• Hacia un punto de inflexión electoral
• La creciente sensación de desgobierno

Si bien es cierto que para un país con una realidad tan accidentada como la de Colombia todo año que arranca viene cargado de grandes desafíos y problemáticas coyunturales y estructurales por resolver, este 2018 será uno especialmente lleno de retos de primer orden y decisiones que podrían marcar un punto de inflexión frente a lo que han sido las dos primeras décadas del siglo XXI.

En primer lugar, es un año electoral en el que el Congreso debe ser renovado y habrá cambio de timonel en la Casa de Nariño. Dos comicios que tienen la particularidad  de que no están amarrados a la posibilidad de reelección presidencial, algo que no ocurría desde 2006, cuando Álvaro Uribe optó por un segundo mandato y luego fue Juan Manuel Santos el que hizo lo propio en 2014. En cuanto a la elección del Legislativo, es claro que la corrupción y la politiquería han llevado a que la crisis de imagen y credibilidad del Senado y la Cámara sea de tal magnitud que no sólo los porcentajes de descalificación en las encuestas superan a los de las épocas aciagas del “proceso 8.000” y la parapolítica, sino que incluso en algún sondeo tuvo mejor favorabilidad la recién desmovilizada guerrilla de las Farc.

En lo relativo a la contienda presidencial, 2018 arranca con una amplia nómina de aspirantes y posibilidades de coalición, todo ello en medio de una campaña que todavía no tiene un horizonte despejado ni un mapa político medianamente delineado. Hay cerca de 14 aspirantes todavía en competencia pese a que faltan menos de cinco meses para la cita en las urnas. Un lapso ya de por sí escaso para que la ciudadanía, altamente polarizada, pueda enterarse, diferenciar y analizar lo que cada candidato propone, de cara a un voto informado y objetivo.

Otra de las particularidades de este año electoral es que el partido político creado por las Farc va a participar en los comicios parlamentarios y posiblemente en los presidenciales. En cuanto a los primeros ya tiene 10 curules aseguradas, pero la incógnita es la votación que logre. Y, sobre los segundos, todos los partidos y candidatos han prometido que derrotarán a esa colectividad de desmovilizados en la batalla democrática. Será, en consecuencia, todo un reto a la transparencia y seguridad electorales de lado y lado, y una prueba de fuego para un acuerdo de paz que tiene dividido al país. Y hay más: se trata de incursión en política que podría dificultarse en caso de que la Corte Penal Internacional considere que los márgenes de impunidad que permite la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) son intolerables.

Por otra parte, en vista de que el nuevo Congreso arranca en julio y el relevo presidencial será en agosto, es evidente que más allá del empalme, la mayor preocupación es cómo entregará el país el saliente Ejecutivo, que tiene un margen de maniobra política, económica, social e institucional muy estrecho y arrastra altos márgenes de desfavorabilidad, lo que ha redundado en una creciente percepción pública de desgobierno. El año arranca con una economía frenada, un duro campanazo de las calificadoras de riesgo, estrechez fiscal, menor recaudo tributario, un clima social alterado, desempleo en aumento e industria y comercio estancados… Igualmente, hay un peligroso avance de las disidencias de las Farc, una incesante escalada de asesinatos de líderes sociales, altibajos en la lucha contra la explosión de narcocultivos, así como bandas criminales y carteles peleando a sangre y fuego por territorios, a lo que se suma un proceso de paz con el Eln en medio de la incertidumbre. Asimismo, en un Congreso desprestigiado, con apenas tres meses de trabajo restante y sin mayorías visibles, la Casa de Nariño debe tratar de sacar adelante proyectos clave para la accidentada implementación del acuerdo de paz. Por lo mismo reformas de gran calado y urgentes como las pensional, judicial, política, minero-energética y otras ya son tareas del próximo gobierno, que tendrá una corta legislatura de entrada para semejante cantidad de retos legislativos.

Sin duda alguna otro de los grandes desafíos de 2018 será el de la recuperación institucional luego del impacto lesivo en los tres poderes públicos de los graves escándalos de corrupción de este año. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial resultaron altamente salpicados por negociados sin precedentes, como los sobornos de Odebrecht o el ‘cartel de la toga’. Las encuestas evidencian un alto grado de desconfianza ciudadana en las instituciones y revertir esa situación es una tarea urgente.

A la par de todo lo anterior hay otros grandes retos políticos como la suerte de la intentona de revocatoria del alcalde Bogotá, qué pasará con la consulta popular anticorrupción, el alud de consultas municipales sobre minería y petróleo, o el mismo cierre del proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, entre otros asuntos a resolver este 2018.

Como se ve, el año que arranca no será uno más ni los desafíos similares a los de antes. Hay retos de primer orden, inéditos, inaplazables, determinantes y, sobre todo, claves para definir cómo entrará Colombia en la tercera década de la centuria: si con un panorama despejado y una hoja de ruta delineada, o dando tumbos y apagando incendios día tras día. Todo ello estará en juego este 2018.

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