El cartel  de los falsos testigos cuenta con más de 3.000 integrantes, según cifras de la Fiscalía, que está tras su rastro e incluso ya tiene a algunos tras las rejas.

El Grupo de Trabajo para la Investigación del Delito de Falso Testimonio y Delitos Conexos, creado en 2012 por el fiscal Eduardo Montealegre, avanza en la identificación para posterior judicialización de los mismos.

“Este flagelo afecta la honra y el buen nombre de connotados dirigentes políticos, congresistas, empresarios, ganaderos, comerciantes, ciudadanos del común e incluso campesinos”, dijo una fuente que pidió reserva de su nombre.

También se afecta a la justicia y a las arcas de la Nación, por cuanto las víctimas de los falsos testigos pasan largos meses en la cárcel y otros, incluso, alcanzan a ser condenados y gracias a las instancias de los jueces superiores, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, recobran la libertad.

La mayoría de los falsos testigos proviene de las Farc, de los diferentes bloques de las autodefensas, otros grupos armados al margen de la ley y también de ciudadanos que, incluso se hacen proteger por la misma Fiscalía “como testigos estrellas” en sonados procesos.

La fuente del ente acusador consultada por EL NUEVO SIGLO explicó que “cuando se recibe un testimonio se debe hacer un análisis profundo frente a la persona, cuáles son sus generales de Ley, de dónde proviene, cuál es el conocimiento directo o indirecto de los hechos y analizar detalladamente todo lo que dice, precisamente, para evitar caer en errores”.

“Con todo este proceso se busca que este testimonio en asocio de los demás elementos materiales probatorios que se recaudan por parte de la Policía Judicial, los investigadores de la Fiscalía, sean analizados de manera conjunta y así establecer la teoría de un caso para llevarla inicialmente ante un Juez con Funciones de Control de Garantías y luego ante un Juez de Conocimiento”, señaló.

El portavoz dijo que si la Fiscalía establece que el testigo falta a la verdad procesal, entonces le imputa los delitos de falso testimonio, fraude procesal y delitos conexos.

Precisó que el mayor número de casos se registra en los procesos de parapolítica y en causas en las que se han visto involucrados los desmovilizados de los grupos de autodefensas, de las guerrillas de las Farc  y otros grupos armados al margen de  la ley y simples ciudadanos.

“No necesariamente son personas particulares sino que son miembros de los grupos armados al margen de la ley que se han dado a la tarea de recaudar información consignada en los medios de comunicación, es decir, en la prensa, la radio, la televisión y portales de Internet, para crear unas circunstancias de tiempo, modo y lugar para involucrar a políticos, a gente reconocida a nivel nacional e internacional, en hechos en los que realmente no participaron”, explicó el portavoz oficial.

Agregó que “aquí tenemos casos de ex insurgentes y guerrilleros de las Farc que han participado y de grupos de autodefensas y podemos informar que inicialmente son indiciados, procesados e incluso condenados por incurrir en los delitos de falso testimonio y fraude procesal”.

Alto costo

El vocero oficial señaló que el “alto costo por los falsos testigos no solamente es para la Fiscalía porque, en primer lugar, el más afectado es la víctima, una  personal natural, porque sufre una merma, un deterioro que va enmarcado dentro de su vida, honra, su buen nombre, su familia e incluso su derecho a la libertad”.

“Después de estar afectada la víctima como persona natural, también se ve afectada la administración de justicia y no debe verse solamente como que son los jueces y los magistrados y los fiscales, porque también están involucrados los servidores de Policía Judicial, los peritos y en general todas las personas que intervienen en un proceso penal, porque todos son intervinientes y son parte del proceso y toda esta causa le genera una alta erogación a la Nación”, expresó.

Y añadió: “decirles a los lectores de EL NUEVO SIGLO que un  proceso vale cinco, diez, $50 millones no es cierto, porque todos los casos son distintos y a pesar que la honra, la libertad y otros derechos fundamentales para todo el mundo son iguales, existen otras circunstancias que pueden tener un costo mayor”.

Aclaró que “una vez se establece el falso testigo, se surte un proceso de revisión, que también lleva su tiempo, siempre en busca de resarcir los daños y perjuicios ocasionados a una persona frente a la incriminación sin ningún sustento jurídico, pero es muy difícil dejar en limpio el nombre de una persona, porque como dice el dicho calumnia… calumnia que de la calumnia algo quedará…”.

Las condenas contra los falsos testigos pueden llegar hasta los 12 años privados de la libertad y con ello “se busca que otras personas no incurran en esos delitos, porque tarde o temprano la verdad sale a flote”.

Elevada cifra

En estos momentos hacen tránsito más de tres mil procesos contra falsos testigos y otras causas criminales han terminado en sentencias condenatorias, entre ellas la de Wilmer Delancy Vergara Garzón, desmovilizado de la AUC, que fue condenado a cinco años de prisión y al pago de $77 millones de multa por incurrir presuntamente en  los delitos de falso testimonio en concurso con fraude procesal.

