempeño de funciones públicas y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales, durante diez años.

Igualmente, el Juez ordenó a Pérez Jubiz, pagar a favor de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la suma de 240 millones de pesos, como indemnización por los perjuicios materiales ocasionados por los delitos cometidos.

En la misma sentencia, el juez le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución de la pena privativa de la libertad por la prisión domiciliaria.