Cuatro colectividades han confirmado, hasta el momento, ante el Consejo Nacional Electoral que harán consulta popular este año. Estas formaciones son el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde y el Partido Conservador.

EL NUEVO SIGLOconoció que si bien estas colectividades confirmaron por escrito ante el organismo electoral su voluntad de hacer consulta interna el próximo 30 de septiembre para que su militancia tome decisiones internas por medio del voto, los otros ocho partidos y movimientos políticos con personería jurídica también manifestaron por medio escrito su interés en adelantar este mecanismo.

En este sentido se habla del Movimiento Afrovides, el Partido Social de Unidad Nacional (La U), la Alianza Social Independiente (ASI), el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Cambio Radical, el Partido de Integración Nacional (PIN), el Partido Liberal y el Movimiento de Integración y Oportunidades (MIO).

Sin embargo, aunque es probable que en las dos próximas semanas algunas de estas colectividades también confirmen su intención de hacer consulta, dado que el 30 de este mes vence el plazo para que los partidos y movimientos con personería jurídica comuniquen ante el CNE esta decisión, finalmente se cree que no todos ellos participarán en la jornada del 30 de septiembre.

Por lo menos así sucedió en las consultas populares del 29 de mayo de 2011 con el fin de elegir candidatos a las elecciones regionales de octubre de ese año. En esa oportunidad, 9 de los 12 partidos y movimientos con personería jurídica manifestaron ante el Consejo Electoral su intención de hacer consultas populares, sin embargo al cierre de las inscripciones sólo 6 colectividades fueron los que inscribieron candidatos y participaran en esta jornada democrática.

Las consultas populares son un mecanismo auspiciado por el Estado con el fin de promover la democracia en los partidos. Para tal fin, cada año en una fecha específica brinda la oportunidad a todas las colectividades que así lo deseen, de participar en estas jornadas en las cuales por la vía del voto se toman decisiones internas o son seleccionados candidatos.

El Estado aporta la logística para la realización de estas consultas en cuanto a tarjetones, mesas de votación y escrutinio de los resultados. Incluso contribuye a la financiación de las mismas por medio de la figura de la reposición de gastos por votos obtenidos.

De acuerdo con el calendario electoral establecido para las consultas populares de este año, el 30 de mayo pasado se suspendió la incorporación de cédulas nuevas al censo electoral. Es decir que las cédulas de ciudadanía que se expidan por primera vez a partir de esa fecha no podrán participar en las elecciones del 30 de septiembre.

Igualmente, el calendario electoral establece que el 30 de junio inicia la propaganda de los precandidatos, partidos y movimientos políticos que hayan comunicado al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consulta.

En tanto que el 31 de agosto vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos que participen en la consulta informen a la Registraduría los candidatos inscritos y las preguntas a realizar.

Por ahora se sabe que el Partido Conservador haría consulta porque la reforma de estatutos, que está pendiente de ser aprobada por la Conferencia de Directorios, establece que con excepción de los congresistas, diputados y concejales, los demás integrantes de los directorios municipales y departamentales serán elegidos en consulta.

En tanto que el Polo solicitó consulta para elegir a 1.550 delegados que asistirán al III Congreso del Partido, al final de año.

En entredicho

Las consultas populares de partidos están en discusión por lo costoso que resulta su organización para el Estado, frente a la baja participación de la población.

La más reciente experiencia en este sentido se vivió en las consultas populares del 29 de mayo de 2011, que como se dijo anteriormente se realizaron para que las colectividades que así lo desearan escogieran a sus candidatos para los comicios regionales de octubre de ese año.

Esas consultas costaron 80.000 millones de pesos y solo participaron 1,3 millones de votantes de 12 millones habilitados en el censo electoral.

En tanto que apenas participaron 2.000 de los 8.000 candidatos que se inscribieron.