Poco tiempo tienen las comisiones económicas del Congreso para aprobar el proyecto de ley que establece la ampliación del Programa Nacional de Reactivación Agropecuario (PRAN), que otorga beneficios a más de 32 mil campesinos para la refinanciación y ampliación del pago de las obligaciones financieras.

Si la iniciativa no es aprobada antes de que se acabe la legislatura, dichos agricultores serían embargados con sus cosechas y hasta sus predios, puesto que el 31 de diciembre el Programa pierde vigencia

El presidente de Congreso, Hernán Penagos, y uno de los firmantes del documento que radicó recientemente el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, resaltó la importancia del tiempo para abordar la iniciativa.

Al dialogar con EL NUEVO SIGLO, Penagos comentó que esto aplica para “los créditos que han venido siendo refinanciados en varias oportunidades y se pretende que se amplíe el plazo de esas obligaciones que se vence el 31 de diciembre”.

Plazos

De acuerdo con el presidente de la Cámara, si se dejan vencer dichos plazos y no se amplían “los campesinos serían deudores morosos del Estado, y hasta se les embargarían sus tierras y no podrían solicitar créditos en el futuro”.

En la actualidad, los campesinos son beneficiados del PRAN, “y el temor es que pierdan ese beneficio, por eso se amplía el plazo para que pasado un año sigan pagando sus obligaciones. Ya finalizado ese año habría que mirar cómo están sus obligaciones para ver si es necesario expedir otra ley”, añadió el congresista.

Cabe recordar que el ministro de Agricultura dijo en su momento que cerca de 32 mil campesinos, que están en peligro de quedar excluidos del sistema financiero al ser reportados como morosos, “podrán sanear sus deudas y fortalecer sus economías; gracias al Proyecto de Ley de Reactivación Agropecuaria”.

El Proyecto de Ley, que lleva mensaje de urgencia del Gobierno, el cual busca reactivar el sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial contiene un paquete de medidas financieras y disposiciones para fortalecer la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA).

“Este Proyecto, el Gran Pacto Agropecuario y el presupuesto aprobado para el 2014 (cerca de seis billones de pesos), están enmarcados dentro de la aspiración que tiene el Gobierno Nacional y el Congreso en darle una nueva visión de la economía agropecuaria”, manifestó el ministro Lizarralde.

Puntos principales

Algunos de los aspectos de trascendencia de la iniciativa es la creación del Fondo de Microfinanzas, el cual será administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), así como la eliminación del trámite de calificación previa de créditos agropecuarios.

También está la destinación de los recursos del crédito agropecuario para actividades de transformación de productos del sector, y la ampliación del objeto del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y medidas para facilitar la toma de seguros agropecuarios.

Se cuentan el fortalecimiento del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y el alivio Especial a deudores del PRAN y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA).

Habrá una suspensión del cobro y prescripción para deudores del PRAN y del FONSA.  Acciones de cobro a deudores del PRAN y del FONSA, y una aplicación de abonos parciales y otras medidas para deudores PRAN y del FONSA.

“Adicional a ello habrá una ampliación de los objetivos del FONSA, y de situaciones de crisis objeto del FONSA. Ampliación de las funciones del FONSA”, agrega el documento.

Se modificarán las funciones de la Junta Directiva del FONSA sobre recuperación de cartera y se llegarán a acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria