Los tratadistas y politólogos suelen dividir los mandatos de gobierno en tres periodos básicos. Uno, en el que todas los esfuerzos del gobernante entrante se basan en hacerle un corte de cuentas a la ‘herencia’, aplicar los correctivos más urgentes, conformar su nómina de colaboradores y asegurar su gobernabilidad para poder proceder, entonces, a sentar las bases de sus programas y énfasis.

Para el caso de los periodos cuatrienales este primer periodo bien puede durar entre 6 y 12 meses, aunque cuando la agenda de gobierno implica cambios de fondo o complejos, se puede extender incluso a 15 o 18 meses.

El segundo es el de la ejecución, pues ya cuenta con las herramientas propias para cumplir lo prometido en campaña. Este lapso se extiende desde el primer año largo de gobierno hasta los dos años y medio incluso. Es allí en donde se debe afincar la marca, estilo y eficiencia presidencial, cumplir las expectativas, pues ya no hay posibilidad creíble de seguir acudiendo a la excusa del “espejo retrovisor” para explicar deficiencias en la gestión actual.

Para el caso de Santos, a partir de enero de 2012 ya pasa a un segundo plano el ruidoso pero ya desgastado debate de cuán diferente es o no a Uribe. Se impone el reto de poner en marcha su visión de país, imprimir su marca y énfasis propios, cumplir las expectativas y responder al apoyo popular mayoritario que conserva tras 18 meses en el poder.

Este segundo periodo se diferencia del tercero por una sencilla razón: el último año de cualquier mandato presidencial está marcado y analizado bajo la óptica subjetiva y parcializada de la puja electoral para la respectiva sucesión o, como en el caso colombiano, la reelección. Además siempre va acompañado de las campañas para los comicios parlamentarios y los respectivos pulsos partidistas.

En ese orden de ideas, se puede decir que Santos tiene todo el 2012 y casi el primer semestre de 2013 para concretar resultados de sus programas y proyectos bandera en materia de reparación a las víctimas, restitución de tierras, vivienda, infraestructura, ajustes en salud, crecimiento económico o, incluso, en materia de política de paz, si llegase a abrirse un proceso con las guerrillas.

Estos 18 meses son, entonces, vitales, porque hay mediana garantía de que la coalición de Unidad Nacional no registrará mayores fisuras ni divisiones, más aún si continúa mediando en el país político la percepción de que Santos anunciaría a mediados de 2013 que sí buscará un segundo mandato.

Aunque el debate sobre la reelección arrancó tempraneramente y por más que Santos trate de congelar el tema hasta el próximo año, muchos analistas coinciden en que de lo que haga o no el Gobierno hasta junio de 2013 dependerá en gran parte la posibilidad de repetir en el cargo. El uribismo, la oposición y los propios partidos de la coalición saben que si llega a mediados del próximo año con índices de aprobación y favorabilidad superiores a 70 por ciento, competirle por el tiquete de la Casa de Nariño empezará a ser simplemente suicida, a menos, claro, que la violencia guerrillera, como ocurrió en los últimos dos comicios presidenciales, se vuelva a convertir en factor determinante para modificar el escenario político y electoral.