Más de 400 personas debieron abandonar su hogar en el noroeste de Colombia por combates entre grupos armados ilegales, informó este viernes la Defensoría del Pueblo, engrosando los más de seis millones de desplazados en medio siglo de conflicto.
"Se trata de 421 personas, pertenecientes a 138 familias, que abandonaron sus lugares de origen por combates entre grupos armados ilegales en la región del Bajo Cauca", en el departamento de Antioquia, dijo en un comunicado la entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos.
"Las familias llegaron desde distintas veredas del municipio de El Bagre (Antioquia) hasta el corregimiento (agrupación de casas) de Puerto Claver, de esa misma jurisdicción", agregó la institución, que atiende a los desplazados en esta zona ubicada al norte de Medellín, segunda ciudad del país.
Entre las víctimas se encuentran también miembros de comunidades indígenas, uno de los colectivos más afectados por el desplazamiento forzado en Colombia.
En la zona del Bajo Cauca, tiene fuerte influencia la banda criminal de origen paramilitar Clan Úsuga, también conocida como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas.
El Clan Úsuga es la agrupación de este tipo más poderosa del país, que surgió tras la desmovilización concertada de unos 32.000 combatientes de milicias de extrema derecha en los años 2000.
A esta banda se le atribuye el envío hacia Centroamérica y Estados Unidos de toneladas de cocaína producidas en Colombia, principal proveedor mundial de esta droga, así como decenas de homicidios y extorsiones.
El conflicto armado colombiano, en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas militares, ha estado fuertemente permeado por el accionar de bandas narcotraficantes. Unas 220.000 personas han muerto y más de seis millones han sido desplazadas por la violencia.
Según la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional, cerca del 14% del territorio del país (unas ocho millones de hectáreas) ha sido abandonado u ocupado forzosamente, convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo con más desplazados después de Siria, de acuerdo con Naciones Unidas.