1. EL 23M NO SE CUMPLIRÁ: salvo el Gobierno y su equipo negociador, nadie cree, incluidas las Farc, que sea posible que en 63 días se pueda llegar a suscribir un “acuerdo final” en La Habana. La discusión sobre cese el fuego apenas si va por la mitad (formulación de herramientas para viabilizarlo) y la del desarme será supremamente compleja, pues la guerrilla se rehúsa o quiere ponerle cortapisas a la entrega o destrucción de sus arsenales. Estos son apenas los dos primeros subpuntos del punto “3”. De ahí para adelante falta lo relativo a la excarcelación de guerrilleros, combate al paramilitarismo, “revisión gubernamental a reformas y ajustes institucionales para la construcción de la paz” y garantías de seguridad para la guerrilla. Luego, en el punto “6”, vendrá el pulso entre el plebiscito por la paz (que defiende el Gobierno) y la constituyente (que piden las Farc) para refrendar los acuerdos. Atado a ello estará el debate sobre la implementación del acuerdo, en donde la guerrilla ya descalificó proyecto de “acto legislativo por la paz” que tramita el Gobierno en el Congreso. Además, hay más de 20 temas pendientes de puntos 1,2 y 4.
2. CESE EL FUEGO: FALTA LOS TEMAS GRUESOS: pactar cómo será el cese el fuego y de hostilidades es, sin duda, uno de los temas más complejos del punto “3” de la agenda. Hace dos semanas el Gobierno anunció que llamaba al Congreso a sesiones extras para reformar la ley de Orden Público, que hoy prohíbe la desmilitarización de zonas para concentrar allí guerrilleros armados. Ayer, en La Habana, las partes anunciaron que llegaron a un acuerdo sobre el mecanismo de monitoreo y verificación del cese el fuego y el desarme, para lo cual pedirían a la ONU que conforme y presida un mecanismo tripartito (junto a Farc y Gobierno) con ese objetivo. Si después de siete meses de funcionamiento de la “subcomisión para el fin del conflicto”, en la que tienen asiento generales activos y cabecillas guerrilleros, apenas se está en la etapa de las herramientas para el cese el fuego, es evidencia de que falta el tema grueso ¿Estarán las Farc armadas en las zonas de concentración? ¿Habrá zonas de colchón de seguridad entre éstas y los puestos militares? ¿Cómo se garantizará que las Farc no sólo dejen de actuar militarmente, sino que suspendan el narcotráfico, secuestro, extorsión y otras hostilidades contra los civiles? ¿Cómo se mantendrán económicamente los contingentes? ¿Saldrá también la Policía de esas zonas de concentración? ¿Cómo se garantizará la seguridad de la población civil, las autoridades y las actividades económicas? ¿Quedarán las poblaciones expuestas a que guerrilleros armados hagan campaña por el “Sí” al plebiscito por la paz? ¿Cómo se afectará el accionar de la Fuerza Pública en su lucha contra otros actores delincuenciales?
3. SIN PUPITRAZO EN LA ONU: Si bien hay amplio respaldo internacional al proceso de paz, una misión política de estas características requiere unos protocolos muy rígidos, detallados y blindados al extremo para su formación y accionar, por lo que no se aprobará de un pupitrazo por parte de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. EU, Rusia, Francia, China y Reino Unido (miembros permanentes) han expresado su apoyo al proceso y el presidente Santos ya habló al respecto con varios de sus líderes. Los miembros no permanentes (Angola, Egipto, España, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela) tampoco se opondrían, pero es claro que hay mucho trecho entre esa voluntad política y las implicaciones que tiene el establecer los protocolos exactos sobre cómo funcionaría esa comisión política de verificadores, cuál su independencia frente al Gobierno y Farc, cómo se garantizaría su seguridad en un país en donde hay otros actores armados y bandas criminales peligrosas, la financiación de toda la operación… Esta definición podría tardar varios meses y eso dilataría el proceso de paz en Colombia.
4. ¿FARC, UN AÑO CONCENTRADAS Y ARMADAS?: una de las mayores dudas frente al anuncio ayer del Gobierno y las Farc de crear este mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de las armas, es que se plantea la posibilidad de que la “misión política con observadores civiles y no armados” funcione por un período de 12 meses, que podrían ser prorrogables a petición de las partes. ¿Implicará ese tiempo tan extenso, entonces, que el desarme de las Farc, que se supone debe empezar dos meses después de la firma del acuerdo final de paz, se extenderá hasta por un año o más? ¿Podrán las Farc estar armadas cuando se vote el plebiscito por la paz que, se supone, el Gobierno convocaría uno o dos meses después de firmar el acuerdo final en La Habana? ¿Esto implicaría, entonces, que la “comisión legislativa especial de paz” y las facultades extraordinarias al Presidente de la República, que se plantean crear en el proyecto de “acto legislativo para la paz” para acelerar la implementación del acuerdo de paz, empezarían a funcionar con una guerrilla concentrada y todavía armada? ¿Podrían llegar, por este plazo de un año prorrogable, las Farc a estar concentradas y armadas a mediados o finales de 2017, en la antesala de la campaña presidencial y de Congreso? ¿No se corre aquí el riesgo tantas veces advertido por los críticos del proceso de una “paz armada”, señalamiento que siempre ha negado el Gobierno?
Puntos del acuerdo en La Habana
Crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como para la dejación de las armas.
Será tripartito: Gobierno, Farc y una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). La misión tendrá carácter político, no estará armada y se pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que la autorice por un lapso de 12 meses, prorrogables.
La misión de la ONU presidirá y coordinará el mecanismo en todas sus instancias, dirimirá controversias, realizará recomendaciones y presentará informes. Monitoreará también dejación de las armas.