afluente y abre procesos disciplinarios
Graves omisiones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca frente a la problemática sanitaria y ambiental que presenta el río Suárez, que abastece el acueducto del municipio de Chiquinquirá, encontró la Procuraduría.
En informe técnico-jurídico, el órgano de control evidenció que la Corporación no ha impuesto medidas preventivas, ni dado trámite a los procesos sancionatorios ambientales como lo señala la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta la deficiente calidad del agua del acueducto, que no es apta para el consumo por la presencia de diferentes bacterias nocivas para el sistema gastrointestinal del ser humano.
A través de la Delegada para Asuntos Ambientales, el ente de control estableció que la gran mayoría de los propietarios, poseedores o tenedores de las fincas ganaderas y/o predios ubicados en el área de influencia del río, realizan vertimientos, captación de aguas y ocupación del cauce de manera ilegal.
El Procurador Delegado, Gilberto Blanco Zúñiga, explicó que en visita realizada el 30, 31 de mayo y 1 de junio, el Ministerio Público encontró varios impactos ambientales que generan la degradación ecológica que hoy presenta el río Suárez, entre ellos, desecación de los cuerpos de agua, deforestación, establecimiento de actividades ganaderas y minería.
En este sentido, la Procuraduría dio traslado de estos hallazgos para que se adelanten los procesos disciplinarios por omisión en el cumplimiento de funciones por parte de directores y trabajadores de la CAR, en el nivel central y las regionales Ubaté y Chiquinquirá.
Así mismo, requirió a la CAR para que en el término de 20 días, inicie los procesos sancionatorios ambientales en contra de los propietarios que estén realizando captación, ocupación y vertimientos en el río Suárez, desde el punto de nacimiento en la Laguna Fúquene, hasta el punto de captación de agua para el consumo humano que realiza la empresa Empochiquinquirá.
Además, la Procuraduría General envió a la Fiscalía copia de dicho informe para que investigue a quienes realizan los vertimientos y las captaciones de agua de manera ilegal y a los funcionarios con responsabilidad en la omisión del ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el concepto fue compartido con el Tribunal Administrativo de Boyacá con el objetivo que sea tenido en cuenta en la acción popular que se adelanta para el suministro de agua potable a la población de Chiquinquirá.