A 13 billones de pesos ascienden los 4.536 procesos de responsabilidad fiscal que adelanta en el país la Contraloría General, según informó el organismo de control.

Así fue revelado por la Contralora (e), Ligia Helena Borrero quien destacó que, además, el organismo de control ha proferido 1.268 fallos con responsabilidad fiscal por un total de aproximadamente 2.5 billones de pesos, en el período comprendido entre el 1º de marzo de 2010 y el 25 de marzo de 2014 que abarca la actual administración.

Otra cifra relevante, según se informó en un documento, es el total obtenido en recaudos y beneficios que se ha logrado con la labor de jurisdicción coactiva y los procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares que se han archivado por pago, por reposición del bien o por resarcimiento del daño patrimonial.

Entre septiembre de 2010 y abril de 2014 los recaudos y beneficios obtenidos suman aproximadamente 17 billones de pesos.

La Contralora General (e) presentó un detallado balance de las cifras que muestra la gestión del organismo de control a pocos meses de completar su período de 4 años la Contralora Sandra Morelli Rico.

La funcionaria intervino en el Segundo Congreso Internacional de Derecho de Seguros-Actuales Paradigmas Jurídicos, en Santa Marta, donde se refirió también al tema del aseguramiento público y el papel de las aseguradoras.

Los resultados revelados muestran un avance absolutamente superior frente a las cifras que se lograron al término de la administración anterior de la CGR: en jurisdicción coactiva, por ejemplo, la variación es del 227%. Y más destacable aún, hay un incremento del 1.192% en la cuantía en los procesos fallados con respecto al período anterior.

La cuantía de los procesos, con responsabilidad fiscal y archivados por pago general, aumentó en un 235 por ciento en la administración actual (sin incluir el caso Saludcoop).

Un logro también destacable es que, entre los procesos verbales y los ordinarios, se redujo en un 50 por ciento en promedio el tiempo que transcurre entre la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y el momento en que se produce el fallo.

De otro lado, cabe recordar que más de 170 entidades públicas que hacen parte del Presupuesto Nacional realizaron presuntas operaciones o contrataron en el período 2010- 2013, por una cuantía aproximada de 107 mil 330 millones de pesos, a unas 600 personas naturales o jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales, alertó la Contraloría.

Para la Contralora General, Sandra Morelli Rico, esta conducta es contraria a la normatividad vigente, así como los postulados jurisprudenciales sobre la materia y desdibuja además, el objetivo o misión constitucional ejercido por la Contraloría General de la República en aquellos casos de detrimento patrimonial al Estado.

“El fin precisamente de la declaratoria de responsabilidad fiscal y la consecuente inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales, es que quienes realizaron un daño al erario, no lo sigan perpetuando y resarzan los recursos públicos perdidos”, subrayó.

Morelli firmó un Control de Advertencia sobre los efectos de la Declaratoria de Responsabilidad Fiscal y la imposibilidad que tienen los declarados responsables fiscales de ser nombrados y/o celebrar cualquier tipo de contrato con la Administración Pública, dirigido a todas las Entidades Administrativas, Representantes Legales, Entes Territoriales, Revisores Fiscales, Jefes de Oficinas de Control Interno, Nominadores y Ordenadores del Gasto.

Ante la situación detectada luego de revisar las operaciones registradas por las Entidades Administrativas en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-, la CGR reiteró que las entidades públicas deben sujetarse a lo que ordena la ley, pues, se reitera, no es posible contratar ni nombrar tampoco a quienes tengan la calidad de responsables fiscales y como tal sean incluidos en el citado Boletín de Responsables Fiscales.