Este sábado se cumplen 25 años del crimen del destacado periodista y director en ese momento del periódico El Espectador Guillermo Cano. Todo este tiempo no ha sido suficiente para que la Justicia halle a los responsables, convirtiéndose en un caso más de los magnicidios que continúan en la impunidad, como ha sucedido con Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán.

Este crimen estuvo a punto de prescribir de no ser porque en julio de 2010 fue declarado por la Fiscalía como delito de lesa humanidad, dando la posibilidad de que la investigación se mantuviera para dar con los responsables de planear y ordenar atentar contra la vida de Cano, quien, al frente de este Diario, mantuvo una firma actitud contra el narcotráfico.

Si bien la declaratoria de delito de lesa humanidad no dejó que la investigación fuera cerrada, tampoco hay avances en el caso hasta el momento. Según El Espectador, en estos 17 meses que han transcurrido desde esta decisión de la Fiscalía, la única diligencia adelantada se reduce a unas rogatorias a Estados Unidos con el fin de que la Fiscalía pueda acceder en calidad de testigo al extraditado Félix Antonio Chitiva Carrasquilla.

El interés de la Fiscalía en este sujeto, que fue extraditado en 2002 sindicado de pertenecer a la organización delincuencial de los hermanos Mejía Múnera, radica en que un testigo lo señaló de conocer sobre varios magnicidios pues, presuntamente, habría participado en una colecta del Cartel de Medellín para atentar contra los promotores de la extradición.

Sin embargo hasta el momento las intenciones de la Fiscalía de contactar a Chitiva han sido infructuosas porque terminó de pagar su condena en 2008 y las autoridades del país del norte no saben de su paradero.

Sabotaje a la investigación

La investigación apunta a que el Cartel de Medellín y su máximo jefe Pablo Escobar ordenaron la muerte del destacado periodista por su férreo rechazo al narcotráfico.

Incluso el 2 de septiembre de 1989, tres años después del crimen de Cano, un carro bomba destruyó las instalaciones de El Espectador, atentado que fue atribuido a Pablo Escobar en un momento que el capo y su organización delincuencial intentaban a punta del terror arrodillar al Estado colombiano por su decisión de adoptar la extradición de los narcotraficantes.

Desde sus escritos Cano no se fue por las ramas e incluso con nombre propio denunció las actividades de los narcos y su plan para infiltrarse en la política colombiana.

El 6 de noviembre de 1983, escribió en su columna Libreta de Apuntes: “Hace más de una semana que la Cámara de Representantes, a pesar de iniciales vacilaciones y dilaciones, levantó la presunta inmunidad parlamentaria que dizque protegía al individuo Pablo Escobar Gaviria, en mala hora elegido suplente a la Cámara Baja en papeleta con su protegido, el señor Jairo Ortega.

El susodicho individuo Escobar Gaviria está sub júdice por narcotráfico y sindicado por la justicia de Colombia como presunto autor intelectual, en unión de su primísimo Gustavo Gaviria, de la muerte violenta de dos agentes de seguridad al servicio de la República”.

Los violentos cortaron la pluma de Cano el 17 de diciembre de 1986, cuando salía del periódico tras cumplir un día más de trabajo como su director.

Sicarios en moto se acercaron a la camioneta familiar en la que viajaba el periodista de 61 años de edad rumbo a su hogar, y con una ráfaga de metralleta lo asesinaron.

Luego desaparecieron del lugar aprovechando la siempre presente congestión vehicular en esa zona del occidente de Bogotá.

La investigación arrancó a partir del número de matrícula de la motocicleta (FAX84) que suministró un ocasional testigo.

Con este dato los investigadores ubicaron el almacén en donde había sido adquirido el vehículo y conocieron los nombres de sus compradores.

Uno de ellos fue identificado como Álvaro García Saldarriaga, pero cuando las autoridades ubicaron su paradero en el municipio de Palmira (Valle), ya había sido asesinado, al igual que dos conocidos suyos, que posteriormente testigos los identificaron como los hombres que rondaron las instalaciones de este periódico unos días antes del crimen de Cano.

Entonces, los investigadores centraron su atención en la cuenta corriente de la que había sido girado el cheque para comprar la moto. De esta forma se descubrió que el dueño del vehículo era Luis Carlos Molina, quien manejaba negocios de finca raíz, cambio de moneda extranjera, cheques, importación de licores y transacciones de ganado. Este sujeto, según las autoridades, operaba como una especie de banquero del Cartel de Medellín.

En 1988 Molina fue detenido y vinculado al crimen del periodista, pero cuando era conducido a su primer interrogatorio se fugó sin que volviera a ser encontrado.

Un rastreo a las cuentas de Molina permitió establecer que tenía negocios con Pablo Escobar y dos primos de éste: Carlos Alberto Gaviria Vélez y Gustavo Gaviria Rivero.

En 1995 se produjeron las únicas sentencias en la investigación del crimen del periodista. Fue condenado a 25 años un individuo que nunca apareció y Molina, que seguía prófugo. La madre de uno de los sicarios, Álvaro García, fue condenada a un año por prestarse a consignar el dinero de la compra de la moto.

La investigación del caso Cano ha estado plagada de hechos de sangre para evitar que avance. Al asesinato de los presuntos sicarios, se sumó en 1989 el crimen del abogado Héctor Giraldo; luego, poco tiempo después, fue asesinada la jueza Consuelo Sánchez, quien ordenó el rastreo de las cuentas de Molina y cerró la investigación acusando por el crimen al narcotraficante Pablo Escobar y a su red de sicarios.

Posteriormente, el 16 de agosto de 1989 fue asesinado el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia, quien había confirmado la resolución de acusación en contra de Escobar.

Ya en etapa de juicio este expediente llegó a manos de la jueza de Medellín Myriam Rocío Vélez, quien una vez más ratificó la decisión y también fue asesinada, el 18 de septiembre de 1992.