Un plan de choque inicial para resolver el represamiento de ascensos que hay desde hace algunos años en la Policía, está siendo adelantado por el Gobierno Nacional y con el cual a través de 380 mil millones de pesos buscarán ascender a al menos 32 mil policías del nivel ejecutivo antes de finalizar el 2014.

La anterior fue la respuesta que le dio el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a los senadores que lo citaron a un debate de control político por el represamiento en los ascensos los cuales, según el senador Juan Manuel Galán, se vienen presentando desde 1994, y han afectado en una gran proporción a cientos de integrantes de la Fuerza Pública.

Según se explicó ayer en el Senado, el dinero que se utilizará durante esta primera fase provendrá de dos frentes. El primero, que ya está definido, serán los recursos extraordinarios con los que cuenta el Ministerio de Defensa y de ahí saldrán 277 mil millones. El dinero restante, unos 101 mil millones de pesos, son los que se tienen presupuestados en el recurrente de la Policía.

Pero los 380 mil millones de pesos no serán la solución estructural a este problema, sino que por el contrario es una medida a corto plazo para mejorar la calidad de vida de la Fuerza Pública del país y anunció que junto con el Gobierno están buscando soluciones a mediano y largo plazo para evitar que en el futuro se vuelvan a generar represamientos en el tema de ascensos.

Entre las iniciativas que se están estudiando en la cartera de Defensa son: “desarrollar una reestructuración interna, donde se beneficien ampliamente los integrantes de la Policía Nacional con planes de vivienda, educación superior para especializaciones y maestrías mediante becas por excelencia, mejor remuneración salarial, construcción de clínicas y hospitales tanto para la Policía como para el Ejército Nacional en diferentes zonas del país, para lo cual se cuenta con el presupuesto de 280 mil millones de pesos que se estarán ejecutando hasta el año 2016”, afirmó Pinzón.

Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención de los asistentes al debate fue que el propio Ministro de Defensa reconoció que la crisis no solo ha afectado a la Policía, sino que entidades como la Fuerza Aérea también han tenido algunos problemas.

“Las Fuerzas Armadas, no solo la Policía, tienen una serie de atrasos en materia de bienestar, pero a cada uno de estos temas le hemos creado un plan, un programa, y estamos tratando de enfrentarlos con un compromiso muy grande, pero también con la claridad de que son problemas que no se resolverán de manera inmediata”.

Precisamente, hace pocos días el juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá condenó al Ministerio de Defensa Nacional para que pague una cifra cercana a los 35 mil millones de pesos a 1.600 soldados e infantes de marina.

Según el fallo, el Ministerio fue condenado por haber dejado de pagar a un grupo de soldados profesionales su salario completo, que consistía en un salario mínimo incrementado en un 60 por ciento, pero solo se les incrementó en un 40.

Según el Juzgado 37 la interpretación hecha por el Ministerio de Defensa para no pagar el 20 por ciento restante y “liquidar únicamente un 40 % sobre el salario mínimo legal desconoce los principios mínimos fundamentales de igualdad, irrenunciabilidad y favorabilidad”.

La sentencia agregó que, “no resulta aceptable desde el punto de vista de justicia y equidad, que la entidad demandada desmejore el salario de los soldados voluntarios que además estuvieron privados desde el año 1985 hasta el año 2000 del reconocimiento de prestaciones sociales otorgadas a los demás miembros de la fuerza pública”.

RECUADRO

Fuero militar ‘express’

La posibilidad que había dialogado el presidente Juan Manuel Santos con la bancada del Partido Conservador, de lograr un fuero militar inmediato a través de deshacer el acuerdo firmado por la Fiscalía General y el Gobierno del ex presidente Uribe, se esfumo ayer cuando el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que este no se puede derogar porque está demandado y pendiente de resolver en el Consejo de Estado.

“Hemos hablado con el presidente del Consejo de Estado, quien nos ha dicho que el convenio se encuentra sub júdice y no podemos determinar qué ocurre”, señaló Pinzón, quien agregó que lo más conveniente por ahora es que el Congreso apruebe en el menor tiempo posible la reforma a la Justicia Penal Militar que esta semana tendrá su quinto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.