La agenda apenas avanza por la mitad y los temas más gruesos están pendientes o por retomar. El acuerdo de justicia y la refrendación popular son, por ahora, los grandes nudos gordianos pero cuando se llegue al punto 3 vendrán otros. El proceso terminó con una guerrilla fortalecida en lo político, un país polarizado y un Gobierno queriendo acelerar la culminación de las tratativas
1. AGENDA A MEDIAS: luego de tres años de negociaciones en La Habana, las partes han logrado avanzar sólo en la mitad del llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”. Hay preacuerdos en los puntos 1 (Desarrollo rural), 2 (participación política) y 4 (lucha antidrogas). La Mesa lleva más de un año en el punto 5 (Víctimas) sin lograr cerrarlo. Hay acuerdos puntuales paralelos referidos a comisiones históricas de la verdad, desminado, búsqueda de desaparecidos, desescalamiento del conflicto y la creación de una Jurisdición Especial de Paz, entre otros. Restan por cerrar no sólo el punto 5, sino que luego debe pasarse al 3, referido al “fin del conflicto”, que tiene los temas más complejos, y después al 6, sobre “implementación de los acuerdos”. A ello debe agregar que los preacuerdos en los puntos 1, 2 y 4 tienen temas pendientes que se pactó en su momento abordar al final, lo que implicaría, entonces, volver a retomar parte de esa discusión. No será nada fácil ya que son en total 28 “salvedades ineludibles” que están pendientes, según las Farc. A todo ello debe sumarse que la premisa clave de todo el proceso es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo que señala que, en perspectiva, los consensos ya alcanzados pueden caerse en cualquier momento si el proceso se rompe o traba irremediablemente.
2. ACUERDO DE JUSTICIA, NUDO GORDIANO DE HOY: hoy hay bloqueo en la Mesa de Negociaciones. Eso es innegable. El acuerdo de “Jurisdicción Especial de Justicia” anunciado con bombos y platillos el pasado 23 de septiembre por el presidente Santos y el máximo jefe subversivo, alias ‘Timochenko’, en La Habana, tuvo que reabrirse a discusión, cuando el Gobierno se dio cuenta que no se precisaron temas tan clave como el alcance de los mecanismos de “restricción efectiva de la libertad” para los cabecillas guerrilleros condenados por delitos graves, ni tampoco se fijó límites al ámbito de juzgamiento que tendrá el “Tribunal Especial de Paz”. Si bien la guerrilla considera cerrado ese acuerdo, lo que implica entonces que no aceptarán someterse a ningún tipo de restricción de su libertad, el Gobierno sabe que ello violaría los cánones de la justicia transicional, por más flexibles que estos sean, y generaría en la opinión pública una oposición mayoritaria. Aunque las comisiones de juristas de lado y lado llevan varias semanas reunidas para lograr un acuerdo sobre estos puntos pendientes, es claro que las Farc no quieren ceder. Ello bloqueó el proceso y obligó, incluso, al presidente Santos a proponer, el viernes pasado, un “cónclave” de los negociadores, con el fin de que no se levanten de la Mesa hasta que solucionen este y otros ‘nudos gordianos’. Sin duda, se trata de una propuesta extraordinaria para desbloquear el proceso.
3. FALTA LO MÁS GRUESO: Además del ‘nudo gordiano’ de la “Jurisdicción Especial de Paz”, no sólo falta cerrar el punto 5, sino pasar al 6 y 7, a cual más complejos, incluso más allá del 1, 2 y 4. El 3, denominado “fin del conflicto”, tiene 7 subpuntos: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas y reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, social y político. 3. Revisión de la situación de los subversivos presos. 4. Combate a organizaciones criminales, lucha anticorrupción y no impunidad a atacantes de defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 5. Revisión gubernamental a reformas y ajustes institucionales para la construcción de la paz. 6. Garantías de seguridad. 7. Desmonte del paramilitarismo. Como se ve, todos son temas gruesos que no se van a superar rápidamente en la Mesa. Y luego, si llegase a alcanzarse un acuerdo en ese difícil punto 3, deberá asumirse el 6 de la Agenda. Este es el de la “Implementación, verificación y refrendación” del “Acuerdo Final” y contempla a). Sistema de implementación, dándole especial énfasis a las regiones. b). Comisiones de seguimiento y verificación. c). Mecanismos de resolución de diferencias.
