Gracias a los procesos de reorganización empresarial que pretenden, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos que se iniciaron en Colombia en 2007 el número de empresas que desaparecen del espectro económico han bajado sensiblemente en los últimos años.

Según la Superintendencia de Sociedades durante 2016 las causas más frecuentes de las empresas en el país para entrar en la reorganización a través de la entidad tienen que ver con dificultades por endeudamiento, problemas de orden laboral administrativo y financiero, la devaluación y la baja en las ventas.

Los datos de la entidad de vigilancia indican que durante 2016 se presentaron a proceso de reorganización 264 empresas, lo que muestra una disminución de 4% frente a las 277 que buscaron salvación en 2015.

Actualmente, según Supersociedades hay 1.401 empresas en proceso de reorganización.

Se podría decir que el bajo desempeño de la economía colombiana durante los últimos años ha sido uno de los disparadores para que el número de empresas que se presentan a procesos de reorganización, que se nota en la baja de las ventas un indicador que debe ser alto para la sobrevivencia en el mercado.

Además el comportamiento volátil de algunas variables externas que afectaron varios sectores económicos, entre los que se destacan la construcción, el acero, agropecuario y los hidrocarburos.

Para los analistas, factores como la volatilidad de la tasa de cambio, la eliminación de incentivos para el sector petrolero, demoras en la expedición de licencias ambientales a las empresas operadoras y grandes inversiones apalancadas con crédito externo motivaron la crisis de muchas empresas vinculadas con esta actividad económica.

Famosos en problemas

Durante 2016 marcas tradicionales en el mercado colombiano tuvieron que entrar a procesos de reorganización ante la Supersociedades para salvar su permanencia.

Marcas como Everfit, Pizza Pizza, TGI Friday’s, Ssangyong Motor Colombia S.A, Spring Step, Pacific, Busscar de Colombia y Conalvías, están en este procedimiento, mientras continúan, en la mayoría de los casos, prestando sus servicios a la sociedad.

Una empresa emblemática en la moda Colombiana es Everfit, tradicional en la fabricación de tajes para hombre que entró en reorganización empresarial ante el cierre de la división de lana de su único proveedor, Fabricato, lo que obligó a importar la materia prima, que a causa de la devaluación sufrida en gran parte del año afectó su balance financiero.

Otra de las empresas cercanas a los colombianos es Spring Step, que fue aceptada en reorganización por parte de la Supersociedades para preservar la compra, venta, consignación, distribución, importación y exportación de toda clase de productos de cuero, que es su objeto social. Sus obligaciones vencidas a más de 90 días a julio 31 de 2016 eran superiores a los $40.900 millones, según los reportes presentados ante la entidad de vigilancia.

Busscar de Colombia fue otra de las empresas, que son conocidas por el común de la gente y que tuvo que acudir al salvamento por parte de las autoridades. tiene obligaciones vencidas por más de 90 días por la suma de $69.154 millones, valor que representa el 57,56% del total del pasivo”.

“Adicionalmente la compañía se encuentra en cesación de pagos de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1116 de 2006”, señaló Supersocedades.

Adicionalmente, el documento precisa que dicha ley, conocida como de ‘insolvencia’, “determina que la cesación de pagos se origina cuando las deudas vencidas por más de 90 días, representan más del 10% del pasivo total de la sociedad”.

Busscar es considerada una de las más importantes empresas fabricantes de carrocerías para buses en Colombia, el mercado ha presentado una reducción importante en los últimos dos años.

Esta situación ha afectado notablemente sus ventas y por ende los niveles de producción y los márgenes de rentabilidad del negocio, según lo informaron los representantes de la sociedad.

A lo anterior se suma que la banca nacional ha suspendido la financiación de nuevas inversiones en materia de flota por cuenta de la debilidad de algunos sistemas de transporte masivo.

“En ese contexto los pocos nuevos proyectos que se vienen dando están siendo financiados por entidades financieras del exterior pertenecientes a los fabricantes de chasis”.

Problemas entre accionistas

Desde la creación y puesta en marcha de la Delegatura de Procedimiento Mercantiles, la Superintendencia de Sociedades se ha convertido en el principal centro de resolución de conflictos societarios del país.

Así lo aseguró el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, tras revelar un informe en el que se evidencia que en este periodo se tramitaron 1230 demandas con temas como conflictos societarios, disputas entre socios, impugnación de decisiones sociales, oposición de decisiones de la asamblea o la junta directiva y desestimación de la personalidad jurídica, levantamiento del velo corporativo para que los accionistas respondan con su patrimonio.

Solo en 2016 se registraron 411 demandas societarias, cifra que muestra un crecimiento del 31% frente al número reportado en 2015 cuando se iniciaron 313, explicó la delegada de Procedimientos Mercantiles, Silvana Fortich.

El reporte muestra además en 2012, fecha en que inició la Delegatura, se presentaron 50 casos, en 2013 llegaron 184 y en 2014 lo hicieron 272, lo que muestra como el empresariado confía en la celeridad que le imprime la Supersociedades a la resolución de este tipo de disputas, agregó Reyes Villamizar.

Entre los casos más emblemáticos que ha atendido está dependencia están Alejandro Orjuela contra KPMG, RCN Televisión S.A. contra Media Consulting Group SAS, Finagro contra Mónica Semillas y más recientemente Jorge Enrique Robledo contra Uber Colombia S.A.S, Organización Sanitas Internacional contra Roberto Cocheteux.

De acuerdo con las estadísticas el tiempo promedio de resolución de los casos es de 5,6 meses (168 días). Esto es 7 veces más rápido que en la justicia ordinaria, que registra un promedio de 1.288 días y 3 veces más que en la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que según informes alcanza los 529 días.

Incluso, según el informe, la celeridad de la degelatura en estos trámites supera el promedio registrado en Estados Unidos donde un proceso de similares características puede tardar en promedio 370 días.