Uno de los principales riesgos que presenta el proceso de tecnología 4G, es la autonomía en las decisiones de los municipios respecto al uso del suelo en las regiones.

Esta es la conclusión del presidente de Asomóvil, Rodrigo Lara, quien alerta sobre las implicaciones que tendría para 49 municipios el desempeño de la infraestructura de telecomunicaciones amenazado por las reglamentaciones locales “sin sustento técnico”.

Tal como lo informó Asomóvil, los proyectos de expansión y digitalización de redes que adelanta la industria con el fin de brindar mejor calidad y cobertura de servicio a los colombianos, se verán afectadas por los planteamientos de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), mecanismos locales dirigidos específicamente al crecimiento de las ciudades.

“Estos pretenden velar por la salud, el urbanismo y la comunidad pero que en realidad se están convirtiendo en obstáculos para su desarrollo”, agrega el documento emitido por la compañía.

De acuerdo con Asomóvil, las barreras para el despliegue de infraestructura se presentan en zonas como Montería “en la cual se plantea la reubicación de las estaciones bases ubicadas dentro de la ciudad, justo donde se encuentra la mayor cantidad de los usuarios, es decir que el 70% de la población quedaría sin cubrimiento debido al alcance limitado de las antenas de telefonía móvil”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el origen de este problema?

RODRIGO LARA:El problema se presenta porque la Constitución consagra la autonomía de las autoridades territoriales y cada municipio decide sobre el despliegue de la infraestructura de los mismos suelos.

Además, porque existen miedos infundados y mitos que se han creado alrededor de los efectos que tienen las estaciones base. Efectos para la salud que según la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencias de que esto pueda causar algún daño. Tener una estación base en un edificio produce los mismos efectos que tener un microondas en la casa. Hay un desconocimiento técnico de las necesidades.

ENS: ¿Esto refleja la crisis de comunicación entre el gobierno nacional y el regional?

RL: El Gobierno no tiene competencia para definir los usos del suelo y esto es exclusivo de los municipios. Nosotros como gremio recorremos las ciudades para conversar con los alcaldes y mostrar las limitaciones. Es para explicar que para tener mejor calidad de las comunicaciones y para integrar tecnologías nuevas como 4G, se hace necesario este cambio.

ENS: ¿Cómo se ve afectada la tecnología 4G?

RL:El crecimiento entre 2011 y 2012 fue de 5.6 millones de nuevos usuarios y para el despliegue de las nuevas tecnologías, se hace necesario nuevas estaciones o la actualización de las que ya existen. En este sentido, los municipios no permiten desplegar esta infraestructura.

ENS: ¿Hace falta voluntad política para solucionar el tema?

RL:Creo que el Gobierno tiene toda la voluntad de ayudar y hace los esfuerzos para que los municipios entiendan que la realidad es que tenemos que mejorar la comunicación con ellos mismos, con los municipios, y hacerles entender la necesidad de modificar los planes de ordenamiento territorial (POT).

ENS: ¿Qué tan atrasados estamos en ese sentido?

RL:Sucede que un POT se hace para 10 años y las modificaciones se hacen de forma lenta, pues se necesita consultas previas y autorizaciones del Concejo y las alcaldías. Las cláusulas de los POT son muy difíciles de modificar, se demoran mucho y la tecnología va muy rápido. Es un escenario que se ha venido agravando en los últimos dos años.

ENS: ¿Cuál es el panorama nacional de la problemática?

RL:En el estudio que hemos hecho es que hay 49 municipios con situaciones críticas en esta materia, algunos de estas zonas son Valledupar, Barranquilla, Itagüí, Envigado, Cartagena, Santa Marta, Montería, Ibagué, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Sogamoso, entre otros.

ENS: ¿Cuál es la zona más crítica?

RL:Montería es la más compleja y si no interviene el alcalde y los concejales, se vería reflejado en que el 70% de Montería quedaría incomunicada. Esto porque hubo una norma en el POT que obligaba a  desmontar desde el 1° de enero de 2013, todas las estaciones bases de los barrios residenciales, y esto equivale al 70%. Hubo varias reuniones con las autoridades para alertar la situación.

En otras ciudades son dificultades diferentes, por ejemplo, las distancias entre las estaciones base son considerables, las restricciones de uso de suelo a zonas residencial también afecta.

ENS ¿De cuánto serían las pérdidas por esta situación?

RL: No podría cuantificar en dinero pero sí se sabe que se pierde la oportunidad para mejorar la infraestructura tecnológica.

ENS: ¿Cuál es la solución que plantean?

RL:Lo ideal es sacar un proyecto de ley que estandarice las exigencias para el despliegue de la infraestructura. Eso lo acaban de hacer en Brasil ante la inminencia del Mundial de Fútbol de 2014 y hoy en día, Brasil que es un país federal aplica las medidas en todas las zonas de igual forma.

ENS: ¿Sería entonces el modelo ideal para replicar?

RL: Es un modelo adecuado para copiar pero tenemos varias preocupaciones por el tema legal y constitucional porque esa autonomía de las autoridades territoriales respecto al uso del suelo, se tiene que analizar.