1. Se cayó director de la Policía

Ayer renunció el director de la Policía, Rodolfo Palomino, pocas horas después de que el Procurador General anunciara la apertura de una investigación formal en su contra por diversas irregularidades que están relacionadas con posible incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y la creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente “La Comunidad del Anillo”.  En noviembre pasado la Fiscalía comenzó a investigar al oficial por las denuncias del coronel Reinaldo Gómez, quien relacionó una investigación que adelantó en su contra la Policía con el hecho de no haber accedido hace varios años a supuestas pretensiones sexuales por parte de Palomino.

 

Palomino reiteró al momento de su renuncia que es inocente de los señalamientos de que ha sido objeto. 

 

2. Renunció el Defensor

A finales de enero pasado, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, renunció al cargo tras verse involucrado en un escándalo por supuesto acoso sexual a su secretaria, la abogadaAstrid Helena Cristancho. El funcionario se ha sostenido en que no fue acoso sino una relación consentida, sin embargo, optó por dejar el cargo ante la inminencia de ser suspendido del cargo por el procurador Alejandro Ordóñez, quien abrió una investigación disciplinaria en su contra. Meses antes, varios funcionarios de la Defensoría denunciaron acoso laboral por parte de Otálora.

 

3. Suspenden avalúos

Mal parada quedó la ministra de Transporte, Natalia Abello, con la actualización este año de los avalúos de los automóviles para el pago del respectivo impuesto, pues surgieron quejas en todo el país de usuarios que denunciaron incrementos de hasta el 100%. Incluso en el Congreso parlamentarios de la Unidad Nacional pidieron a la funcionaria revisar la medida. En ese interregno incluso hubo legisladores que pidieron moción de censura para la funcionaria.

 

El pasado 16 de febrero, el Consejo de Estado suspendió la resolución del Ministerio de Transporte que establecía los nuevos avalúos.

 

4. Millonarios sobrecostos en Reficar

 

Sobrecostos por más de US$4 mil millones en la modernización de la Refinería de Cartagena fueron denunciados por el contralor Edgardo Maya, quien señaló que de un costo estimado de US$3.993 millones se pasó a US$8.016 millones.

 

La obra que fue adelantada durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos llevó a que cruzaran recriminaciones. El Jefe de Estado dijo que el origen del pecado en Reficar fue en el gobierno anterior; Uribe ripostó señalando que “Santos hizo fiestas con la inauguración de Reficar y sale a lavarse las manos con nuestro Gobierno”.

 

5. Isagen

Contra viento y marea el Gobierno logró enajenar el pasado enero el 56,6% de las acciones que tenía en Isagen. Varias demandas y tutelas lograron frenar el proceso, pero al final la administración Santos se salió con la suya, pues se propone con los $6,49 billones que pago la compañía Brookfield, apalancar recursos para la construcción de carreteras 4G.

 

La decisión de esta venta generó fracturas en la Unidad Nacional, en donde senadores como Viviane Morales plantearon que el Partido Liberal se retirara de la coalición de gobierno al no compartir la enajenación de un activo público que estaba dando utilidades.

 

También fue motivo de polémica que se adelantara la subasta con un solo oferente, Brookfield, cuando anteriormente por esta misma razón fue suspendido el proceso para adjudicar el tercer canal de televisión.

 

 

6. La tragedia guajira

La muerte en lo corrido de este año de 8 niños por desnutrición en La Guajira ha sido motivo de indignación nacional. No es un problema nuevo, pues aunque no hay cifras confiables se dice que en los últimos años han muerto 5 mil menores de edad por esta causa. El año pasado el presidente Santos dijo que “en los últimos ocho años se han muerto por esta causa 294 niños y no cinco mil como algunas noticias de prensa han divulgado”.

 

El problema se ha agudizado en los dos últimos años por la sequía motivada por el fenómeno del Niño, cobrando más víctimas.

 

El Gobierno ha sido responsabilizado por muchos, pues supuestamente no ha hecho lo suficiente. Incluso hay de por medio unas medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu de La Guajira.

 

 

7. Terror del Eln

 

A pesar de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas aseguró que “no vamos a permitir paros armados y menos del Eln”, lo cierto es que el anuncio de esta guerrilla que adelantaría esta actividad entre el domingo y miércoles pasados, aunado a varios hecho terroristas, hizo que en por lo menos 10 departamentos sus pobladores restringieran sus actividades diarias.

 

Ya la Defensoría del Pueblo había alertado sobre el impacto que podría tener el paro armado del Eln, supuestamente para conmemorar los 50 años de la muerte de cura guerrillero Camilo Torres.

 

 

8. Inflación y salario mínimo

Como casi siempre sucede el Gobierno le tocó este año incrementar el salario mínimo porque representantes de empresarios y trabajadores no se lograron poner de acuerdo en la mesa de concertación. A pesar de que casi nunca nadie queda contento con el incremento, en esta oportunidad fueron más las críticas porque la cifra del costo de la vida para el sector de los trabajadores fue superior al 7% de aumento, que fue la cifra de inflación.

 

Por ello, se han presentado tres demandas contra este decreto, una de ellas del Procurador General.

 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que la cifra de aumento no será revisada. “La norma constitucional dice que el aumento del salario mínimo debe estar por encima de la inflación total, no se mira la inflación de un grupo u otro sino el IPC total. La inflación basada en el IPC total fue 6,77% y el aumento del salario mínimo fue del 7%, es decir, cumplimos la norma”.

 

 

9. Paro nacional

Las centrales obreras, CGT, CUT y CTC y las asociaciones de pensionados acordaron para el 17 de marzo la realización de un paro nacional para pedir la revisión del salario mínimo decretado para este año, la presentación y defensa en el Congreso del proyecto de ley que reduzca del 12% al 4% de los aportes de los pensionados a salud; reducción y congelación de los precios de los combustibles; la eliminación de los artículos considerados lesivos para los trabajadores contemplados en la reforma tributaria; congelación de precios de los productos de la canasta familiar y cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno con las organizaciones campesinas y con los camioneros, entre otras exigencias.

 

Desde los paros agrarios a finales de 2013 el Gobierno había logrado mantener una relativa calma laboral.

 

 

 

10. Paro judicial

A pesar de las mesas de conversaciones entre el Consejo Superior de la Judicatura y los sindicatos de la justicia, persiste en parte el paro judicial que se inició a finales de enero pasado por la oposición de los trabajadores a la puesta en marcha de  los centros de servicios judiciales, medida que busca avanzar en el proceso de descongestión en la Rama.

 

El presidente encargado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Néstor Raúl Correa, dijo que “como el paro judicial es de los empleados de los juzgados, que no de los jueces, estos últimos deben además llamar al orden a sus subalternos, en su calidad de superiores jerárquicos”.

 

Hace unas semanas se logró un acuerdoque aplaza la entrada en vigencia de los centros de servicios en civil y familia. No obstante persiste el cese de actividades en algunos juzgados civiles y de familia de Bogotá.