4. UN PROCESO DE MESES A AÑOS: aunque el pasado 23 de septiembre Santos y ‘Timochenko’ indicaron en La Habana que el proceso entraba en su recta definitiva e incluso fijaron el 23 de marzo como fecha máxima para la firma del “Acuerdo final”, lo cierto es que falta mucho tema grueso que discutir en la Mesa. A ello debe sumarse que si se llega a un pacto final en La Habana, este no quedará en firme sino después de someterse a un proceso de refrendación popular. Esto implicaría no menos de seis meses entre su aprobación por el Congreso y luego la organización de la cita en las urnas para que los colombianos decidan al respecto. Si la refrendación fuera positiva, el Gobierno debe empezar a aplicar las reformas reglamentarias, legales y constitucionales derivadas del acuerdo con las Farc. Esto bien podría implicar de seis meses a un año. Además. la guerrilla ha indicado que no sólo busca firmar un acuerdo de paz sino que debe asegurarse de que se cumpla lo pactado, lo que podría interpretarse como un desarme por fases. Así las cosas, la promesa presidencial inicial de un proceso de paz de “meses y no de años” no se cumplió. Hoy no se sabe cuándo cerrará la Mesa y menos cuándo sería la refrendación popular. Fácilmente podría cumplir los 4 años dada la complejidad de la agenda pendiente, la refrendación y la primera fase de implementación del acuerdo.
5. LA TREGUA, EL HECHO MÁS PALPABLE: a lo largo de los últimos tres años de negociación, los dos tramos de tregua unilateral han sido los hechos más palpables de la existencia de un proceso de paz. La primera fue decretada en diciembre pasado pero rota por las propias Farc tres meses después con el asesinato de 11 militares en el Cauca. La segunda comenzó a mediados de julio y se ha mantenido hasta ahora. Los informes del Ministerio de Defensa, la Defensoría, el Cerac y el Frente Amplio por la Paz dan cuenta de que las acciones militares ofensivas de la subversión en los últimos tres meses disminuyeron a sus mínimos históricos en décadas. De igual manera, esas mismas instancias aseguran que el cese de los bombardeos aéreos a los campamentos de las Farc se ha cumplido. Por lo tanto, sí hay una disminución real de la intensidad de la guerra producto de la decisión unilateral de las Farc de no adelantar acciones militares ofensivas y de la contraprestación del Gobierno de no bombardear. Sin embargo, esa tregua en lo militar no significa que la guerrilla haya cesado sus hostilidades contra la Fuerza Pública y la ciudadanía. Se han reportado combates terrestres entre ambos bandos, al tiempo que los frentes guerrilleros continúan con la extorsión, narcotráfico y otros delitos.
6. EL 23-M, UNA FECHA FATAL: visto todo lo que falta de la agenda, es claro que el anuncio hecho por Santos y ‘Timochenko’ el 23 de septiembre, diciendo que antes de seis meses, a más tardar, se firmaría el “acuerdo final de paz”, se ha terminado por convertir en una especie de búmeran que presiona ahora a las partes y la propia Mesa. Tras dos meses sin ponerse de acuerdo sobre los correctivos al acuerdo de “Jurisdicción Especial de Justicia” es claro que en cuatro meses difícilmente podrán superar esta honda contradicción y, paralelo a ello, cerrar el punto 5 (Víctimas), luego pasar a acordar el 3, en donde, como se dijo, no sólo está el complicado tema del cese el fuego y el desarme (la guerrilla acude a variables semánticas para evitar precisar si entregará o no las armas), sino también el de las reformas políticas e institucionales que garanticen las gabelas políticas y jurídicas a las Farc, así como grandes cambios en materia política, social y económica. Y, como si fuera poco, deben pasar a discutir los mecanismos de implementación y refrendación del acuerdo, asunto más que complicado. Y ello sin contar con los temas pendientes de los puntos 1, 2 y 4. Así las cosas, es evidente que no se podrá cumplir el plazo del 23-M y lo mejor sería que tanto Gobierno como las Farc se den la pela y admitan que se apresuraron en la fijación de esa fecha, que se convirtió en “fatal”.
