La MOE pide celeridad en el proceso de anulación de la inscripción de los inhabilitados.

A pesar de los controles que establecieron los partidos para cuidarse de no entregar avales a aspirantes con problemas judiciales o impedimentos de tipo disciplinario o fiscal, 477 candidatos se ‘colaron’ y fueron inscritos en sus listas para las elecciones regionales de octubre próximo.
Así lo dio a conocer ayer la Procuraduría General de la Nación durante la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral.

Las 477 personas están reportadas por el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) por posibles inhabilidades para ser candidatos.

“La Procuraduría General está verificando la información con las respectivas autoridades competentes y una vez confirmadas las sanciones, si llegaran a existir, publicará en su página web el respectivo listado e informará al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia”, señaló el Ministerio Público.

Sin embargo, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras dijo que el informe con los nombres de los candidatos inhabilitados inscritos ya fue remitido al Consejo Nacional Electoral para que, de acuerdo con la ley y si hay mérito, proceda a revocar esas inscripciones.

Durante el proceso de selección de sus candidatos, los partidos y movimientos políticos le negaron el aval a 1.800 ciudadanos por posibles inhabilidades para acceder al cargo al cual aspiraban o por aparecer en los listados que el Gobierno nacional entregó a las colectividades, preparado por el DAS, en donde figuraban con deudas con la Justicia.

El Acto Legislativo 01 de 2009, ó Reforma Política, responsabiliza de forma directa a los partidos por los avales que entreguen a los candidatos, con fuertes sanciones, que pueden llegar incluso a la pérdida de la personería jurídica cuando respalden a personas involucradas con grupos armados ilegales o de narcotráfico.

Versiones encontradas

Igualmente ayer se produjo un rifirrafe por la información que el Gobierno se comprometió a entregar a los partidos con los nombres de los candidatos inhabilitados para participar en los comicios de este año.
El presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Juan Lozano, se quejó porque esta información ya validada no le fue entregada a los partidos y sí fue divulgada parcialmente por la Corporación Nuevo Arco Iris, contratista del Ministerio del Interior para la elaboración de mapas de riesgo electoral para los comicios de octubre.

“Es una cosa absolutamente insólita, pues nunca se la entregaron a los partidos, la manera clandestina como se procedió con Arco Iris”, dijo Lozano.

Añadió que según supo, el Ejecutivo creía que la información aportada por la Corporación Nuevo Arco Iris debía ser validada por una autoridad.

Lozano destacó que La U por cuenta propia negó el aval a 540 aspirantes en diferentes regiones, sobre los que había dudas. “A mí no me tiembla la mano, al Partido de la U no le falta la voluntad para sacar a quienes no entreguen explicaciones contundentes sobre sus actuaciones”, remarcó Lozano.

Sin embargo el director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, aseguró que los partidos sí fueron informados previamente de los candidatos inhabilitados.
Añadió que el compromiso de la Corporación con el Gobierno fue advertir sobre los riesgos electorales para los comicios y la influencia de grupos ilegales. En ese sentido dijo que el Gobierno fue el que compartió ese informe con los partidos, como es el caso de Cambio Radical.

Por el contrario, Valencia señaló que “los partidos no hicieron lo suficiente. Quedan muchos candidatos oscuros y nosotros solo hemos publicado los más relevantes. Pero todos los días, por diferentes medios, las gentes nos hacen llegar quejas y denuncias de hechos oscuros en muchas regiones del país”


MOE pide celeridad
De otra parte, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que le preocupa la lentitud con que el Consejo Electoral viene tramitando el tema de los candidatos inhabilitados. “Estamos preparando una carta para el Consejo Nacional Electoral, en la que se le va a solicitar muy comedidamente que tome una decisión pronta sobre los avales y que acepte la revocatoria de los mismos solicitada por los partidos políticos”.