Cuatro empresas que registran vínculos con la Fundación Universitaria San Martín fueron sometidas a control por parte de la Superintendencia de Sociedades, mediante resoluciones 312-006346, 312-006347, 312-006348 y 312-006349, el máximo grado de supervisión en los términos del Artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

De acuerdo con la entidad se trata de: C.I. Gloma S.A.; Alvear Orozco S. en C. en C.S. en liquidación; Prodomed Ltda. y Gráficas San Martín Ltda., empresas que registraban estrechos vínculos con la Fundación Universitaria San Martín y con la familia Alvear.

Según la Supersociedades, “antes de ordenar el sometimiento a control, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, ordenó la práctica de investigaciones administrativas sobre las anteriores entidades con el propósito de establecer el cumplimiento de las normas legales relativas a la organización de las sociedades, sus prácticas contables, sus libros y archivos y de identificar si existen irregularidades en su funcionamiento”.  

“Una vez practicadas las mencionadas visitas, un amplio grupo de expertos de la Superintendencia de Sociedades pudo establecer el acaecimiento de irregularidades tales como la falta de una sede de administración, la imposibilidad de identificar los libros de contabilidad o estados financieros e incluso la ausencia de funcionarios de representación legal que pudieran dar explicaciones satisfactorias sobre los mencionados hechos”, indica el comunicado.

Así las cosas, la Superintendencia adquiere amplias facultades de fiscalización, dentro de la que se cuentan la de requerir información sobre aspectos jurídicos y contables y exigir autorización para cualquier modificación o reforma estatutaria o capitalización de la sociedad.

Las normas permiten además remover a los administradores, revisores fiscales y empleados según el caso y multar a los administradores que realicen actos contrarios a la ley e incluso, si fuere necesario, convocar a la sociedad a un trámite de liquidación.

En las resoluciones se advierte a los representantes legales y empleados de las sociedades que a partir del sometimiento a control se prohíbe la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad y enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de Sociedades.

Debido a la existencia de múltiples interesados en este caso, la Superintendencia de Sociedades, en aplicación de lo previsto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo, procede a informar a través de los medios de comunicación y a publicar la parte resolutiva de estas resoluciones en la página electrónica de la entidad www.supersociedades.gov.co y en un medio de comunicación.

Cabe recordar que el Ministerio de Educación ya había adelantado algunas acciones en la Fundación Universitaria, una vez salieron a la luz pública denuncias sobre irregularidades en el funcionamiento del centro educativo.

La más reciente decisión del Ministerio fue el remezón en las directivas del Plenum de la Universidad, donde salieron del cargo Mariano Alvear, Martín Alvear, Xiani Ocampo y Antonio Sofán.

El nuevo Plenum quedó conformado por Germán Sierra, como presidente del mismo y quien fue rector de la Universidad de Cartagena; Roberto Zarama, profesor de la Universidad de los Andes; Edna Bonilla Sebá, profesora de la Universidad Nacional; y Ángela Echeverry Arcila, exdecana del Medio Universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.

En su momento la ministra Gina Parody había dicho que “esta determinación es histórica para el país y refleja el firme propósito del Gobierno nacional para mejorar la calidad de la educación superior”.

“Esta decisión es una señal clara para los mercaderes de la educación. Con la educación no se pueden enriquecer patrimonios particulares. Las Instituciones de Educación Superior no son instrumento para el enriquecimiento”.