Desde que iniciaron las protestas contra el presidente Nicolás Maduro el 1 de abril, se han registrado 2.977 arrestos, de los cuales 197 por órdenes de tribunales militares, denunció este martes la ONG Foro Penal Venezolano.

Al menos 1.351 personas siguen encarceladas, dijo en rueda de prensa Alfredo Romero, director de la ONG, indicando que, en el total de detenidos, se cuentan 316 mujeres y 196 menores de edad.

Alonso Medina, abogado de la organización de derechos humanos, aseguró por su parte que 355 civiles han sido juzgados por tribunales militares, y de ellos 197 fueron enviados a prisión.

"La estructura de la justicia militar está subordinada al Ejecutivo, lo que violenta los principios fundamentales del derecho. Es una situación propia de regímenes que son netamente dictatoriales", señaló.

Las manifestaciones, que exigen elecciones generales para la salida del presidente del poder, ya dejan 60 muertos y más de un millar de heridos, según la Fiscalía. 

Foro Penal contabiliza 69 muertos, pero incluye a varios que fallecieron en saqueos o por accidentes con barricadas que bloqueaban vías. La ONG atribuye 49 muertes a hechos ocurridos directamente en protestas.

La oposición promete una "escalada" en sus movilizaciones, ante la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente que se elegirá en julio y que, aseguran los opositores, busca perpetuarlo en el poder. 

Los adversarios de Maduro consideran que la iniciativa es "fraudulenta", pues parte de los asambleístas que reformarán la Constitución serán propuestos por sectores sociales sobre los que, aseguran, el gobierno ejerce gran influencia. Además, critican que no se haya consultado la iniciativa en referéndum.  

"El Foro Penal está en contra de una Constituyente unilateral, basada en el abuso del poder sin que el pueblo decida si la quiere o no", afirmó Romero.

El abogado denunció que en el control de las manifestaciones, además del uso de bombas lacrimógenas, chorros de agua a presión y balas de goma, los cuerpos de seguridad "están disparando" fragmentos de vidrio, lo que consideró una violación de los derechos humanos.