7. EL PULSO POR LA REFRENDACIÓN: otro de los nudos gordianos que está sin resolverse es el referente a cuál será el mecanismo de refrendación al que se acuda para que los colombianos digan si respaldan o no el acuerdo final de paz. Mientras que el Gobierno apuesta por la polémica figura de un plebiscito reformado, al que incluso le bajó el umbral del 50 al 13% (iniciativa que ya es tramitada en el Congreso con mensaje de urgencia), las Farc insisten, de un lado, en que no reconocen esa clase de medidas unilaterales que adelanta el Ejecutivo y que la definición del mecanismo debe hacerse en la Mesa, cuando se aborde el punto 6 de la agenda. Y, de otra parte, sostienen que lo se requiere es una asamblea constituyente, opción que Santos ha descartado de manera tajante. A ello hay que sumarle que el llamado “referendo por la paz”, aprobado hace dos años para que la refrendación se hiciera mediante este mecanismo de participación ciudadana en la misma fecha de una elección ordinaria, prácticamente quedó desechado por el Gobierno que, en su momento, lo presentó y defendió en el Congreso como la herramienta para cumplir con la promesa de que serían los colombianos, con su voto, los que aprobarían o negarían todo lo que se acordara con la guerrilla.
8. RIFIRRAFE NORMATIVO POR IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS: en el primer gobierno Santos se aprobó en el Congreso el llamado “Marco Jurídico para la paz”. Se dijo, entonces, que esa norma sería la base normativa para negociar la paz con la guerrilla y luego, con base en leyes estatutarias a su amparo, implementar las leyes y reformas constitucionales para cumplir con lo pactado. Al igual que pasó con el “referendo por la paz”, ese Marco Jurídico, que se basa en la justicia transicional y fue avalado por la Corte Constitucional en sendas sentencias, terminó ahora siendo desechado por el Gobierno al considerar que era insuficiente, argumento que contradijo lo que había asegurado cuando impulsó ese proyecto años atrás. En su reemplazo, la Casa de Nariño, sus mayorías parlamentarias y otros partidos que respaldan el proceso de paz, ahora están tramitando un acto legislativo que crea una “comisión legislativa especial de paz” encargada de aprobar las leyes y reformas constitucionales derivadas de un pacto con las Farc. El mismo proyecto otorga al Presidente de la República facultades especiales para reglamentar por decreto-ley una parte de los acuerdos. Este acto legislativo ha sido criticado, de un lado, por las Farc, que lo consideran un acto unilateral del Gobierno y reiteran que los mecanismos de implementación del acuerdo debe definirlos la Mesa. Y, de otra parte, por distintos sectores de la opinión pública, con el uribismo a la cabeza, que lo consideran una “sustitución de la Constitución” y un golpe a la autonomía funcional del poder Legislativo.
9. LA PAZ COMO FACTOR DE DIVISIÓN: luego de tres años de proceso de paz es claro que el Gobierno nunca pudo lograr un acuerdo político para respaldar lo que se negocia en La Habana. Todo lo contrario, si algo ha quedado demostrado es que el Ejecutivo tomó su proceso de paz como una bandera política y electoral, en tanto que en la otra orilla se ubicaron los críticos del proceso, con el uribismo a la cabeza. Esa polarización se vio reflejada no sólo en las elecciones presidenciales de 2014, en donde el Presidente-candidato ganó pero no alcanzó a sacarle un millón de votos de diferencia al uribista, sino que ha terminado por crear un escenario de marcada y peligrosa macartización, en donde se cae en el extremo de pensar o que se está con la paz o se está con la guerra. Prueba de ello es que el mecanismo de refrendación que propone el Gobierno no será un referendo, que permite al ciudadano apoyar las reformas con las que esté de acuerdo y negar las que no considere apropiadas, sino un plebiscito reformado y sui generis, en donde los colombianos tendrán que votar en paquete, sin posibilidad de posiciones intermedias y reflexivas, limitándose a un “Sí” o “No” al pacto con las Farc. De esta forma el proceso de paz, que debería concitar el apoyo nacional, terminó siendo el principal motivo de divisionismo político hoy en el país.
