El costo para evitar el apagón fue de $3,2 billones. Estos recursos o cargas financieras de esta crisis energética se han repartido así: el Gobierno asumió subsidios de los estratos 1 a 3 por cerca de $1 billón; las termoeléctricas están asumiendo pérdidas por $2,2 billones; y los consumidores están enfrentando alzas en sus tarifas hasta del 9%. 

 

Sin embargo, la gran pregunta tiene que ver con: ¿si los usuarios ya habían pagado por el “Cargo por Confiabilidad”, entonces por qué ahora deben asumir nuevas alzas de tarifas provenientes de las fallas de las termoeléctricas?

 

Sin embargo, la ministra (e) de Energía, María Lorena Gutiérrez, dijo que por el momento el Gobierno no tenía establecido un aumento de las tarifas de energía a corto plazo.

 

De acuerdo con un informe de ANIF, desde finales de 2015 se viene discutiendo la posibilidad de presenciar un nuevo “apagón” en Colombia durante el período abril-mayo de 2016, aunque de mucha menor magnitud a lo ocurrido en 1992-1993. 

 

Señala el estudio que “recordemos que, en ese entonces, el fenómeno del Niño llevó los embalses a niveles bajos del 28%, preciso en momentos en que el país dependía en un 80% de las fuentes hídricas. Esa circunstancia climática y los graves problemas laborales y de abierta corrupción llevaron a que la Administración Gaviria (1990-1994) tuviera que intervenir el sector energético territorial”.

 

Esquema

 

Indica que en ese momento “se adoptó entonces un esquema centralizado, apoyando su marco regulatorio en criterios de eficiencia de mediano plazo a través de la CREG (ente independiente creado en la Constitución de 1991 y las Leyes 142 y 143 de 1994). Uno de los objetivos de la CREG ha sido generar diversificación de fuentes energéticas, donde las plantas térmicas venían apoyando hasta en un 30% su provisión”.

 

Sostiene el análisis que “sin embargo, bajo esta nueva tensión climática de 2015-2016, dichas termos tendrían que ofertar hasta un 60% del total, sin saberse aún si ello será posible de sostener, dados sus mayores costos (usando combustibles líquidos en vez de gas) e incurriendo en inevitables mantenimientos periódicos (dado su carácter de apoyo y no de eje central de la provisión de energía). También es útil recordar que este fue el resultado de la promoción de la expansión del sistema interconectado (Leyes 142 y 143 de 1994), incentivando la inversión del sector privado (incluyendo dichas termoeléctricas”.

 

En particular, se adoptaron esquemas de “pagos por confiabilidad” a dichas termos, con el fin de tenerlas disponibles en casos de emergencia (pagos que se hacían independientemente de que tuvieran que despachar o no la energía). El Southern Oscillation Index señala que la intensidad y duración (completando 16 meses) del actual fenómeno del Niño es el peor de los últimos 35 años, llevando el promedio de los embalses a disponibilidades de solo un 25%, siendo los más graves los del Valle del Cauca que bordean el 21%. 

 

Respuestas

 

Sostiene ANIF que “la respuesta gubernamental en materia de incentivos a reducciones en la demanda llegó tardíamente en marzo de 2016. Si se tiene éxito en lograr disminuciones en dicha demanda del 5% de forma sostenida y las lluvias continúan intensificándose durante abril, todavía sería posible evitar los “recortes escalonados” que recientemente le recomendara la entidad Administradora del Sistema (XM) al Gobierno”.

 

Por el lado de la oferta, las fallas más serias han sido: i) falta de incentivos para sustituir la energía del sistema interconectado por energías alternativas (incluyendo bagazo de caña o la incorporación de energía eólica, a pesar de haberse expedido la Ley 1715 de 2014); y ii) falta de vigilancia-control en el uso de los recursos del “Cargo por Confiabilidad” pagado a las termoeléctricas.

 

El “Cargo por Confiabilidad” fue adoptado en 2006 (reemplazando el anterior “Cargo por Capacidad”). La idea era garantizar la consecución de energía en momentos de crisis con ingresos fijos para las plantas térmicas. Ello se tradujo en el giro de recursos por US$7.800 millones durante 2007-2015. 

 

Si bien dichos dineros permitieron que la capacidad de las térmicas conservara una participación cercana al 32% dentro del total, la crisis financiera que argumentan algunas termoeléctricas sugiere problemas de insumos y costos. Por ejemplo, las centrales Termocandelaria y Termovalle suspendieron operaciones hacia finales de 2015, después de haber recibido cerca de US$330 millones del “Cargo por Confiabilidad”. 

 

Al respecto, ANIF había mencionado cómo el marco regulatorio manejado por la CREG había resultado relativamente eficiente para mantener criterios de sostenibilidad de largo plazo, pero era indudable que todavía debía refinarse el esquema de “Cargo por Confiabilidad”. 

 

De hecho, las termoeléctricas han insistido en la necesidad de usar como referencia en el cálculo del precio de escasez no el costo del combustóleo sino el del fuel oil, teniendo en cuenta que la mayoría de plantas utilizan el diésel como combustible. 

 

Las razones

 

Esta coyuntura de desafío energético ha resultado exacerbada, por cuenta de: i) un aumento en la demanda de combustibles en la frontera con Venezuela del 50%, ante el cierre decretado por dicho país a mediados de 2015; ii) la necesidad de recargar la generación de las térmicas en combustibles líquidos más costosos ante la disminución en el suministro de gas natural (-7% anual en 2015), debido a la declinación natural de los campos de La Guajira (Chuchupa y Ballena) y el incumplimiento en los proyectos de infraestructura de transporte-almacenamiento de dicho hidrocarburo, dada la conocida “triada” de problemas y la incertidumbre en materia de recuperación de las inversiones ante la regulación de precios; y iii) los incidentes ocurridos en las hidroeléctricas de Guatapé (afectando además el suministro de agua de las centrales Playas, San Carlos y Jaguas) y Termoflores, restándole cerca de un 6% de capacidad a la generación del sistema eléctrico del país.