Más de medio siglo de violencia en el país recoge el informe ‘¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad’, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre un conflicto que arrancó por razones políticas y sociales, y que con el paso del tiempo se ha degradado hasta una ferocidad inimaginable, afectando principalmente a la población civil. El estudio señala que entre 1958 y el año pasado, esta guerra ha cobrado la vida de aproximadamente 220 mil personas.
Este informe es el resultado de seis años de trabajo investigativo sobre el conflicto armado y las memorias de las víctimas de la guerra colombiana, por lo que se constituye en uno de los más completos documentos publicados sobre esta triste página de la historia nacional.
Este informe responde al cumplimiento del artículo 51 de la Ley 975 de 2005, ratificado y prorrogado en el Decreto 4158 de 2011, los cuales hacen responsable al Centro Nacional de Memoria Histórica de entregar al país un documento que aporte a la comprensión del origen, la magnitud y las transformaciones del conflicto armado.
En ese sentido el estudio resalta que la memoria se ha convertido en un instrumento para asumir o confrontar el conflicto o para ventilarlo en la escena pública, más teniendo en cuenta, dice, que Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia.
Dada la dimensión y la complejidad que implica la tarea del esclarecimiento histórico de las causas de la guerra en el país, el Grupo de Memoria Histórica optó por documentar los casos más emblemáticos.
Una guerra degradada
El conflicto armado colombiano es uno de los más prolongados y sangrientos en la historia contemporánea de Latinoamérica, indica el informe. La investigación del Grupo de Memoria Histórica concluye que en este conflicto se ha causado la muerte a cerca de 220 mil personas entre el 1° de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Esta escalofriante cifra es como si desapareciera la totalidad de la población de ciudades como Popayán o Sincelejo.
El 81,5% de ese número aproximado de víctimas corresponde a civiles, en tanto que el 18,5% a combatientes, es decir que 8 de cada 10 personas muertas en el marco del conflicto eran civiles.
Esto se explicaría porque además de que la población civil ha quedado en medio del fuego, la investigación indica que “todos los actores armados han incorporado el ataque a la población civil como estrategia de guerra, sin embargo las modalidades de violencia empleadas y la intensidad de su accionar difieren según las evaluaciones que cada actor hace de su territorio, del momento de la guerra y de las estrategias que despliega”.
Añade que la reconstrucción de los casos emblemáticos estudiados por el Grupo de Memoria Histórica “muestra que guerrilla, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública recompusieron y ajustaron sus prácticas de violencia de acuerdo con los cambios en las lógicas de la guerra y en los objetivos que cada uno de estos grupos perseguía”.
Así los paramilitares estructuraron un repertorio de violencia basado en las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, a los asesinatos selectivos, los ataques contra los bienes civiles, los atentados terroristas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado.
Añade el informe que la violencia de la Fuerza Pública “se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza”.
Orígenes y crecimiento
El estudio sitúa varios periodos en la evolución del conflicto armado en Colombia, el primero de ellos entre 1958 y 1982, que marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizado por la proliferación de guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.
Agrega que el segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los paramilitares, “la crisis y colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico”.
El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral del recrudecimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de la guerrilla y de los paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado.
El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodamiento del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficacia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando a la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente.
“Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico”, dice.
Guerra y justicia
El informe indica que una de las particularidades más notorias del conflicto armado colombiano es la importancia de la relación que existe entre guerra y justicia.
En ese sentido señala que así como la presencia territorial de la justicia ha cambiado, también la relación entre la justicia y la guerra lo ha hecho en el tiempo. Al respecto explica que en la historia reciente del país, la justicia ha tenido impactos diferenciados sobre la dinámica del conflicto armado. A través de cambios en los criterios de judicialización y los patrones efectivos de juzgamiento, la justicia ha generado incentivos que contribuyen o bien a reproducir el conflicto armado (ejemplo de ello es la impunidad con delitos de alto impacto cometidos en zona de conflicto armado, que hace que allí la probabilidad de castigo sea muy baja y que por tanto un buen número de personas opte por la ilegalidad) o bien a detener algunas de sus dinámicas, como es el caso de las investigaciones judiciales de las alianzas entre políticos y paramilitares llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia.