10. LOS OTROS FACTORES DE VIOLENCIA SIGUEN POR FUERA: uno de los elementos que genera más escepticismo alrededor del proceso de paz entre Gobierno y Farc es que, además de las trabas y dilaciones que este atraviesa, aún si se llegara a firmar un acuerdo final en La Habana, este por sí solo no garantizaría que se alcance la paz en el país. De un lado, porque el otro grupo guerrillero, es decir el Eln, sigue por fuera de las negociaciones. Si bien ya se completan dos años de conversaciones preliminares del Gobierno con esa facción subversiva, no ha sido posible que se pacte una agenda de negociación. A ello se suma que las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico”, más conocidas como Bacrim, se han convertido en la mayor amenaza de seguridad urbana y rural en el país. Incluso, se ha detectado que tienen alianzas con las Farc y el Eln en operaciones de narcotráfico, minería ilegal y otros delitos de alto impacto. Ya no se puede hablar aquí, entonces, de un fenómeno de reciclaje paramilitar, sino de un factor de violencia más complejo, incluso contra el que ya se ha pasado de la mera acción policial a los bombardeos militares, con todo lo que ello implica.
11. OPINIÓN PÚBLICA CANSADA, PROCESO DESGASTADO: luego de tres años de proceso de paz con las Farc, es evidente que el apoyo inicial de la ciudadanía a las tratativas ha ido disminuyendo paulatinamente. Y no porque los colombianos sean partidarios de la guerra, como peyorativamente se quiere descalificar a los críticos, sino por otras dos razones más realistas y objetivas. De un lado, porque a medida que en La Habana se ha entrado en los temas candentes del alcance de los beneficios políticos y jurídicos a los guerrilleros, la opinión pública ha mostrado sus reservas a dar excesivas gabelas a los subversivos. En otras palabras, apoyan la búsqueda de la paz pero no así una amplia dosis de impunidad penal a las Farc, como tampoco el hecho de que puedan entrar a cargos públicos sin pasar por las urnas. También es evidente que hay una cada vez más alta porción de los colombianos que consideran que la guerrilla, débil en lo militar, ganó, por cuenta del proceso en La Habana, un escenario político y de legitimidad que ahora utilizan para reiterar una actitud soberbia, en la que no reconocen por completo sus delitos y culpas, acudiendo para ello a querer generalizar en toda la sociedad las causas de la guerra y mostrar así a la subversión como víctima más que victimaria. Esa prevención ciudadana es muy complicada a la hora de la refrendación popular de los acuerdos y explicaría, de paso, por qué el Gobierno decidió desechar el “referendo por la paz” y acudir a un plebiscito reformado en que el umbral de participación se pasó, en un esguince constitucional muy arriesgado, de 17 millones a 4,4 millones.
12. EL LIMBO DE LOS MILITARES Y POLICÍAS: al cumplirse, como lo decía el jefe negociador gubernamental, 1.095 días de tratativas, otro de los grandes temas que siguen causando controversia es el relativo a qué pasará con las Fuerzas Militares y de Policía. Desde un principio el Gobierno insistió en que la estructura, presupuesto y función de la Fuerza Pública no sería negociada en La Habana. Incluso el propio presidente Santos reiteró que se buscaría algún mecanismo para dar un beneficio jurídico a los uniformados condenados por delitos relacionados con el conflicto, pero que ello no se pactaría con la guerrilla, sino lo haría de manera unilateral el Estado. Sin embargo, la prevención castrense y policial frente al proceso se disparó cuando se conoció que, según la guerrilla, el “Tribunal Especial de Paz” pactado con el Gobierno podría juzgar a los militares y policías. Las Farc también han insistido en que debe revisarse el presupuesto que se destina a la guerra, lo que toca obviamente a las FF.MM. Por igual, no son pocos los rumores que han surgido en torno a la incomodidad de los generales (r) Mora y Naranjo con la discusión de algunos temas que podrían afectar directa o indirectamente a la Fuerza Pública. El uribismo, a su turno, se ha quejado de que no era conveniente enviar a Cuba a cinco generales y un almirante activos, para que discutan lo relativo a los mecanismos de cese el fuego y de hostilidades, así como el desarme.