Alarma y estupefacción. Esas son apenas dos de las reacciones que producen las conclusiones de la investigación revelada ayer por el Departamento de Planeación Nacional (DNP) sobre el impacto económico y social del comercio de estupefacientes en pequeña escala.

Las cifras son impactantes por sí solas: en microtráfico se mueven al año 6 billones de pesos, equivalentes al 0,75 del PIB nacional. Se estima, igualmente, que en el país hay alrededor de 1,5 millones de consumidores de drogas, lo que significa que Colombia ocupa hoy el cuarto lugar en Suramérica en este aspecto, pese a que años atrás era uno de las naciones con menores índices de drogadicción en la región, aunque ya para entonces estaba en el top de productores de narcóticos. De igual manera, se estima que la demanda de cocaína en el mercado interno es de 4,3 toneladas. Se encontró, asimismo, que el volumen de recursos es distinto si se trata de narcotráfico a gran escala o de narcomenudeo: el primero mueve 20,5 billones al año y el segundo 6 billones, aunque en materia de rentabilidad gana el segundo. Se evidenció también que los principales mercados para el comercio de drogas al menudeo están en Cundinamarca, Valle, Antioquia, Magdalena y Santander, siendo las capitales las de mayor presencia de drogadictos, así como las zonas urbanas por encima de las rurales. Más cifras del estudio: el año pasado se incautaron cerca de 115 millones de dosis de sustancias ilícitas, principalmente de cocaína; se decomisaron en el mismo lapso 469,5 toneladas de cocaína, marihuana y basuco; igualmente las autoridades realizaron 174 mil operativos de incautación de drogas ilícitas; durante las mismas se identificaron 239 expendios y se capturó a 838 personas…

Al ser la primera vez que en Colombia se realiza una investigación de estas características, sus resultados son, sin duda, un insumo muy importante para un país que ha urgido en los últimos años que a nivel global se busque un nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico, bajo la tesis de que la estrategia marcadamente represiva evidenció su fracaso, ya que pese a los múltiples esfuerzos en materia de vidas y recursos, el tráfico de estupefacientes tiene una alta capacidad de mutación y resistencia. No en vano algunos de esos nuevos enfoques que se están estudiando y poniendo en práctica van dirigidos a que la problemática de las drogas se aborde preferencialmente como un problema de salud pública y no sólo desde el punto de vista estrictamente policivo y represivo.

Las conclusiones de este estudio se presentan en un momento clave toda vez que si algo han dejado claro las últimas sesiones de la Comisión Nacional de Estupefacientes, con el criterio a bordo del nuevo Fiscal General de la Nación, es la necesidad de ajustar la política nacional contra las drogas. No sólo en cuanto al debate en torno a las consecuencias y riesgos de la restricción de las fumigaciones aéreas a los narcocultivos, sino también frente a la estructuración misma de la estrategia que se aplica en Colombia. No en vano una de las medidas adoptadas en la más reciente reunión fue, precisamente, la de designar una  comisión que se encargue de construir una nueva matriz que contenga metas claras y ambiciosas para solucionar el problema de los sembradíos ilícitos en nuestro territorio que, como se sabe, se dispararon en los últimos dos años, con mediciones dispares que van desde 96 mil hectáreas hasta 159 mil hectáreas.

De igual manera es necesario que dicho nuevo enfoque se delinee lo más rápido posible, ya que el tema del narcotráfico es transversal a las negociaciones de paz con las guerrillas, como se evidencia en el respectivo punto en el acuerdo de La Habana y lo proyectado a discutir en la mesa con el Eln.

Pero también es urgente ese nuevo enfoque respecto a otro gran desafío del Estado que, al decir de las encuestas sobre victimización y percepción, se está perdiendo: el de la seguridad urbana y rural. El estudio de la DNP recalca que el 30 por ciento de las adolescentes y el 25 por ciento de los jóvenes procesados por delitos en 2014 presentaban dependencia de sustancias psicoactivas.

Como se ve, pese a que cuando se habla de microtráfico se tiende a pensar que es un delito de menor calado, las conclusiones del estudio “Narcomenudeo en Colombia, una transformación de la economía criminal", ponen en evidencia que se está ante una compleja estructura y modalidad mafiosa, que puede ser más atomizada y local, pero tanto o más peligrosa que los grandes carteles o grupos armados ilegales que hicieron del narcotráfico a gran escala su principal fuente de ingresos.