Con la destitución en fallo de primera instancia del gobernador de Casanare, Nelson Mariño, por presuntas irregularidades en contratación, según la Procuraduría, ya son cuatro los mandatarios que verían el amanecer de 2013 mas no el atardecer.

El Ministerio Público también inhabilitó a Mariño por 14 años para el ejercicio de cargos públicos, en su condición de gobernador de Casanare, por irregularidades presentadas en un convenio de asociación con la Caja de Compensación  Familiar de Casanare para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes de ese departamento para la ampliación y la sostenibilidad de la prestación del servicio educativo.

El fallo disciplinario, proferido en audiencia pública, señala que el Mandatario suscribió de manera directa, a través de convenio de cooperación con la entidad Comfacasanare,  un contrato para “la preparación y distribución de almuerzos escolares para 62.985 estudiantes de las instituciones educativas del departamento”, pese a que no se cumplían los requerimientos legales para contratar “por cuanto ésta tenía que subcontratar la totalidad de las actividades objeto del convenio”.

Se encontró que la Gobernación incurrió en un mayor gasto para el departamento por este servicio de alimentación teniendo en cuenta que “suscribió el citado convenio por $18.294.885.400, de los cuales la Gobernación aportó la suma $17.894.885.400, dado que Comfacasanare, para cumplir con  el objeto del  convenio, suscribió a su vez el contrato de suministro N° 685, del 31 de mayo del 2012 con una unión temporal por un valor  de $16.694.848.800, presentándose una diferencia por un valor de $1.200.036.600”.

La Procuraduríadesvirtuó la versión de la defensa según la cual los $1.200.036.600 hacían parte de los gastos de legalización del convenio, por cuanto este costo de legalización, impuesto y descuentos financieros, además de ser asumidos en su totalidad por la Gobernación, también están cubiertos dentro del valor de la ración de alimentación que la Gobernación canceló a Comfacasanare.

Esta decisión disciplinaria fue apelada por la defensa del investigado. El recurso de apelación será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General.

De otra parte, el organismo sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, en su calidad de gobernador de Putumayo para la época de los hechos.

Según el organismo de control, ante la grave situación de desplazamiento registrada en el departamento de Putumayo, el 2008 se declaró como el año de la promoción de los derechos de la población desplazada y por tanto las autoridades territoriales, gobernadores y alcaldes, debían diseñar, implementar y aplicar una estrategia que permitiera mayores compromisos presupuestales y administrativos con destino a dicha población.

No obstante esta disposición, la administración a cargo de Guzmán no ejecutó la suma de $100.000.000 ni incorporó $500.000.000 en el presupuesto de la vigencia 2008, con la que se comprometió para cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo económico de la población en situación de desplazamiento generado por la violencia.