Una cruda radiografía hizo la Contraloría General sobre el Programa de Alimentación Escolar  (PAE), advirtiendo que más de 32 millones de raciones alimentarias a alumnos de escuelas y colegios públicos no se entregaron.

Según el ente de control, durante el año pasado no se garantizaron con oportunidad y continuidad los recursos para la cofinanciación y ejecución del programa, lo que afectó el giro de las transferencias a los municipios, así como los procesos de planeación y contratación. Todo ello  generó “inoportunidad e ineficiencia” en la prestación del servicio a sus beneficiarios.

Advirtió la Contraloría que más de 32,7 millones de raciones habrían sido dejadas de entregar y señaló varias razones: la no disponibilidad oportuna de los recursos suficientes para el programa durante toda la vigencia; demoras y dificultades en procesos de contratación o en el empalme entre una y otra contratación; demora en la asignación y transferencia de recursos de cofinanciación, así como dificultades en el trámite de aprobación de vigencias futuras y desconocimiento de la operación del programa.

Agregó que las demoras en la incorporación de recursos al presupuesto de los municipios, afectaron el principio de eficiencia y se evidenciaron debilidades en los procesos presupuestales y financieros de las entidades responsables, así como falta de diligencia en la gestión, desarticulación y descoordinación entre actores del Programa.

En consecuencia, concluyó el ente de control, se afectó la conformación de la bolsa común, la disponibilidad y flujo del recurso para la contratación oportuna del servicio y el cumplimiento de los pagos, lo cual incidió en la recurrencia de recursos no ejecutados, en algunos casos superiores al 10% del total de la asignación en la vigencia.

Reformas urgentes

Tras ese diagnóstico, la Contraloría indicó que se requiere ajustar la distribución de competencias, su esquema de financiación, y el manejo de los recursos dispuestos para el mismo, de forma tal que sean consistentes con el número de niños que deben atenderse diariamente, a la hora exacta, en las cantidades requeridas y con productos de óptima calidad.

De igual forma se requieren esquemas de operación que le permitan a las entidades responsables, encontrarse lo suficientemente cerca de los beneficiarios del programa, aprovechando las ventajas de la oferta local y de las economías de escala, y que sean consistentes con la conformación del sector educativo.

Esos ajustes son urgentes, toda vez que el PAE en la vigencia 2016 se extendió a lo largo de 1.103 municipios, a través de más de 13 mil instituciones educativas urbanas y rurales.

Otra de las denuncias de la Contraloría es que los sistemas de información del Programa de Alimentación Escolar con los que cuenta el Ministerio de Educación no permiten hacerle seguimiento a la totalidad de sus actividades y productos: la información existente no facilita un seguimiento integral y eficaz de la ejecución del programa y, por lo tanto, tampoco permite adoptar correcciones oportunas de las falencias del servicio.

Advirtió que el Ministerio, durante 2016, no identificó los riesgos asociados a todos los procesos del programa, ni diseñó controles específicos y oportunos para su mitigación, en actividades como la asignación de recursos, distribución y transferencia de los mismos a las entidades territoriales, la conformación de la bolsa común, y el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos, así como en la fijación y seguimiento de objetivos, metas e indicadores.

Asimismo se recalcó que ni el Ministerio de Educación ni las entidades territoriales han establecido indicadores coherentes que permitan vigilar y controlar el cumplimiento de los objetivos del programa, y los actuales resultan incompletos, impertinentes e inaplicables.

Por último, el ente de control indicó que la inadecuada estructuración de competencias entre las diferentes entidades que actúan durante la ejecución del programa, especialmente entre los municipios y los departamentos a los cuales pertenecen, supone graves riesgos en la ejecución del PAE.

“Durante 2016, los municipios no recibieron la asistencia técnica y capacitación suficiente y efectiva, en los temas referidos a la conformación e implementación de la bolsa común. La falta de orientación, entrenamiento e instrucción, la carencia de instrumentos como manuales e instructivos y la deficiente socialización, afectaron el entendimiento, conformación y aplicación del esquema de financiación y sus mecanismos”, puntualizó la Contraloría.