Los hechos ocurrieron cuando denunció falsamente que la guardia carcelaria de Valledupar, en el Cesar, había planeado cometer un atentado contra el senador Iván Cepeda.

Otra condena cobija a Diego Fernando Hernández Tejos, alias Carlos, condenado a tres años de prisión en establecimiento carcelario por incurrir supuestamente en el delito de falso testimonio rendido en contra del entonces  vicepresidente Angelino Garzón. La sentencia fue proferida por un juez de conocimiento luego de que Hernández Tejos aceptara los cargos imputados por el Fiscal Tercero Especializado adscrito al Grupo de Investigación a Falsos Testigos.

Otros casos de falsos testigos conocidos a nivel nacional están relacionados con la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de Los Andes; contra el desmovilizado cabecilla del Bloque Calima de las autodefensas, Armando Lugo, alias El Cabezón, por delitos de fraude procesal y falso testimonio.

De acuerdo con el ente acusador, el exparamilitar, quien ha rendido testimonio en varios procesos contra congresistas, no merece credibilidad y por el contrario, “estando privado de la libertad, creó una estrategia criminal para extorsionar a diferentes políticos a cambio de favorecerlos con sus declaraciones”.

Explicó el ente acusador que la investigación surgió tras el envío de copias del proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia, en la que daba cuenta de que las versiones entregadas por el presunto falso testigo no correspondían a la verdad, cuando señaló en el 2007 al senador Luis Fernando Velasco como supuesto determinador de dos homicidios en el Cauca. Por este proceso, el máximo tribunal decretó un auto inhibitorio.

Entre las víctimas de los llamados falsos testigos se encuentran, entre otros: la exrepresentante liberal Gemma Rojas; la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez; el exdiputado Sigifredo López y el senador Alexánder López.

Pero también, un fiscal del Eje de Falsos Testigos archivó una investigación en favor de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, excabecilla de las Auc dentro de un proceso que le inició a raíz de la denuncia que en su contra presentó el general en retiro de la Policía, Flavio Eduardo Buitrago.

Aseguró que “cualquier persona, sin importar que tenga una connotación política o funcionario del Estado, comerciante, empresario y ganadero, también es víctima del falso testigo, es decir, nadie escapa a este flagelo”.  

Bogotá tiene una asignación de casi 300 procesos, pero a nivel nacional hacen tránsito más de tres mil causas criminales en fiscalías que conocen de los delitos de falso testimonio, porque se trata de un delito que afecta a la administración  de justicia.

Explicó el portavoz del Grupo de Trabajo que “también los falsos testigos pueden acceder a los beneficios de Ley que les permite obtener una rebaja hasta en un 50% de su condena, al principio de oportunidad y a la firma de un preacuerdo o una negociación con la Fiscalía en los mismos términos que establece el Código de Procedimiento Penal para estos eventos”.

El vocero oficial pidió a los ciudadanos que “cuando se consideren víctimas de un falso testigo deben denunciar aportando las pruebas correspondientes, porque es necesario fortalecer la administración de Justicia”.

“La administración de justicia es ejercida y determinada por profesionales del derecho que son seres humanos que pueden incurrir en errores, esos errores no necesariamente pueden ser intencionales sino que pueden obedecer a un caso fortuito, una fuerza mayor, puede haber un convencimiento errado en la apreciación de una prueba “, señaló.

Aclaró que “los funcionarios, fiscales y jueces,  pueden apreciar erradamente una prueba, por la existencia de otros elementos que acompañan a un falso testigo y ese acompañamiento está inmerso o lleno de engaños que pueden afectar el conocimiento de un Fiscal o de un Juez de la República en el momento de tomar decisiones”.

Aseguró que “con los falsos testigos se desvían las investigaciones y hacen perder la columna vertebral de una causa criminal y por esta razón los funcionarios judiciales deben ser cuidadosos, meticulosos y estar abiertos a las variantes e hipótesis de un proceso criminal  y por supuesto analizar minuciosamente la versión de un testigo para establecer su credibilidad y aportes sustanciales al proceso y no caer en errores”.

Acotó que “el Fiscal y el Juez deben  analizar cada una de las versiones de los testigos, cotejar y llegar a la verdad, evitando el desvío de la causa criminal y los graves perjuicios a la administración de justicia con los falsos testigos”.

Agregó el vocero del Grupo de Trabajo para la Investigación del Delito de Falso Testimonio y Delitos Conexos que la mayoría de las víctimas de los falsos testigos instaura millonarias demandas contra la Nación, lo que significa un grave deterioro en el presupuesto nacional que tarde o temprano redunda en los ingresos de cualquier colombiano.