Dice también que la justicia ha tenido impactos en los comportamientos estratégicos de los actores armados. “Así, por ejemplo, en el caso del repertorio de la violencia del paramilitarismo, el paso de las grandes masacres a las acciones más selectivas y de menor envergadura, además de adaptarse mejor a los intereses de consolidación de un territorio ya relativamente conquistado, se ajustaba también a un esfuerzo de invisibilización de la violencia ante las categorías del Derecho Penal Internacional incluidas en el Código Penal del 2000”.
En la dirección inversa, añade el informe, la dinámica del conflicto armado también ha producido impactos sobre el sistema judicial. Al respecto explica que en algunos periodos ha sido claro que ciertos grupos armados han recurrido a la estrategia de victimizar a funcionarios judiciales, ya sea por su pertenencia al sistema judicial o por casos selectivos en los cuales participaban.
Impactos y daños
La violencia prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, familiares, comunidades y organizaciones e instituciones públicas, como para el conjunto de la sociedad colombiana, indica el estudio.
En este sentido el Grupo de Memoria Histórica dice que en casi todos los lugares en donde adelantó su trabajo, las víctimas refirieron al miedo como la emoción más constante. La llegada de hombres armados a sus corregimientos u hogares instaló la zozobra día y noche.
La presencia de retenes militares de la Fuerza Pública y de grupos armados ilegales hizo que la población se sintiera insegura de movilizarse por sus territorios: la gente temía ser indagada, detenida, torturada o asesinada por los armados que solían interrogar y juzgar en las carreteras.
Añade el Grupo de Memoria Histórica que la violencia no solo afecta el mundo emocional y psicológico de las víctimas, sino que además causa profundos daños morales, entendidos como toda modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas preocupaciones o en estados de aguda irritación.
Dice también que los afrocolombianos e indígenas han sido los más violentados en el marco del conflicto. En este punto, citando a Acnur, señala que los indígenas representan el 3,4% de la población desplazada interna, para un total de 106.562 personas desplazadas entre 1997 y 2011. En tanto que el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas asegura que entre 1996 y 2009, 1.190 indígenas fueron asesinados.
Así mismo indica que para los pueblos indígenas y afrocolombianos el territorio es la base de su existencia como sujetos colectivos, por lo que los daños al territorio ponen en peligro la existencia de estas comunidades.
Memoria
Entre el año 2008 y 2012 el Grupo de Memoria Histórica recopiló cientos de testimonios en todo el país sobre diversos eventos del conflicto armado.
En este sentido reseña que la lista de las víctimas de la masacre de Trujillo (Valle) incluye a 10 personas víctimas que murieron por pena moral debido a la desaparición, tortura y asesinato de sus seres queridos. Todas ellas están reconocidas en el Parque Monumento de Trujillo, que honra la memoria de las víctimas de la masacre.
Uno de esos miles de relatos dice que “me tocó ver al papá de los Vargas (dos ebanistas torturados y desaparecidos en 1990) sentado en una banca del parque, en la que queda frente a la Alcaldía. Le preguntaban: ‘¿y usted qué hace aquí, sentado todo el día? Mire que va a llover, que está haciendo frío, ya está de noche’. ‘Estoy esperando a mis hijos, siento que en algún momento van a llegar’. Así murió, de pena moral, y se pasó muchos días, mañana, tarde y noche. Eso destruye al que lo está viviendo como al que lo está escuchando”.
N° masacres por actor armado (1980-2012)
Grupos paramilitares 1.166
Guerrilleros 343
Fuerza Pública 295
Grupo no identificado 158
Fuente: Grupo de Memoria Histórica