22 hallazgos fiscales en La Guajira reveló la Contraloría | El Nuevo Siglo
Jueves, 18 de Febrero de 2016

Un total de 22 hallazgos con presunta connotación fiscal por valor de $23.564 millones de pesos, determinó la Contraloría General de la República en las auditorías que adelantó en 2015 evaluando el manejo de los recursos de regalías en el departamento de La Guajira.

 

El hallazgo con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía durante el primer semestre de 2015, por $1.713 millones, se detectó en el municipio de Manaure, por la construcción de acueducto y alcantarillado para el barrio Villa Sara y adecuación de las lagunas de estabilización del municipio.

 

Las obras contratadas allí no cumplieron con los fines propuestos para beneficiar la comunidad, al no suministrar el servicio de agua potable, y encontrarse en estado de abandono.

 

En el municipio de Hatonuevo, sobresalen dos hallazgos con presunta connotación fiscal, que ascienden a $1.853 millones. La mala calidad de obra en la pavimentación estratégica de vías urbanas, dio lugar a un hallazgo por $951 millones, seguido por  otro de $901 millones, por el mismo motivo, en una obra para el eje educativo cultural del Municipio.

 

Las auditorías realizadas en el departamento  de la Guajira en el segundo semestre de 2015 dieron como resultado 14 hallazgos con presunta connotación fiscal, por $19.868 millones.

 

El hallazgo de mayor cuantía en el segundo semestre, por $10.858 millones, se encontró en el municipio de Riohacha, por la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, que reportó falta de permisos ambientales y de requisitos en la Fase III del proyecto, así como actos expedidos por el Ministerio de la Protección Social que permiten concluir que la calidad del agua no es apta para el consumo humano.

 

El segundo hallazgo fiscal relevante para el segundo semestre de 2015, se presentó en el sector educación, por $3.865 millones, como resultado de la auditoría realizada a la Gobernación de la Guajira, por incumplimiento contractual de parte del interventor y soportes incompletos en el contrato 236 de 2013.