NO EN pocas ocasiones se ha advertido que uno de los flagelos más complicados en Colombia es la gran cantidad de leyes, decretos y otro tipo de directrices de distinto nivel que se expiden diariamente. Es lo que los expertos han dado en llamar “hiperinflación normativa”.

 

En nuestro país no en pocas ocasiones se han aplicado medidas para combatir esta situación. En el Congreso, por ejemplo, se han tramitado proyectos de “depuración normativa” con el objetivo de derogar y anular definitivamente leyes que ya perdieron vigencia, que por arcaicas el aspecto que regulaban desapareció o porque simple y llanamente fueron derogadas en gran parte por legislaciones más recientes.

 

El último gran esfuerzo en ese sentido se dio, precisamente, el mayo del año pasado, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó 21 Decretos Únicos Reglamentarios que simplificaron la base normativa y eliminaron casi 10 mil normas dispersas que estaban vigentes, algunas de ellas desde hace más de un siglo.

"Hemos damos un paso trascendental en la simplificación y unificación de la normatividad reglamentaria en nuestro país y además, por consiguiente, para la seguridad jurídica, que es tan importante para nuestros ciudadanos y también para los inversionistas extranjeros", explicó entonces el Jefe de Estado.

 

Para ello, las oficinas jurídicas de cada ministerio, departamento administrativo y entidad rectora de cada sector oficial compilaron la totalidad de las normas vigentes en un solo Decreto Único Reglamentario. Ese proceso implicó, entonces, la revisión de cerca de 10 mil decretos que estaban vigentes y la compilación final de un poco más de 1.400.

 

La base de todo este proceso fue un documento Conpes de Mejoras Normativas, de octubre de 2014, siendo ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, cuyo objetivo fue avanzar en la simplificación y depuración normativa, con el fin de facilitar al ciudadano el conocimiento de los marcos legales que rigen cada sector así como agilizar el ejercicio administrativo, además de darle mayor seguridad jurídica al país.

 

Por ejemplo, en el sector del Ministerio de Minas y Energía se compilaron 150 decretos en uno solo de 633 páginas.

 

Para evitar que se repita esa dispersión, el modelo aplicado estableció que la compilación y unificación debe ser permanente, es decir, que cada reforma o nueva disposición se incorporará al correspondiente decreto único, para que siga siendo la única fuente de consulta.

 

Según indicó la Presidencia en mayo pasado, sólo quedaban pendientes las normas del Ministerio de Salud y Protección Social, y en general los temas de seguridad social, tributarios y aduaneros, materias que –por su complejidad– requerían de más tiempo de análisis y trabajo. Se proyectó que ese proceso terminaría a finales de 2015, sin que hasta el momento se conozca un resultado global de esta segunda parte del proceso de depuración y simplificación normativa, salvo temas como el nuevo Estatuto Aduanero, presentado recientemente por el Gobierno.

 

¿Y este año?

EL NUEVO SIGLOhizo una revisión de cómo viene evolucionando la expedición de decretos en este año, y para ello consultó con la base de datos de la página web de la Presidencia de la República, en donde por mandato legal deben publicarse todas las normas de este rango que son expedidas con la firma del Jefe de Estado y los ministros del área correspondiente a la nueva norma.

De esa revisión se concluye que entre el 1 de enero y hasta este jueves 7 de abril se han expedido un total de 243 decretos. Febrero, con 114, fue el mes con más normas nuevas, seguido de marzo, con 70, y enero con 54. En lo corrido de este mes, ya son 5 las dictadas.

 

Obviamente esos 243 decretos versan sobre los más diversos temas, algunos relacionados con programas gubernamentales banderas como vivienda gratuita, jornada única, uso racional de energía, el proceso para la conformación de la terna para Fiscal General, la nueva institucionalidad del sector agrícola, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la publicación del proyecto de ley para crear “zonas de ubicación” de la guerrilla en medio de un cese el fuego o la misma convocatoria del Congreso a sesiones extras para tal fin.

 

Algunos de los decretos son para trámites meramente formales. Por ejemplo, son varias las normas que se refieren a cumplimientos por parte de la Presidencia de la República de fallos disciplinarios contra exgobernadores y mandatarios seccionales actuales. Igual se puede decir de los relativos a designaciones en Cámaras de Comercio, cargos diplomáticos o de planta en la Cancillería, autorizaciones de envíos de funcionarios en misión al exterior, nombramientos de mandatarios, funcionarios o ministros ad hoc o en calidad de encargados. También los hay sobre retiro de generales, insubsistencias y reemplazos de notarios, aceptación de renuncias, modificación de plantas de personal, ajustes presupuestales, convenios internacionales y adopción de estatutos institucionales. Y son muchos los decretos relacionados con aumentos y regímenes salariales a empleados de distintas dependencias oficiales, escalas de viáticos, compensaciones y primas…

 

 

Hiperinflación normativa

Como se ve, es tal la cantidad de decretos que se expiden en este Gobierno que casi se llega al promedio de tres por día este año, contando de domingo a domingo.

 

Si bien nadie discute que la expedición de ese gran número de normas corresponde al cumplimiento de lo mandado por las mismas normas legales y constitucionales, lo cierto es que una gran parte de los objetos de esos decretos corresponde a temas menores, de simple y formal trámite, que bien podría buscarse otro tipo de categoría normativa para darles curso.

 

Acudir al estatus de un decreto para autorizar un traslado de personal o aceptar una renuncia, es a todas luces ilógico. Y así pueden citarse muchos ejemplos. No se trata sólo de combatir la hiperinflación normativa en Colombia, sino que evitar que, a futuro, se insista en el mismo camino. Hablar de 243 decretos en apenas 98 días de 2016 no parece estar enmarcado en la política de evitar la dispersión normativa, eso es claro.